La Universidad de Costa Rica (UCR) reclama tener “autonomía especial’ y ' autonomía económica' para manejar su millonario superávit.
Su alegato fue planteado en un escrito que el rector de esa casa de enseñanza Henning Jensen, envió a la Contraloría General de la República (CGR) en agosto, luego de conocer la resolución de ese órgano en la que aprobaba su segundo presupuesto extraordinario de este año, pero con algunas instrucciones.
En el documento quedó evidenciada la molestia del jerarca por lo que califica de “imposición” de la Contraloría sobre la administración de sus recursos, que considera son parte del “patrimonio universitario” y de “exclusiva administración” de la UCR.
Específicamente, las divergencias surgieron porque la Universidad pretendía utilizar el superávit (exceso de ingresos sobre los gastos realizados) en cierto de tipo de gastos, que según la Contraloría no estarían permitidos.
“No compete a las leyes ni a las directrices regular las funciones, ni el gobierno, ni la organización, ni la contratación, ni el patrimonio, ni la financiación de las Universidades públicas porque todo esto es competencia propia –exclusiva y excluyente– de estas instituciones otorgada directamente por la Constitución Política”, alegó Jensen en el oficio enviado en agosto.
La Universidad solicitó recursos que tenía bajo la clasificación de superávit específico y la Contraloría le indicó que se trataba de superávit libre. ¿Cuál es la diferencia? El específico debe destinarse a un fin establecido en una ley especial, convenio interinstitucional o contrato de préstamo, mientras que el superávit libre no tiene un compromiso específico pero tiene la gran limitación de que no se puede usar para gastos corrientes, como salarios y pago de servicios.
El rector argumentó una serie de normas internas y acuerdos del Consejo Universitario que respaldan su manejo del superávit.
No obstante, en el oficio 13.405, del 21 de setiembre la Contraloría le indicó a Jensen que la resolución estaba firme y no podía reconsiderarse.
Manuel Corrales, gerente del Área de Servicios Sociales del órgano contralor, explicó que hay dos materias que no tienen vía recursiva o apelación: las relacionadas con refrendos de contratos y en asuntos presupuestarios.
“Lo que significa que una vez emitida una resolución de la Contraloría en materia presupuestaria, esta queda firme en el momento en que se emite”, comentó Corrales.
Los montos
En lo solicitado por la Universidad se incluían ¢35.208 millones de superávit libre y específico, pero la Contraloría solicitó que de ese monto ¢33.053 millones fueran reclasificados como superávit libre, es decir, que no se usaran para gastos corrientes.
Esa decisión generó la molestia del rector quien respondió, el 13 de agosto, con un oficio de 17 páginas en las cuales alegó -entre otras cosas- que el superávit es parte del patrimonio de la institución, de la hacienda universitaria, y por tanto, de administración exclusiva de la UCR.
Bajo este y otros argumentos, Jensen le solicitó a la Contraloría dejar sin efecto lo solicitado, petición que finalmente fue rechazado.
“Solo y únicamente la Universidad de Costa Rica puede establecer la organización y el gobierno que le corresponden. Ningún ente u órgano ajeno –los poderes de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General, la Procuraduría General, las municipalidades, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, etc, etc– pueden interferir en manera alguna en el gobierno, en la organización, en la gestión, en el patrimonio, en las funciones de la Universidad de Costa Rica”, expresó el rector.
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Ante la negativa de la Contraloría de acceder a la petición, finalmente en el oficio R 6712-2018 del 27 de setiembre, el rector comunicó que: “se harán las modificaciones correspondientes en la clasificación de los superávit, impuestas por ese ente contralor, aunque no estamos de acuerdo con ello”.
También hubo molestia de las autoridades universitarias porque no les aprobaron en el presupuesto extraordinario ¢1.992 millones, los cuales estaban incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al superávit definido por la universidad como específico.
La Contraloría fundamentó la improbación en el hecho de que los recursos fueron clasificados y aplicados a proyectos y actividades específicas, sin que existira una norma legal, convenio o contrato de préstamo, que facultara a la Universidad para definir el destino específico de los recursos.
Esa improbación se usaría para Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (¢11 millones), Sistema de Becas para terceras personas(¢395,5 millones), previsión UCR-CCSS-PAIS (¢1.343 millones) y fondo de préstamo para becas a funcionarios (¢242,7 millones).
Ante los argumentos del rector, la Contraloria argumenta que si bien la Constitución Política da autonomía especial a las universidades públicas, la Sala Constitucional en su resolución 1313-1993, aclaró que: “(...) esa independencia funcional debe entenderse limitada a las finalidades para las cuales fue creada la institución, en el sentido de que se refieren a aquellas potestades necesarias para que la Universidad cumpla con los fines para las que fue creada, pero de forma alguna implica una abstracción total de los mandatos legales y de las potestades de regulación de la Asamblea Legislativa en aquellos ámbitos que no tienen incidencia directa con respecto a los fines perseguidos por esa institución de enseñanza superior, ni la falta de sometimiento al ordenamiento jurídico costarricense en aquellas materias que no afectan esa autonomía."
También, indica que esa independencia no las exime del cumplimiento de la ley, y en este caso particular de ajustarse a los principios presupuestarios desarrollados en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFPP 8131).
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Presupuestos extraordinarios
En lo que va del año la Contraloría ha aprobado dos presupuestos extraordinarios a la Universidad de Costa Rica. El primero, por un monto de ¢2 257 millones que provenían de ingresos corrientes, por una transferencia del Gobierno Central ligada al Fondos Especial para la Educación Superior (FEES).
El segundo presupuesto extraordinario fue por los ¢50.151 millones provenientes de distintas fuentes de financiamiento:
a) Ingresos corrientes por ¢16.178 millones, compuestos básicamente de una transferencia del Gobierno Central por un ¢16.139 millones de los cuales más de ¢15.000 millones corresponden al crédito con el Banco Mundial, por el Plan de mejoramiento institucional y ¢728 millones a recursos ligados al FEES.
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b) Ingresos de capital por ¢757 millones, trasladados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el funcionamiento de Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos estructurales (Lanamme) y venta de un terreno.
c) Superávit libre y específico por ¢35.208 millones.
La UCR gestionó el martes ante la Contraloría el tercer presupuesto extraordinario de ¢5.740 millones, que están pendientes de aprobación. Cada presupuesto extraordinario es de recursos o ingresos nuevos.
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Esta información trasciende semanas después de que los diputados aprobaran crear una comisión para investigar el uso que hacen las universidades de los fondos públicos que gira cada año el gobierno bajo el concepto del FEES, con el objetivo de financiar sus actividades.
Lo mencionado se aprobó luego de que trascendiera que la Universidad Nacional (UNA), pretendía destinar cerca de ¢8.700 millones en la remodelación de la plaza de la Diversidad y construcción de la Casa Estudiantil, proyecto que finalmente dio marcha atrás.
También trascendió que la UCR gastó ¢5.470 millones en la construcción de la plaza de la Autonomía con un aula magna y butacas de lujo.
Para 2019, las cuatro universidades públicas que se nutren del FEES se distribuirán ¢511.154 millones. Aparte de la UCR y la UNA, reciben fondos el Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).