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La Contraloría General de la República (CGR) declaró sin lugar recursos de revocatoria que presentó la ahora exministra de Educación Pública, Giselle Cruz, y la Fundación Omar Dengo (FOD), contra la orden de suspender la ejecución de la Red Educativa del Bicentenario (REB), a cargo de esa última organización.
El órgano contralor además, declaró sin lugar la solicitud de medida cautelar para dejar en suspenso la orden emitida el mes pasado. Queda pendiente, sin embargo, el recurso de apelación planteado en subsidio, el cual debe responder el despacho contralor, señaló la CGR en la resolución del 10 de noviembre.
De esta forma, se mantiene en el limbo el plan para conectar escuelas y colegios con Internet de banda ancha, que para la Contraloría debía estar en manos del MEP y no de la fundación privada. Según su criterio, con este proyecto se dan incumplimientos legales y técnicos porque se trasladan competencias esenciales del MEP a la Fundación.
Para la CGR, esta red “no es otra cosa” que una herramienta al servicio de la educación pública de la cual se ocupa el MEP y no la FOD, precisa su oficio DFOE-CAP-0684 (N° 15428).
Considera el órgano contralor que el desarrollo de proyectos educativos como este debería asumirlos la Dirección de Informática de Gestión del Ministerio. Ese, expresó, es el “órgano técnico responsable de orientar, promover y generar la transferencia y adaptación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones al MEP, tanto en las oficinas centrales como direcciones regionales de educación” y entre sus funciones está “crear y desarrollar la plataforma de comunicaciones digitales del MEP en todo el país”.
La Contraloría, asimismo, reprochó que la participación del Ministerio de Educación en este proyecto ha sido “nula”.
“Resulta importante indicar que si la REB no resulta esencial para que el MEP desarrolle sus competencias asignadas legalmente, tal como lo argumenta ese Ministerio en algunas secciones de su recurso, no tendría razón de ser un programa de tal envergadura, que según estimaciones del MEP, requiere de aproximadamente $54,8 millones con cargo al Presupuesto Nacional”, consigna la resolución del 10 de noviembre sobre este caso.
Información financiera
Entre otros aspectos, la CGR también mantuvo su decisión por considerar, luego de varias revisiones efectuadas, que el MEP falló en aportar información financiera precisa para fundamentar de forma razonable el monto exacto de dinero trasladado a la FOD por concepto de la Red, al mes de agosto de este año.
“Dato fundamental que debe estar disponible a la brevedad para la toma de decisiones y la rendición de cuentas”, expresa la R-DFOE-CAP-00003-2021 emitida por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.
La Contraloría añadió que tampoco resulta procedente el vaciamiento de competencias del MEP justificado en que esta cartera no puede proveer el medio para satisfacer sus necesidades, al margen de que para el cumplimiento de esas competencias dispone de mecanismos de contratación pública para tales objetivos.
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De lo expuesto, concluyó que hay un discordancia en los actos y discursos del MEP respecto al traslado de competencias y la conceptualización de la REB que confirman “una falta de claridad” en sus actuaciones y la finalidad que persigue con estas.
“Lo que también aleja a esa administración, de su obligación respecto a la transparencia y la rendición de cuentas; aunado a un discurso antagónico emanado de una misma institución. Por lo tanto, las alegaciones del MEP planteadas al respecto son improcedentes”, agrega la resolución.
