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La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) convocó a la comunidad universitaria a “una caminata pacífica", este jueves a las 9 a.m., “en defensa de la educación pública.”
La misma saldrá del pretil en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la plaza de la Democracia, en San José.
Debido a la marcha denominada “Caminemos por la Defensa de la Educación Pública ”, ese día se suspenderán todas las actividades académicas, incluyendo evaluaciones, desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m., indica la publicación de la Rectoría en la página de Facebook.
Este llamado lo hace horas después de que el rector, Henning Jensen, asegurara que el recorte de ¢10.000 millones aprobado por los diputados el 17 de octubre es “un ataque a la autonomía universitaria."
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La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa envió el Presupuesto Nacional del 2019 al plenario, con rebajas por casi ¢15.000 millones, luego del trámite de varias mociones. Las reducciones específicas se dieron en las partidas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Dirección de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras.
Para el rector, esta medida fue “adoptada al calor de una situación de crisis en las finanzas públicas".
Según él, "permite a ciertos grupos de poder encontrar la oportunidad idónea para legitimar –y posicionar– caudal político congraciando una serie de medidas que, de entrada, parecen acordes con la situación del país y el marco jurídico existente. Aunque, no siempre desde lo social, se logra advertir con claridad que, al adoptarse este tipo de medidas, sin mayor análisis, se puede caer en el gravísimo error de socavar –e irrespetar– el Estado de Derecho costarricense.”
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Jensen indica que el recorte incidiría negativamente en el quehacer ordinario, fines y metas de la planificación universitaria.
“(...) un tema preocupante es el evidente ataque que se realiza, decíamos, contra el Estado de Derecho por parte de un órgano político de poder, en franca violación de la Constitución Política y, por efecto, de la autonomía universitaria. Es en este punto donde quiero -por ahora- detenerme y hacer algunas observaciones relacionadas con el artículo 85 de la Carta Magna.”
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Según el rector, la Constitución Política estipula que “las rentas del FEES no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean simultáneamente otras rentas mejores que las sustituyan.”
Los representantes del Gobierno y los rectores de las universidades estatales acordaron que el presupuesto del FEES para el año 2019 sería de ₡511.154 millones y, para la Universidad Técnica Nacional (UTN), un monto de ₡34.868 millones. Estos montos tienen como base el presupuesto asignado en el 2018 que fue de ₡496.279 millones.
“Podría argumentarse –erróneamente– que el recorte aplicado mantiene un crecimiento del FEES de ¢5.000 millones con respecto a 2018, lo cual corresponde a 1%. Este monto, sin embargo, es inferior a la tasa de inflación, la cual, medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor, fue de 2,2% en setiembre de 2018. Con ello queda clara la violentación del precepto constitucional ya citado y la disminución del FEES en términos reales", añadió Jensen.
Esta situación se da en medio de amplios cuestionamientos sobre las prioridades de la universidades en el uso del presupuesto, que proviene de fondos públicos.
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Hace unas semanas trascendió que la Universidad Nacional (UNA), pretendía remodelar la plaza de la Diversidad y la construcción de la Casa Estudiantil, cuya inversión ascendía a $14,5 millones (cerca de ¢8.700 millones).
Entretanto, la UCR gastó ¢5.470 millones en la construcción de una aula magna con butacas de lujo.
