El Gobierno concentró en la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) la supervisión de las obras que se ejecutan como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), a pesar de que la ley del crédito con el que se financian esas obras, señala que se debían contratar empresas distintas
La Contraloría General de la República (CGR), determinó en un informe que, además, esa selección se hizo sin contar con un estudio de mercado que comparara alternativas nacionales o internacionales que ofrecieran servicios equivalentes a unidades ejecutoras.
“Más bien, tanto la CNE como los organismos ejecutores se centraron únicamente en establecer la contratación directa al Organismo Internacional. En cuanto al análisis de razonabilidad del precio, no se identificó una estructura clara y justificada para evaluar la razonabilidad del precio establecido en el contrato”, añade el informe.
Según se indica en ese documento, la comparación de precios se basó en 5 de 7 casos con costos históricos del mismo UNOPS en proyectos con diferentes objetos contractuales, y no se cuenta con evidencia de que se hayan considerado otras alternativas equivalentes.
La contratación de UNOPS representa una inversión de $18 millones, de los cuales se han desembolsado $9 millones.
El informe de la Contraloría señala que, contrario a lo establecido en la norma, en donde se indicaba de que se debían contratar dos empresas distintas, para la implementación general y la implementación específica de los proyectos, que a su vez debían brindar servicios de unidades ejecutoras, se contrató como “servicios de asistencia técnica” a un único organismo internacional (UNOPS).
Además, la Contraloría destaca que ese órgano fue seleccionado para brindar ese servicio a las cinco entidades que ejecutan los recursos de Proeri (la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Vivienda, el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles).
“Según los 5 memorandos de acuerdo suscritos, se contrató al mismo organismo internacional los servicios de asistencia técnica para que asumiera las denominadas “Firmas de Implementación” de Proeri (Firma Implementadora General y cuatro Firmas Implementadoras Específicas), lo cual también afecta el sistema de control interno del Programa, pues el Contrato de Préstamo n.° 2317 estableció que se tratara de empresas independientes”, añade el documento.
En su informe la CGR cita que el director de la CNE (Juan José Monge) confirmó que las funciones que desempeñan las denominadas firmas de implementación son de apoyo y asistencia, y brindan una guía a las instituciones de cómo proceder.
Entre sus hallazgos, la CGR también cita que los controles utilizados para la contratación y la definición de las funciones de las que se suponían debían ser firmas implementadoras, presentan deficiencias, pues se contrataron para labores contrarias a las que establece la ley del crédito con el que se financia el programa Proeri.
Sobre ese aspecto, según indicó la CNE en su respuesta a la Contraloría, la ley estableció las responsabilidades de ejecución en las instituciones participantes y precisó que la denominada “Firma Implementadora General” tiene funciones limitadas en dos ámbitos dentro de Proeri: en la gestión administrativa-financiera, debido al manejo de los recursos por parte de la CNE, y en la gestión contractual.
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No obstante, a criterio de la Contraloría, esta situación compromete la objetividad e independencia en el funcionamiento de las firmas.
Incluso señalan que el propio UNOPS indicó, previo a su contratación, que consideraban que el rol de firma implementadora general no es el más apropiado (...) ya que la misma debería asumir funciones de control y, al mismo tiempo, tomar la responsabilidad de implementación específica para cada uno de los organismos ejecutores.
El Programa de Riesgo Inminente se financia con un crédito de $700 millones, proveniente del Banco Centroamericano Integración Económica (BCIE), y contempla la intervención de 502 obras públicas en estado de emergencia o riesgo, muchas de las cuales fueron afectadas por fenómenos naturales como la tormenta tropical Bonnie en el 2017, la zona de convergencia intertropical del Pacífico y el huracán Julia en el 2022. Entre estas obras se incluye la rehabilitación de puentes y estabilización de taludes en carreteras que pasan por montañas, así como la reconstrucción de centros educativos, viviendas e infraestructura ferroviaria.