Educación

Juntas de Educación tienen ¢62.000 millones sin uso desperdigados en miles de cuentas bancarias

Contraloría considera que existencia de más de 10.000 cuentas bancarias revelan gestión riesgosa; una sola Junta tiene 57 cuentas. Aparte, tienen ¢108.000 millones en Caja Única del Estado

Desperdigados en miles de cuentas bancarias propias, hay ¢62.000 millones que fueron transferidos a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas para obras de infraestructura y otros pagos que no se han utilizado.

Aparte, estas organizaciones vinculadas a escuelas y colegios del país tienen ¢108.000 millones en la Caja Única del Estado, que es un concepto propio de la Hacienda Pública que se utiliza para referirse a la concentración de recursos líquidos públicos en una sola cuenta de banco.

En el país operan 4.554 Juntas de Educación que administran escuelas y colegios. De ellas, 1.500 tienen cuentas en Caja Única del Estado. No obstante, cada una también tiene la posibilidad de abrir otras cuentas en la banca comercial, sea en colones o dólares.

De esa forma, una misma junta puede tener una cuenta abierta en Caja Única y otras en la banca comercial. El problema es que la situación pareciera fuera de control, como se desprende de un informe emitido por la Contraloría General de la República, el 9 de diciembre.

Ese estudio calificó a las Juntas como “una especie de caja negra”, cuya gestión es “riesgosa” para la Hacienda Pública por la ausencia de información sistematizada y los “débiles” mecanismos de control en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción.

“De acuerdo con información suministrada por los bancos comerciales, la CGR identificó que al mes de junio de 2019 había 10.634 cuentas comerciales a nombre de Juntas, de las cuales 989 tenían estado ‘cerrada o inactiva’”, indicó el informe.

La gran mayoría de las Juntas (3.451) tiene dos cuentas en la banca comercial a su nombre, sin embargo, se identificaron 42 que tienen más de cinco; y una sola junta tenía 57 cuentas bancarias.

“Destaca otro caso de una Junta con 20 cuentas, de las cuales 18 tenían un saldo inferior a los ¢50.000. De lo anterior se desprende que no hay límites establecidos a la cantidad de cuentas que puede suscribir una junta”, fustigó la CGR.

Mucho dinero

De las 1.500 Juntas con cuenta en Caja Única solo cerca de 800 pueden hacer los pagos directamente desde esa cuenta. El resto, abren cuentas en bancos comerciales para hacer los pagos respectivos.

“Las cuentas comerciales les apoyan para hacer los pagos. A las juntas les llega el dinero a Caja Única del Estado, pero hay que habilitarle la web banking (para que puedan hacer los pagos desde allí, solo cerca de 800 lo tienen habilitado), que es una caja fuerte donde les llega parte de los recursos. Hay cuentas comerciales que las usan solo para hacer los pagos del dinero que se deposita en Caja Única”, justificó Paula Villalta, viceministra de Planificación del MEP.

La funcionaria dijo que se trabaja en incluir más juntas en la Caja Única y en habilitar a más organizaciones al sistema de web banking.

Bajo ese esquema, a junio del 2019, la CGR determinó que las Juntas tenían alrededor de ¢109.000 millones en esas cuentas fuera de los otros miles de millones que para ese entonces tenían en Caja Única, según consultas que hicieron, uno por uno, a los bancos comerciales .

Ante una consulta de La Nación para conocer el dato más actualizado, Villalta informó de que al 30 de setiembre del 2020, el dinero en cuentas fuera de Caja Única asciende a ¢61.910 millones, de acuerdo con reportes de las propias Juntas.

Adicionalmente, en Caja Única del Estado, al 22 de diciembre de este año, tenían ¢108.601 millones depositados.

Con base en esos números, se puede afirmar que las Juntas de Educación tienen ¢170.511 millones en cuentas de bancos comerciales y en las de Caja Única del Estado.

Según la funcionaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), los fondos que hay en las cuentas que las Juntas tienen en Caja Única son de transferencias realizadas por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) para proyectos de construcción y mantenimiento de centros educativos.

Muchos de estos fondos llevan años depositados debido a la incapacidad de esa dependecia del Ministerio para ejecutarlos.

Para que las Juntas utilicen ese dinero, deben tener autorización de la DIE. Ese departamento actualmente se encuentra en finalización de una reestructuración que busca subsanar esas deficiencias que han arrastrado por años y hacerlo más ágil para la ejecución de esos fondos.

Adicionalmente, Villalta explicó que en las cuentas de bancos comerciales hay dinero también de infraestructura y recursos para el pago de servicios públicos de los centros educativos, para alimentación, transporte estudiantil, entre otros.

Las Juntas reciben recursos de diferentes fuentes. Solo del Presupuesto de la República, en 2019 percibieron transferencias por ¢289.530 millones, monto que representó el 0,8% del producto interno bruto (PIB) de ese año.

Para setiembre del 2020 tenían una asignación de ¢233.714 millones y para 2021 el Proyecto de Ley de Presupuesto incorpora para estos órganos ¢203.287 millones.

Falta seguimiento

La Contraloría alertó que el cierre de centros educativos, por matrícula nula, también constituye un riesgo eventual para el control de los recursos financieros, pues no se establecen trámites a realizar para la liquidación de las cuentas bancarias y disolución de la junta respectiva.

Para el periodo 2011-2018 se han cerrado 74 centros educativos por agotamiento de fuentes de matrícula o reubicación de la población estudiantil.

“El Departamento de Gestión de Transferencias del MEP indicó que una vez que se ordena el cierre de un centro educativo, los saldos en cuentas de Caja Única y bancos comerciales se trasladan a la Tesorería Nacional. No obstante, se observan limitaciones en el seguimiento que se da respecto a dichos saldos y su traslado. Ello implica una omisión de control importante, que deriva en recursos ociosos, o bien en un riesgo de uso indebido, pues pese a que no están presupuestados, no hay garantía de que personas con acceso a las cuentas bancarias se abstengan de realizar movimiento”, advirtió la CGR.