La Universidad Nacional (UNA) dio un paso atrás con la remodelación de la plaza de la Diversidad y la Casa Estudiantil, cuya inversión rondaba los $14,5 millones (¢8.700 millones), y que generó amplias críticas por parte de diputados y el propio presidente de la República.
Alberto Salom, rector de la Universidad, confirmó que la Proveeduría institucional revocó la adjudicación, a partir de la cual, –manifestó– corresponde volver a discutir el proyecto con el Consejo Universitario, los decanos y la comunidad estudiantil en general.
“No es que no se haya discutido antes. Ya empezó esa discusión, vamos a parar bien las antenas de lo que se nos ha estado diciendo, para que no solo hagamos un proyecto bueno y justificado, como este, que sigo pensando que es un buenísimo y que es una lástima, sino un proyecto que no suscite esa encrispación, vamos a buscar consensos”, comentó el rector, quien este lunes a las 6 p. m. volvería al Congreso para responder dudas a los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación.
Salom añadió que deben buscar un nuevo rumbo al dinero que tenían dispuesto para la obra.
“Es un proyecto académico lo que tenemos que hacer. Debemos coger esa plata e invertirla, porque sino la invertimos entonces yo acumulo un superávit, si no me dan por un lado, me dan por el otro; si la invierto que estoy gastando plata en tiempos de crisis, y si no, que me estoy dejando la plata sin invertirla y que me sobra, pero no me sobra nada”, aseguró el rector.
Comentó que no tienen una fecha prevista para tener lista la alternativa en la que invertirían los recursos, pero comentó que el miércoles espera establecer un espacio de diálogo sobre este tema con el Consejo Universitario y que sea en un plazo de dos meses, probablemente, que se defina el futuro de los fondos.
‘Oportunidad’
De acuerdo con la resolución de la Proveeduría, la decisión se dio por motivo de oportunidad y no de legalidad.
Según ellos, tal oportunidad surge porque los planos finales de la obra no cuentan con la aprobación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Asimismo, hay algunas observaciones que realizó el Cuerpo de Bomberos, las cuales deben ser atendidas y valoradas para poder continuar con el trámite de aprobación de visados por parte del Colegio.
“Por ende no resulta oportuno continuar con la adjudicación hasta no haber valorado y tener certeza de las implicaciones que dichas observaciones tendrán sobre el contrato definitivo que se llegue a adjudicar”, indica el documento.
Ante tales circunstancias, la Comisión de Adjudicaciones acordó devolver el trámite a la etapa de análisis de ofertas e instruyó al Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Institucional de la UNA (Prodemi), para que en un plazo no mayor a 22 días naturales concluya el proceso de tramitación de los visados de los planos, así como la valoración de las eventuales modificaciones que se puedan generar.
También se instruyó a la Proveeduría Institucional y la Comisión, para que en un plazo de ocho días naturales, posterior al criterio técnico que emita Prodemi, valore el análisis realizado y disponga sobre la nueva resolución.
Inicio de polémica
El 9 de octubre anterior, en el diario oficial La Gaceta, se informó sobre la adjudicación de dicho proyecto a la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes S. A. Desde entonces, el rector de la UNA ha estado expuesto a cuestionamientos por la inversión de los fondos en un momento de contingencia económica.
A pesar de eso, Salom ha defendido reiteradamente la inversión, alegando que las obras responden a un complejo cultural que ayudará en la formación de los estudiantes de arte, especialmente, y que se hizo de manera planificada por al menos tres años.
Sin embargo, los diputados critican la manera en que la casa de enseñanza define sus prioridades.
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Incluso el presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió al respecto alegando que: “En el contexto fiscal actual no me parece oportuno el avanzar con una obra de ese tipo. Lo segundo es que está fuera del empeño directo del Poder Ejecutivo algo que cae sobre la autonomía universitaria en este caso."
La Ley de Administración Pública da un plazo de 10 días hábiles para revocar las licitaciones. El viernes anterior Salom dijo que la construcción estaba en duda, a falta de un permiso de construcción que debía darle el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a la Universidad para que pudiera iniciar la obra.
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Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien además preside la Comisión en la que comparecerá nuevamente Salom, confirmó también la información y dijo que en la sesión de este lunes hará un anuncio respecto al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).