EscucharUn pronunciamiento de la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó que no se debe pagar el salario a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la entidad, mientras permanezca suspendida de su cargo como medida cautelar.
Esquivel fue suspendida durante seis meses por orden del Juzgado Penal de Hacienda mientras avanza una investigación en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. La medida fue dada a conocer el 10 de octubre.
El Ministerio Público le atribuye haber participado, junto con otros directivos, de una “estrategia” para ejercer control e influir sobre un proceso de licitación que terminó en manos de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar diez áreas de salud en la Gran Área Metropolitana (GAM) por ¢471.000 millones. La Fiscalía asegura que los contratos fueron adjudicados con aparentes sobreprecios.
De acuerdo con Andrey Quesada Azucena, subdirector jurídico de la CCSS, no corresponde cancelar el salario a Esquivel mientras pese sobre ella una medida cautelar.
En el oficio GA-DJ-08518-2024, emitido el pasado 17 de octubre por ese funcionario y otros dos abogados de la Dirección Jurídica, se indica que existe jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre este tipo de casos, la cual establece que cuando los trabajadores son puestos en prisión preventiva o son suspendidos de sus cargos por orden judicial no procede remunerarlos porque pesa sobre ellos una “imposibilidad de asistir al trabajo”.
“En el caso concreto, se concluye que, vista la medida cautelar de suspensión del cargo impuesta a la presidenta ejecutiva (...) debe proceder con la suspensión salarial de los funcionarios cautelados en virtud de la imposibilidad del ejercicio del cargo durante la vigencia de la medida cautelar”, declaró la Dirección Jurídica en el documento.
Añaden que esa posición es respaldada por la Sala Segunda, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.
La suspensión salarial también aplicaría para María Gutiérrez Brenes, gerenta general interina de la entidad, vinculada con los mismos hechos.
El salario de la presidenta ejecutiva es de ¢5,5 millones por mes. Por su parte, el último sueldo mensual reportado a favor de Gutiérrez fue de ¢4,1 millones.
La Nación envió, el pasado viernes por la mañana, varias consultas a la oficina de prensa de la CCSS sobre este tema, pero aún no hay respuesta. Una de las consultas fue si el último pago bisemanal se les giró a Esquivel y a Gutiérrez.
En su análisis, la Dirección Jurídica menciona varios pronunciamientos de la Sala Constitucional, en los que se establece que “la prisión preventiva así como otras medidas como el arresto domiciliario, prohibición de acercarse al lugar o específicamente al sitio de trabajo, entre otras, que impliquen la imposibilidad material del funcionario de presentarse a su trabajo, eximen al patrono de la obligación de pagar el salario”.
El Juzgado Penal de Hacienda confirmó a La Nación que ingresaron impugnaciones a las medidas cautelares contra las personas investigadas. Estas se remitieron al Tribunal de Juicio para su conocimiento, informó la oficina de prensa del Poder Judicial, sin mayores detalles sobre el contenido de las apelaciones y quiénes las presentaron.
Involucrados en el Caso Barrenador
Por el llamado Caso Barrenador, el 23 de setiembre fueron detenidas ocho personas, entre ellas la jerarca, la gerenta general, directivos y exdirectivos. Posteriormente todos fueron liberados y contra ellos se dictaron medidas cautelares, como la suspensión del cargo.
Los involucrados son:
- Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de CCSS
- María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de CCSS
- Zeirith Rojas Cerna, directivo de la CCSS como representante de los patronos
- Johnny Gómez Pana, directivo de la CCSS como representante de los patronos
- María Isabel Camareno Camareno, directiva de la CCSS por parte del gobierno
- Roberto Quirós Coronado, exdirectivo de CCSS en representación de los patronos
- Jorge Porras López, exdirectivo de CCSS quien fungía como representante del gobierno
- Jorge Luis Araya Chaves, quien fungía como representante de los patronos
La Fiscalía les atribuye a los implicados haber adjudicado la millonaria contratación, pese a que existían múltiples criterios técnicos que señalaban un sobreprecio en las ofertas de las cooperativas y la asociación médica.
La polémica adjudicación se decidió el sábado 6 de julio, en una sesión extraordinaria, basada exclusivamente en un “análisis” elaborado y firmado en solitario por María Gutiérrez Brenes, quien en ese momento se desempeñaba como directora de Proyección de Servicios de Salud.
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*Colaboraron los periodistas Ángela Ávalos y Roger Bolaños.
