Juan Diego Córdoba. 1 abril
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, pidió a los diputados legislar para que planes de desarrollo universitario estén relacionados con los objetivos marcados por el Gobierno. Fotografía: José Cordero
La ministra de Planificación, Pilar Garrido, pidió a los diputados legislar para que planes de desarrollo universitario estén relacionados con los objetivos marcados por el Gobierno. Fotografía: José Cordero

La ministra de Planificación, Pilar Garrido, fue contundente ante los diputados al cuestionar el perfil de los egresados de las universidades estatales pues no se ajusta a las necesidades futuras del país.

“Se necesita hacer un mayor esfuerzo para garantizar la formación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Hay una expansión universitaria positiva, pero los énfasis en los que se están graduando los estudiantes, no necesariamente son los énfasis que nuestra economía y sociedad necesitan”.

Ella compareció la noche de este lunes ante la comisión legislativa que investiga el uso que las universidades públicas le dan al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que llega a los ¢500.000 millones.

“La preocupación es constante, el país está cambiando en un nivel vertiginoso y debemos garantizar que podemos hacer frente a muchas cosas... a hacer frente al envejecimiento en el 2050, a hacer frente a la cuarta revolución industrial, a hacer frente al cierre de brechas territoriales. Aquí es importante poder generar este espíritu de renovación y de formación de carreras que nos hagan llegar a ahí”, dijo la ministra.

También pidió a los diputados legislar para incorporar a las universidades estatales a las estrategias del país, debido a que actualmente se acogen a su autonomía para desarrollar su plan académico sin tomar en cuenta las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, que cada Gobierno presenta meses después de asumir el poder.

“Sería valioso que las universidades formen parte del sistema nacional de planificación. Sabemos que hay un tema de autonomía" que actualmente se convierte en una traba para que las universidades se acoplen. Sin embargo, Garrido justificó que hay entidades, como la Caja Costarricense de Seguro Social, que tienen su autonomía y aún así, "de alguna manera, está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, tiene metas y comparte información de inversión pública”.

En las negociaciones del FEES, el Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), establecen una mesa de cooperación para que las universidades públicas también aporten para conseguir las metas planteadas por el Ejecutivo. Sin embargo, según Garrido, en algunas ocasiones las acciones universitarias son insuficientes o se quedan cortas.

En ese sentido, reiteró la necesidad de regionalizar las universidades, para garantizar mayor acceso a la educación superior en todo el país.

El FEES lo reciben la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). La Universidad Técnica Nacional, por su parte, recibe una transferencia.

La comisión especial la integran nueve diputados de las diferentes fracciones, quienes estudian, analizan y, eventualmente, propondrán proyectos de ley o reformas con relación a la administración del FEES.

Tienen que cumplir

Ante las preguntas de los legisladores Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pablo Abarca, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la jerarca de Mideplán reiteró que las universidades públicas deben aplicar los alcances de la reforma fiscal.

Además, advirtió que la reforma al empleo público también pretende cambiar las condiciones salariales de los nuevos funcionarios de esas instituciones.

“En el nuevo proyecto de empleo público el alcance se mantiene. Consideramos que los nuevos funcionarios que se incorporen al sector público, sean universidades o cualquier otra entidad, deben tener nuevas condiciones de empleo público y al mismo tiempo que haya el reconocimiento de alguna especificidad porque es verdad que algunas labores son muy particulares, no es lo mismo un médico, un docente universitario o un investigador”, aseguró Garrido.

Eso sí, aceptó que los trabajadores actuales tienen derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que el Estado debe respetar, por lo que este proyecto vendría a cambiar las condiciones a los futuros trabajadores.