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La Contraloría General de la República encontró deficiencias en los controles internos que debía ejecutar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sobre los activos adquiridos dentro de los contratos con la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), suscritos para gestionar proyectos como la Circunvalación norte, el puente Saprissa y las rotondas de Zapote, La Bandera y Guadalupe.
Según el informe DFOE-CIU-0212, divulgado este lunes 1.° de junio, el sistema de control presenta limitaciones entre las que destacan procedimientos contradictorios, vacíos normativos y la omisión de los controles trimestrales obligatorios sobre los activos gestionados por UNOPS, que fueron adquiridos con fondos públicos.
Este tipo de inconsistencias permitieron que se desarrollaran prácticas informales, tales como la disposición de bienes mediante acuerdos verbales o correos electrónicos y el traslado de activos entre proyectos sin que se acredite una verificación previa del estado del activo, sin una definición clara de responsables claves y sin mitigación de riesgos para la trazabilidad de los recursos.
Según el ente contralor, esta situación no solo impidió el control efectivo de los activos, sino que vulneró el principio de transparencia y rendición de cuentas.
En el detalle de los señalamientos realizados por la Contraloría, destacaron la falta de las verificaciones trimestrales obligatorias y el control sobre la disposición de los activos durante su ciclo de vida, lo cual favoreció que se institucionalizaran prácticas como traslados y donaciones autorizadas mediante coordinaciones verbales, de “no objeción”, sin acreditar las necesidades institucionales y el estado de esos bienes.
Además, se identificó una incompatibilidad entre los estándares de la UNOPS y la legislación costarricense, respecto a los parámetros de control y registro.
Así, por ejemplo, mientras los reglamentos financieros del organismo internacional limitan el control formal y el registro únicamente a activos con un valor superior a $300, la normativa costarricense no establece este tipo de umbrales; es decir, cualquier activo, sin importar su valor, debe ser inventariado y custodiado.
“La adopción de un umbral externo ($300) por parte del Conavi no sería concordante con el marco normativo nacional; con el agravante de que el Conavi no podría garantizar la trazabilidad ni la integridad de los activos adquiridos con fondos públicos por la UNOPS por debajo del valor de $300; dicho monto podría aumentar significativamente ante la eventualidad de compras superiores de más de una unidad o que dicho bien posea una vida útil mayor a un año”, detalla el oficio.
Asimismo, se señalaron incongruencias en el procedimiento de control entre la Administración y lo estipulado en los Memorandos de Acuerdo (MdAs) suscritos con UNOPS, lo cual a criterio de la Contraloría genera riesgos de inseguridad jurídica sobre los roles de control y en la distribución de funciones y de una eventual asignación de responsabilidades.
La Contraloría además advirtió que los mecanismos de contratación directa y los MdAs mediante los cuales se encargó a UNOPS la gestión de los proyectos, permitieron a Conavi transferir fondos públicos a cuentas bancarias administradas por ese organismo de manera anticipada a la ejecución.
“Con estos recursos, la UNOPS quedó facultada para proveer los insumos y servicios del proyecto, incluyendo la adquisición de bienes, equipos y suministros, aplicando para ello sus propias reglas, procedimientos y reglamentos financieros internacionales, y no la normativa costarricense de contratación administrativa”, advirtió la Contraloría.
Sin embargo, aunque los bienes permanecían bajo la custodia de UNOPS, el modelo contractual estipula que los bienes son adquiridos con fondos públicos, por lo que la propiedad de estos pertenece al Estado costarricense.
La Contraloría recordó que aunque UNOPS es un órgano “subsidiario” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que posee “inmunidades y privilegios”, es indispensable distinguir entre la naturaleza institucional y su actuación concreta como contratista del Estado en la ejecución de proyectos de obra pública financiados con recursos públicos costarricenses.
Debido a esto, la información generada a lo largo de la ejecución de los proyectos “no es información privada del organismo internacional”, sino documentación de interés público que se deriva directamente de la gestión de fondos públicos y obras del Estado costarricense.
Los MdAs con UNOPS se suscribieron entre el 2014 y 2017, con el fin de lograr “ahorros económicos” y asegurar mayor transparencia, además fortalecer capacidades institucionales, no obstante en todos los casos citados, los proyectos fueron entregados con importantes atrasos y/o sobrecostos. Actualmente esa agencia tiene la supervisión de la totalidad de contratos del programa Proeri.
Además, a pesar del tiempo que tienen dichos acuerdos y de que las obras ya fueron puestas en servicio, en varios de estas aún no se cuenta con finiquito y se mantienen activos bajo custodia de la UNOPS, por lo que los proyectos actualmente se encuentran en un proceso de cierre administrativo y financiero.
Tras la emisión del informe, la Contraloría emitió una serie de disposiciones al Consejo de Administración del Conavi y la dirección ejecutiva de ese consejo, a fin de que se establezcan e implementen procedimientos para el registro, control y disposición de bienes y activos públicos en custodia temporal o administración de contratistas o gestores externos (incluido UNOPS).
Esos mecanismos además deben garantizar el control de los bienes, regular las donaciones, traslados y bajas durante todo el ciclo de vida y definir responsables de la trazabilidad.
