Educación

Fiscalía tramita 213 causas contra menores por agresiones en centros educativos: ‘Se ha normalizado la violencia’

Cartago encabeza la lista de incidentes de este tipo; Ministerio Público busca estrategias para abordar situaciones

Pleito en Instituto de Alajuela terminó con 23 estudiantes en el hospital. Foto Francisco Barrantes.

Desde lesiones de poca gravedad hasta agresiones con armas están entre las 213 causas penales que la Fiscalía Penal Juvenil tramita en este momento por hechos de violencia ocurridos en centros educativos. De esos hechos bajo investigación, 95 ocurrieron en la última semana.

“Más que una alarma es una situación preocupante, con el retorno a la presencialidad teníamos idea de que se podía dar un incremento (de los casos), lo cierto es que ha ocurrido un fenómeno más allá del que se esperaba que es la normalización de la violencia”, manifestó Elizabeth Esquivel, coordinadora de la Fiscalía Penal Juvenil.

Sus manifestaciones se dieron la mañana de este lunes en el programa del Ministerio Público, Frecuencia MP, que se transmite por radio Columbia, durante el cual la funcionaria explicó que investigan conductas que constituyen contravenciones, pero también delitos.

Según dijo, hay causas por lesiones levísimas, amenazas personales y provocaciones a riña. Sin embargo, entre los delitos que tienen mayor índice de denuncias están las amenazas agravadas, las agresiones con arma y la portación de arma en los centros de estudio.

La semana trasanterior se presentó una riña entre los alumnos del Instituto de Alajuela, que ameritó el traslado de 23 al Hospital San Rafael, en aquella ciudad. Presentaban diferentes tipos de lesiones, la mayoría de los afectados fueron mujeres.

En otro escenario, ocho alumnos del Liceo Vicente Lachner, en Cartago, fueron suspendidos por 10 días por su participación en riñas y agresiones registradas las semanas anteriores.

La semana pasada, un estudiante del Liceo de Escazú se enfrentó a golpes con un oficial de la Fuerza Pública en las afueras del colegio.

Cartago es la provincia que, en este momento, encabeza la lista de casos de violencia en centros educativos. Le siguen San José y Alajuela, precisó la fiscala.

Para ella, es llamativa la situación de Guanacaste; específicamente, la zona de Liberia y de Nicoya.

“Existe un principio de legalidad, una vez que nosotros recibimos la denuncia o tenemos información sobre algún hecho de violencia en centros educativos se procede a comenzar la investigación, que se inicia ya sea de oficio o mediante la presencia de la parte (un denunciante o afectado) en la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil”, dijo.

Esquivel recordó a los menores de edad que, así como tiene derechos, también tiene obligaciones y una de ellas es el respeto a la ley.

Ante el incremento de la violencia, fueron necesarias algunas acciones a lo interno de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, entre ellas reunir a todos los fiscales especializados para definir las estrategias que se deben ir adaptando al contexto.

“También se ha estado realizando reuniones con los jefes distritales de las diferentes policías en este caso. Con la Fuerza Pública se realizó una reunión donde se ha logrado definir una serie de estrategias para poder abordar estos casos de forma integral. Hemos realizado reuniones con las jefaturas del Organismo Investigación Judicial con el fin también de definir cuáles son esas estrategias y cómo vamos a identificar aquellos centros educativos donde se están dando mayores actos de violencia”, declaró la funcionaria.

Durante los encuentros, relató Esquivel, se ha hecho énfasis en el deber de denuncia que tienen los funcionarios públicos en relación con las situaciones de riesgos en que se encuentren las niñas, niños y adolescentes.

La coordinación también ha permitido avanzar en la identificación de los centros educativos que no están abordando las situaciones de manera correcta, así como aquellos con mayores riesgos de violencia.

“La importancia de la denuncia radica en que, si se hace de forma pronta, va a evitar que se den mayores índices de violencia, porque, si no se le pone un límite en el momento en que se dan los hechos, esto puede generar que la violencia vaya en aumento y después sean hechos mucho más graves”, recalcó.

La ley de Justicia Penal Juvenil aplica para mayores de 12 y menores de 18. En caso de hechos muy graves, establece penas de hasta 15 años de internamiento.

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