Pretendida excepcionalidad de la Unops

El convenio por $6,5 millones, dijo la Contraloría, no puede ser adjudicado sin concurso público. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), la otra parte de la negociación con la Unops, lo sabe. Por eso, intentó cobijar la operación bajo la excepción contemplada en el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública para acuerdos suscritos “con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario”. La Unops no es ni lo uno ni lo otro. Ni el INVU debió intentar la aplicación de la excepción ni la agencia de las Naciones Unidas debió permitirlo.

La Ley 9317 (Canje de notas con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos), del 2015, aprobada para permitir el funcionamiento de la agencia en el país, la define como proveedora de servicios para la gestión y supervisión de obras públicas, entre otras funciones similares, observó la Contraloría.

Tampoco encontró prueba de que la Unops “constituya un organismo de naturaleza humanitaria”, y para tener esa condición debió dejar clara, desde su creación, su misión de brindar “ayuda a las víctimas de desastres naturales o conflictos armados” o “aliviar el sufrimiento o garantizar la subsistencia del ser humano” y debió acreditarlo mediante “algún documento oficial extendido por la ONU”.

Pero la Unops nunca tuvo esas pretensiones en el país ni hay, en las tareas ejecutadas desde su arribo, características indicativas de una particular naturaleza humanitaria. La agencia ha participado en proyectos como la ampliación de puentes sobre el río Virilla, en Lindora y Tibás, el paso sobre el río Pirro, en Heredia, la construcción de tres pasos a desnivel en la Circunvalación (rotondas de la Bandera, Guadalupe y Garantías Sociales), por ejemplo.

Como es obvio, se trata de obras públicas normalmente contratadas mediante concurso y sin ningún contenido específicamente humanitario. Los proyectos por ejecutar en La Carpio no adquieren esa condición, para los fines de la ley, por el solo hecho de beneficiar a 6.000 familias de escasos recursos.

Para adelantarse a ese argumento, el único remotamente concebible para justificar la excepción, la Contraloría señaló: “Está claro que si bien la Unops ejecuta o desarrolla proyectos que pueden impactar de forma directa y positiva el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ello no implica que su naturaleza sea la de un organismo de carácter humanitario, pues como bien lo señala la Ley N.° 9317 ya citada, la Unops es un proveedor de servicios”.

La Unops, como cualquier otro proveedor, negoció con el INVU una retribución por ejecutar las obras en La Carpio, consistente en un 5 % de su valor. Por otra parte, no es la única entidad capaz de desarrollar el proyecto en el país.

La excepción de la Ley General de Contratación Pública no es la única alegada hasta ahora en relación con la Unops. En mayo del 2018, la Sala Constitucional ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la Contraloría publicar los expedientes de contratación de los proyectos encargados a la Unops. La información permaneció en secreto durante más de dos años porque, según la agencia, era confidencial.

La pretensión de confidencialidad también hundió un contrato entre la Unops y el Instituto Nacional de Seguros. La Contraloría negó el refrendo al convenio negociado por $44,6 millones para la renovación de sistemas informáticos y, entre las razones, citó la falta de transparencia.

En setiembre, la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) calificó la contratación directa de la Unops, sin concurso público ni apego a la Ley de Contratación Administrativa, como “una clara limitación a la competencia”. El pronunciamiento obedeció a una gestión de la Cámara Costarricense de la Construcción.