Así lo manifestó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un comunicado de prensa, enviado la mañana de este jueves, para explicar cómo un trabajador de la Caja, cuya identidad aún no se conoce, habría ingresado a la cuenta de correo de un imputado a borrar información. Para realizar esa acción, la cuenta fue habilitada pese a que había sido cerrada por orden de un juez penal.
“Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso”, dijo el OIJ en el comunicado.
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Las críticas por diligencias en el Caso Barrenador
La actuación del funcionario desconocido fue detectada dos días después de realizados los 28 allanamientos, así como las detenciones de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel; la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez, además de seis directivos y exdirectivos.
Estos últimos son Zeirith Rojas, Johnny Gómez, representantes patronales, y María Isabel Camareno, delegada de gobierno. También, los ahora exdirectivos Jorge Porras (su renuncia se hizo efectiva este 25 de setiembre), Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
En el caso de Esquivel, no se encontraba en su casa, sino en Pérez Zeledón. La jerarca se presentó a la sede del OIJ en ese cantón, donde fue aprehendida y trasladada a San José en un vehículo de la Sección de Cárceles.
Todas estas diligencias fueron criticadas por el presidente y la ministra, quienes consideraron que no eran necesarias las acciones de policías y fiscales. Para ellos, hubiera bastado citar a los funcionarios a los despachos judiciales.
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Chaves calificó la detención de Esquivel como “arbitraria, mediática e innecesaria”. Aseveró que con los allanamientos a los altos mandos de la Caja la Fiscalía “matonea” y “mete miedo”.
Los imputados en la causa fueron liberados el martes y están a la espera de medidas cautelares. A ellos se les sigue causa por los delitos de tráficos de influencia e influencia sobre la Hacienda Pública, conductas en las que podrían haber incurrido al adjudicar los contratos con un supuesto sobreprecio de ¢12.400 millones al año.
