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El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) envió una advertencia al ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández. Así consta en un acuerdo tomado el 18 de marzo y que ya fue recibido por el jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Carlos Araya Leandro, rector de la UCR, se encargó de remitir el documento, en el que se manifiesta la preocupación por una posible disminución de recursos para la Universidad, en el marco de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 que empezó el 17 de marzo, tres meses antes de lo usual.
“El Consejo Universitario acuerda informar al señor ministro de Educación Pública, Máster Leonardo Sánchez Hernández, que cualquier acción contra la autonomía de esta Universidad o reducción en su asignación presupuestaria, a través del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal, será considerada, señalada y denunciada como una medida regresiva y violatoria de los derechos adquiridos, y de las situaciones jurídicas consolidadas de la Universidad de Costa Rica”, advirtió el CU.
El acuerdo se envía cuando en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se discute, en un Conare ampliado, la posibilidad de cambiar la redistribución del FEES.
Según el ministro de Educación, tres universidades aspiran a recibir más presupuesto del FEES. Se trata del Institutio Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La información fue confirmada por la rectora del TEC y el rector de la UTN.
Si bien Sánchez confirmó que recibió el documento con el acuerdo, no emitió comentarios sobre lo contenido en la misiva.
Actualmente, la UCR es la universidad pública que recibe más presupuesto del FEES. Consulte la distribución a continuación:
‘Más que una advertencia, es una acotación’
Esperanza Tasies, integrante del Consejo Universitario, y quien presentó la moción para tomar este acuerdo, afirmó la noche de este 26 de marzo que más que una advertencia, están haciendo “una acotación basada en la Jurisprudencia de la Sala Constitucional y el principio de progresividad en el sentido contrario a la regresividad que constantemente proponen algunas autoridades”.
Alegó que existe una narrativa de las autoridades gubernamentales de que el gasto público y específicamente el gasto social, es responsable del comportamiento de la variable macroeconómica que se conoce como déficit fiscal.
La integrante del Consejo Universitario adujo que la moción propone explicar el comportamiento del resultado financiero para evidenciar que se requiere una revisión de la deuda pública como un problema estructural.
“Especialmente, se hace necesaria una auditoría sobre esta deuda y una posterior reestructuración”, dijo.
La académica de la UCR señaló que el gasto público no es el responsable del déficit fiscal y que se considera violatorio de los derechos de la población y del interés público, el endeudamiento con el único fin de pagar intereses.
La Nación también envió consultas sobre el acuerdo a Keilor Rojas, presidente del Consejo Universitario, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
