Giselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública hasta este domingo 14 de noviembre, conocía desde 2019 que se aplicarían cuestionarios a los estudiantes para obtener información de su contexto familiar, social y económico en las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO). Así consta en las actas del Consejo Superior de Educación (CSE) de enero y febrero de ese año, meses en los que se discutió y aprobó el modelo de evaluaciones que sustituyó al Bachillerato.
Para esa época, Cruz era la viceministra Académica y tuvo la responsabilidad de diseñar y presentar a los miembros del CSE –órgano constitucional a cargo de definir las políticas educativas– las pruebas FARO y desde el planteamiento inicial estuvieron presentes los cuestionarios de factores de contexto o factores asociados. Una prueba de esa situación está la página web del Ministerio de Educación Pública, en una infografía se indica que esa herramienta tiene el objetivo de conocer “las situaciones personales, familiares y escolares de cada estudiante durante su aprendizaje”.
Cruz habló de los factores de contexto directamente en la sesión 06-2019 del 31 de enero de 2019 frente a los integrantes del CSE, en esa sesión estuvieron presentes Edgar Mora Altamirano, ministro de Educación Pública en ese entonces, los exministros de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo y Manuel Bolaños Salas y varios representantes de organizaciones de educadores y la Universidad de Costa Rica. Las pruebas FARO fueron aprobadas por el Consejo en febrero de ese mismo año y las modificaciones, incluidas los factores de contexto, fueron incorporadas al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes.
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Además de lo expuesto en las actas, el documento oficial que resume la propuesta de FARO se refiere a los factores asociados como “cuestionarios complementarios que recogen información sobre las características sociales de los alumnos”.
Los cuestionarios de factores de contexto son un dolor de cabeza para el MEP y el Gobierno desde el viernes anterior, pues sometieron a miles de estudiantes de quinto grado de escuela a cientos de preguntas relacionadas con las pertenencias que poseen en su hogar, el estado actual de su vivienda, el tipo de materiales con que se levantó su casa o si tienen patio, jardín o solar. También consultaron qué tipo de dispositivos tecnológicos tienen, si trabajan además de estudiar y si poseen moto, agua caliente, cocina eléctrica o de gas.
Para responder las preguntas, algunos menores requirieron hasta cinco horas, en las cuales permanecieron sentados, con mascarilla y sin espacio para tomar, al menos, una merienda. Cientos de padres de familia mostraron, en redes sociales, indignación al respecto.
La Nación solicitó este domingo, en horas de la tarde, a la encargada de prensa del MEP una entrevista con Cruz para hablar sobre este tema e indicó que buscaría un espacio en la agenda. También se le enviaron mensajes a la jerarca de Educación Pública a su teléfono celular, pero no respondió. Este mismo domingo, Casa Presidencial dio a conocer la renuncia de la ministra y la viceministra Académica, Melania Brenes.
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Protagonista
Según las actas del CSE de enero y febrero de 2019, Cruz tuvo un rol protagónico en la conceptualización, diseño y construcción de las pruebas FARO. Su primera exposición sobre este tema ocurrió el martes 29 de enero de 2019, en la sesión 05-2019.
“Buenas tardes a todos y a todas, un gusto estar con ustedes compartiendo una propuesta que hemos denominado propuesta Pruebas Nacionales por parte del equipo del Viceministerio Académico (...) Esta propuesta empieza a conformarse desde la primera semana de iniciada la Administración, un poco centrada en la discusión que se da en los diferentes espacios del tema de bachillerato, así como en una solicitud que también nos hizo el señor ministro en el sentido de que pudiéramos ir perfilando una propuesta que reúna las necesidades tanto de la población estudiantil como la necesidad del sistema educativo”, dijo Cruz en esa oportunidad.
De acuerdo con las actas, la exjerarca participó en nueve sesiones en las que se discutieron, junto a los miembros del CSE, la propuesta de FARO, modificaciones a los reglamentos de evaluación, formas de implementación y transitorios. Además de Pablo Mena, exdirector de Gestión y Evaluación de la Calidad, en el proceso de diseño de las pruebas FARO participó Melania Brenes, quien en ese momento dirigía el Instituto de Desarrollo Profesional y María Alexandra Ulate, directora de Desarrollo Curricular.
“Está propuesta es ambiciosa, atiende varios elementos importantes, entre ellos está el que arroja información para el sistema educativo”, comentó Cruz aquel 29 de enero.
A pesar de la importancia de FARO, este domingo, en una entrevista con este diario, la exviceministra Académica, reconoció que ni ella, ni la exministra, ni los integrantes del Consejo, ni abogados de la entidad revisaron el formulario de cientos de preguntas aplicado el pasado viernes.
Un agravante es que la Dirección de Recursos Humanos nombró a Ariana Montero, quien era abogada de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, en una nueva plaza en Asuntos Disciplinarios desde hace más de un año. Es decir, el área responsable de revisar la legalidad de los formularios de preguntas carecía de un profesional en Derecho.
De los miembros del CSE que aprobaron FARO, siguen presentes en ese órgano Leonardo Garnier Rímolo, Manuel Bolaños Salas, Carlos Eduardo Torres, representante propietario de educación secundaria, Daniel Vargas Rodríguez, representante suplente de educación secundaria, Gilda Montero Sánchez, representante propietaria de las organizaciones de educadores y Georgina Jara Lemaire, representante suplente de las organizaciones de educadores.