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El Ministerio de Educación Pública (MEP) también pidió información personal a estudiantes de primaria y secundaria en los cuestionarios del plan piloto de las pruebas Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), que se realizó en noviembre de 2019.
Así lo evidenciaron documentos expuestos en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público por el diputado Carlos Ricardo Benavides, en la sesión de este jueves 6 de enero. Ese foro legislativo investiga cómo se elaboraron y ejecutaron los polémicos cuestionarios de los llamados Factores Asociados, que el MEP utilizó el año pasado, los cuales incluían decenas de preguntas sobre información familiar y socioeconómica.
El escándalo provocado por este asunto obligó a la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, a dejar su cargo en noviembre pasado. También renunciaron Melania Brenes, viceministra académica, y Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP.
De acuerdo con la prueba piloto de 2019 presentada por Benavides, los cuestionarios que exigían información sensible fueron aplicados a más de 5.500 menores de edad en 136 centros educativos. En esa ocasión, el MEP le consultó a los niños sobre la escolaridad de sus padres o encargados, la cantidad de personas con las que vivían, si residían en una vivienda propia o alquilada, los materiales de construcción de su casa y el nivel de acompañamiento de los padres durante el proceso educativo.
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“Los derechos de 5.500 estudiantes fueron seriamente violentados desde el 2019 y durante dos años parece que nadie en el MEP se percató de ello; en el 2021 volvieron a realizar una parte de las preguntas groseras e inconstitucionales. Solo porque se las hicieron a todos los estudiantes se armó el escándalo. Es inaudito que en dos años nadie en el MEP haya realizado una mínima revisión de orden legal o social sobre las preguntas del pilotaje”, cuestionó Benavides.
Ante el reclamo, María Alexandra Ulate, actual viceministra académica, afirmó que desconocía los formularios de factores asociados de las pruebas FARO del plan piloto del 2019.
Sin embargo, para el legislador liberacionista, la funcionaria no puede alegar desconocimiento con respecto a las pruebas FARO ni puede evadir su cuota de responsabilidad, al considerar que ella formó parte del equipo de profesionales que preparó y presentó la propuesta de evaluaciones ante el Consejo Superior de Educación.
El verdiblanco Luis Fernando Chacón y la independiente Shirley Díaz también le reclamaron a Ulate por aparentes omisiones en el ejercicio de sus funciones y la ejecución de las polémicas interrogantes.
“Diay... ¿Usted qué estaba haciendo? Si usted tenía que asesorar, investigar, evaluar, divulgar, planificar (...) ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Cómo va a venir usted aquí a alegar, con toda la frescura del mundo, que nunca vio las pruebas porque no era su responsabilidad”, reprochó Díaz.
La viceministra reiteró que no conocía los cuestionarios de factores asociados realizados durante el plan piloto porque en esa etapa no se realizaron informes de su aplicación.
“No estábamos jugando, el trabajo ha sido muy fuerte, señores diputados. No es justo para el sistema, ni para las personas docentes del país decir que estábamos perdiendo el tiempo, hemos dado la milla extra”, manifestó Ulate en medio de lágrimas durante la sesión de la Comisión.
