La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por la amenazas de bomba en la Fiscalía General y las amenazas de muerte surgidas después de las investigaciones que involucran a jerarcas y directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en un presunto sobreprecio en la adjudicación de la administración de 138 Ebáis.
El martes, minutos después de que la Fiscalía confirmó una amenaza de bomba, empezó a circular en redes sociales un video con una amenaza de muerte contra el fiscal general Carlo Díaz Sánchez, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez.
“Este órgano defensor expresa su preocupación por amenazas de muerte a funcionarios y llama a todas las autoridades públicas a garantizar el cumplimiento del debido proceso en el trámite que llevarán a cabo las instancias competentes”, dijo la Defensoría.
Las amenazas se produjeron después de los allanamientos por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millonesanuales en la adjudicación de contratos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que cuatro cooperativas y una asociación médica administren 138 Ebáis durante 10 años.
La Defensoría abogó por el respeto de la vida, la integridad y el seguimiento de los procedimientos jurisdiccionales. Además, instó a todas las autoridades públicas a garantizar el cumplimiento del debido proceso en el trámite que llevarán a cabo las instancias competentes.
“El respeto a la dignidad humana y el respeto al Estado de derecho deben prevalecer en la discusión de los asuntos públicos. Las decisiones que se tomen hoy condicionarán el futuro próximo y el desarrollo humano de largo plazo de Costa Rica.
“Las y los funcionarios públicos, particularmente quienes ostentan puestos jerárquicos, deben ajustar sus actuaciones a la Constitución Política, la moral, la justicia, las leyes y demás normativa vigente, sin propiciar discursos que puedan incentivar una profunda polarización en nuestra sociedad y una escalada de violencia inédita en la historia del país”, indicó la Defensoría.
La Defensoría destacó la urgencia de recuperar la capacidad de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. Señaló que la prudencia, la sensatez y el respeto resultan indispensables para avanzar en esta tarea colectiva.
Una funcionaria del OIJ en el allanamiento al edificio central de la CCSS por el presunto sobreprecio en la adjudicación de contratos a cooperativas. Foto: (JOHN DURAN)
El pasado lunes, el Ministerio Público detuvo a ocho altos funcionarios y exfuncionariosde la Junta Directiva de la CCSS por el presunto sobreprecio en la adjudicación de contratos a cooperativas. Entre los detenidos se encuentra Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la institución.
La acción judicial abarcó 28 allanamientos, uno de ellos en la casa de Esquivel. Las investigaciones se centran en supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Laura Fernández, ministra de la Presidencia, declaró que el gobierno interpreta como una “clara amenaza” de la Fiscalíala investigación. Fernández calificó la operación judicial como “un abuso de poder” de parte de la Fiscalía y dijo que las acciones que realiza “son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral”.
