La captura del líder venezolano Nicolás Maduro por comandos estadounidenses, en un operativo ejecutado en Caracas el 3 de enero, volvió a poner bajo la lupa las históricas relaciones políticas y comerciales entre Venezuela y varios países de la región, entre ellos Costa Rica.
Por décadas, el país mantuvo un vínculo directo y estratégico de suministro petrolero con Caracas, una relación que hoy pertenece al pasado tras cambios estructurales en el mercado energético, decisiones políticas internas y el colapso de la propia industria petrolera venezolana.
Costa Rica fue parte del Pacto de San José, creado en 1980, un acuerdo energético regional mediante el cual México y Venezuela garantizaban el suministro de hasta 160.000 barriles diarios de petróleo y productos petrolíferos (como el asfalto) a once países de Centroamérica y el Caribe bajo condiciones financieras preferenciales.
El convenio permitía a los países beneficiarios financiar una parte de la factura petrolera a largo plazo, con el objetivo de destinar esos recursos a proyectos de desarrollo.
En agosto de 1999, cuando se ratificó el Pacto, Gerardo Rudín, entonces presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), afirmó a este diario que el pacto era importante porque garantizaba el suministro de petróleo.
Para finales de los años noventa, Venezuela ya era el principal proveedor del país: en 1999, cuando Costa Rica consumía unos 38.000 barriles diarios, el 60% del petróleo provenía de Venezuela, mientras que México tenía una participación marginal, limitada casi exclusivamente al asfalto.
Aunque el pacto no garantizaba precios más bajos que el mercado internacional, sí ofrecía una seguridad de suministro en contextos de crisis, como conflictos armados o interrupciones globales.
México y Venezuela renovaron anualmente el acuerdo durante la primera mitad de los años 2000, y esa cooperación se profundizó al punto de que, para 2008, cerca del 90% del crudo procesado en la refinería de Moín era de origen venezolano.
Ese año, Costa Rica refinaba unos 18.000 barriles diarios y destinó $2.800 millones a la compra de combustibles, el doble que en 2007, en medio del auge histórico de los precios internacionales del petróleo, que llegaron a rozar los $147 por barril.
Aquel repunte se debió a una fuerte demanda global, especialmente de economías emergentes como China e India, combinada con una oferta que no crecía al mismo ritmo, tensiones geopolíticas en Oriente Medio, especulación financiera y la debilidad del dólar.
Este fuerte encarecimiento del precio del crudo llevó al gobierno de Óscar Arias en el 2008 a explorar la adhesión a Petrocaribe, una iniciativa impulsada por Hugo Chávez en junio de 2005 que ofrecía condiciones crediticias aún más favorables, con pagos a 25 años y tasas de interés mínimas.
Los países pagaban un porcentaje inicial (por ejemplo, 60% del importe) en corto plazo y el resto (40%) en 25 años con bajo interés (1% a 2%).
Si un país no tenía liquidez, podía pagar con bienes o servicios (médicos, alimentos, entre otras opciones).
Sin embargo, la propuesta nunca prosperó en Costa Rica por dudas sobre la soberanía política, el endeudamiento público y la estabilidad del suministro, inquietudes que se acentuaron con el deterioro económico y productivo de Venezuela a partir de mediados de la década de 2010, acelerándose significativamente después de 2014-2015.
Finalmente, la idea de unirse a Petrocaribe fue descartada en 2014, durante la administración de Laura Chinchilla.
Fin de la refinación en Costa Rica
No obstante, el quiebre del vínculo petrolero con Venezuela comenzó antes y envuelto en llamas.
El principio del fin sobrevino con el incendio que destruyó parte de la refinería de Recope en Moín (Limón) en agosto de 2011, y que causó la muerte de dos trabajadores, marcó un punto de no retorno.
La planta nunca volvió a operar: la baja rentabilidad de la refinación, los altos costos de reparación, el contexto internacional marcado por la Primavera Árabe y la falta de interés político sellaron su destino.
En 2012 se anunció su desmantelamiento y Recope pasó a importar únicamente combustibles terminados, lo que eliminó la necesidad de comprar crudo venezolano o de otra procedencia.
A ello se sumó el colapso de la producción petrolera en Venezuela, que se aceleró a partir de 2014 y se profundizó con sanciones internacionales, dejando al país sin capacidad para sostener programas de suministro preferencial como Petrocaribe, que quedó paralizado en 2018.
En ese contexto, Costa Rica trasladó casi la totalidad de su abastecimiento energético a base de hidrocarburos al mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos.
Las cifras reflejan ese giro estructural.
Entre enero y noviembre de 2025, Costa Rica importó 22,5 millones de barriles de hidrocarburos, frente a los 15,6 millones de barriles registrados en 2004.
De ese volumen del año pasado, el 85% provino de Estados Unidos, según datos de Recope.