Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), afirmó este miércoles que la institución no presentó denuncias a pesar de que identificó casos de empresas constructoras que se habrían puesto de acuerdo para elevar el costo de los contratos en cinco escuelas incluidas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
Durante una sesión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo tener conocimiento de situaciones en las que firmas oferentes se pusieron de acuerdo para encarecer las obras y que, por ello, no se habían concretado las respectivas licitaciones. La legisladora pidió a Picado dar ejemplos de estas conductas.
“Esto se ha presentado aproximadamente en cinco escuelas grandes; identificamos que algunas empresas se pusieron de acuerdo para definir un precio alto”, afirmó Picado.
Ante una consulta de La Nación, al finalizar la audiencia legislativa, Picado reconoció que no se denunciaron los hechos descritos y dijo no recordar los nombres de las firmas involucradas.
“Nos dimos (cuenta) a tiempo de lo que estaba sucediendo y tomamos las previsiones del caso. Denuncias no (hicieron), porque no tenemos los elementos necesarios. No es necesario en este momento, en el que no fue adjudicado a una empresa”, afirmó.
El Proeri está compuesto por un catálogo de 502 obras de infraestructura: 298 proyectos calificados como de riesgo inminente y 204 que se derivan de decretos de emergencia.
El listado incluye puentes, escuelas y carreteras. Su financiamiento proviene de un crédito de $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
CNE reconoce que no cumplirá plazo autoimpuesto
Los legisladores convocaron a Picado para que rindiera explicaciones sobre sobre el estado actual del Proeri, que según una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), registraba hasta el 31 de octubre del 2024 un avance del 0,3% en cuanto a las obras en riesgo inminente, las cuales consumen el 73,8% de la totalidad de los recursos del préstamo con el BCIE.
El órgano fiscalizador determinó que solamente uno de los 298 proyectos logró ponerse en ejecución durante los ocho meses posteriores a la aprobación del crédito.
Esto fue así a pesar de que la Junta Directiva de la CNE estableció un plazo de 18 meses para la terminación de las obras “de reconstrucción y atención de la infraestructura declarada en peligro inminente”, a partir de la disponibilidad del financiamiento existente. Así consta en el acuerdo número 27, del 9 de marzo del 2023.
De acuerdo con un informe del 4 de febrero del departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, ese plazo empezó a correr el 22 de marzo del 2024 y finaliza el 22 de setiembre del 2025.
No obstante, Picado dijo a la Comisión de Hacendarios que no podía garantizar la finalización de la totalidad de los proyectos en el periodo que la propia CNE se impuso.
“Es un proyecto de seis años; sobre garantizarle terminar las obras en 18 meses, no puedo garantizarle el término”, expresó el jerarca de la CNE a la diputada Paulina Ramírez, presidenta del foro legislativo.
“Ustedes habían asegurado que los proyectos que iban a entrar ya tenían preinversión, prefactibilidad y, sin embargo, hoy estamos viendo que están en esas etapas. No era tan real que ya estaban listos para la licitación y eso es un obstáculo”, dijo Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por su parte, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), consultó a Picado si alguno de los retrasos experimentados en las obras del Proeri se deben a una sola instrucción de la Contraloría, a lo que el presidente de la CNE contestó que no.
Picado aseguró a los legisladores que ya se cuenta con cinco obras concluidas y 19 en proceso. Además, señaló que el 70% de los proyectos en riesgo inminente ya están licitados y el 82% de los correspondientes a decretos de emergencia.
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Diputados: CNE incumple la ley
Ramírez y Acuña también reclamaron a la CNE que un informe enviado al Congreso por la Auditoría Interna de la institución, con fecha del 30 de setiembre del 2024, omite información que el artículo 16 de la aprobación del Proeri exige sea presentada a los diputados de forma semestral como medida de control y para fiscalizar el correcto uso de los recursos. Así también lo concluyó un estudio efectuado por Análisis Presupuestario.
El departamento legislativo advirtió de que el documento enviado por la Auditoría Interna no analiza la ejecución financiera ni el avance físico de los proyectos.
Tampoco se incluye información sobre los proyectos en peligro inminente, aunque sí lo hace respecto a las obras ligadas a decretos de emergencia.
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Igualmente, no se menciona el trabajo que realizan las Firmas Implementadoras y los respectivos organismos ejecutores. Asimismo, omite referirse a posibles atrasos en proyectos y a la justificación sobre el estado actual de estos.
Juan José Monge, director ejecutivo de la CNE, salió al paso de las críticas al señalar que el reporte AU-009-2024-INF fue emitido por la Auditoría Interna, por lo que la administración activa no tiene responsabilidad sobre lo que expone ese departamento, pero que pedirán una aclaración para que se amplíe sobre la información definida en la ley.
Ramírez rechazó la argumentación de la CNE. Indicó que la ley es muy clara y que se debía cumplir con todos los elementos ahí definidos.
“No pueden justificar que Auditoría es la responsable, porque una vez que se hace el reporte, ustedes tuvieron que haber verificado que iba con los ítems que la ley requería. No hay justificación alguna para que no se cumpla la ley y con lo que se estableció en esta comisión”, agregó.
Acuña coincidió con el reclamo de la verdiblanca y señaló que si bien en adelante la CNE deberá corregir los datos que envía al Congreso, el informe “nunca debió llegar en estas condiciones”.