Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa enviaron el Presupuesto Nacional del 2019, al plenario del Congreso, con rebajas por casi ¢15.000 millones, luego del trámite de varias mociones del proyecto de ley.
El expediente 20.964 fue dictaminado afirmativamente por los 11 miembros del foro hacendario, pese a que los legisladores oficialistas no estuvieron de acuerdo con la reducción de varias partidas, en particular la universitaria.
Ahora, ese proyecto de ley empezará su discusión en el seno del plenario legislativo, tal como lo ordena la ley, a partir del 1.º de noviembre, y durante casi un mes. El Presupuesto deberá estar aprobado, definitivamente, antes del 30 de noviembre.
Para eso, los legisladores siguen las pautas fijadas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa, que fija que el primer debate se dé, a más tardar, el 27 de ese mes y el segundo debate, a más tardar el 29.
Las reducciones específicas se dieron en las partidas para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Dirección de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otras.
Aunque las rebajas totales ascienden a ¢14.890 millones, no disminuyen el monto total del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019, porque esas partidas se mantuvieron, con el objetivo de pagar deuda.
Específicamente, las rebajas en las partidas fueron:
-¢10.000 millones al FEES, por moción de Jonathan Prendas
-¢2.000 millones de la partida de control migratorio y atención a personas en condición de vulnerabilidad y para documentación de migrantes, por moción de Gustavo Viales
-¢1.500 millones del programa para el control del trabajo y sus efectos nocivos en la salud, por moción de Gustavo Viales
-¢1.390 millones de los partidas para compra de carros en varios departamentos del Poder Judicial, por moción de David Gourzong
-¢8,7 millones de la partida para servicios de monitoreo de medios para la Presidencia de la República, por moción de Gustavo Viales
Luego de la votación del Presupuesto 2019 en Hacendarios, la presidenta de ese foro, la liberacionista Silvia Hernández destacó que, aunque varias mociones aprobadas implicaron recortes a varias instituciones, el objetivo es que no haya erogación de parte del Estado para cubrir gastos “porque hay incapacidad material, estrechez macroeconómica”.
“Eso denota una conciencia muy clara del sentir colectivo que se vive como país, hay una situación macro muy compleja”, comentó la liberacionista.
El monto total del plan de gastos gubernamental asciende a ¢10,9 billones pues, aunque Hacienda logró que los gastos generales de las instituciones solo crecieran un 1% con respecto al 2018, el pago de la deuda sí crece un 17% en relación con el presupuesto en ejecución.
Si se excluyen el pago de la deuda y las pensiones, el decrecimiento del Presupuesto es de un 0,8%.
En el Presupuesto 2019 que ahora pasará a debate del plenario del Congreso se incluyen los gastos de la Presidencia de la República, 18 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.
El dinero requerido para pagar los intereses y las amortizaciones de los bonos de deuda soberana crecerá en un 50%, al pasar de casi ¢3 billones a ¢4,55 billones.
Aunque Laura Guido, del PAC, dijo que originalmente ella tenía que preparar un informe unánime afirmativo para presentarlo con las firmas de los 11 legisladores, informó de que el día que se cumplía el plazo para preparar el documento, a las 7 p. m., la presidenta de Hacendarios, Silvia Hernández, le informó de que Liberación había preparado un informe aparte.
“Al otro día, en la recolección de firmas, la mayoría prefirió firmar el otro informe (el del PLN). (...) Yo, como coordinadora de la subcomisión, tenía un plazo que cumplir y así lo hice. Ofrecimos un informe balanceado con la posibilidad de que cada diputado ampliara en los temas que considerara necesario a través de notas salvadas. En ningún momento de la redacción se conoció de objeción alguna, al contrario, la mayoría de despachos hicieron sus aportes y sugirieron cambios que fueron incorporados”, comentó Guido.
Al final, ella, Welmer Ramos, también del PAC, y María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), firmaron un dictamen sobre el presupuesto y los ocho legisladores restantes (de Restauración, Liberación, Unidad y Republicano) firmaron un dictamen afirmativo de mayoría.
La intención original era que, aunque el informe sobre el Presupuesto 2019 fuera uno solo, llevara notas aparte de los que habían tenido objeciones contra los recortes, por ejemplo.