El Ministerio Público confirmó que este martes recibió una amenaza de bomba en la Fiscalía General de la República, en barrio Francisco Peralta, en San José.
“La situación está siendo atendida con todas las medidas de seguridad y afortunadamente todo nuestro personal se encuentra seguro y en buenas condiciones. El Ministerio Público repudia este tipo de actos sin precedentes, suscitados un día después de los 28 allanamientos y detenciones ejecutados dentro de un caso de presunta corrupción pública”, con la adjudicación de 138 Ebáis a cuatro cooperativas durante un plazo de 10 años.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien en este momento participa en una misión de la DEA en Atenas, Grecia, reiteró en el comunicado que “ninguna amenaza evitará que el Ministerio Público continúe, de manera inclaudicable, haciendo el trabajo que la ley le ha encomendado”.
Díaz hizo un llamado a moderar los discursos que descalifican innecesariamente las acciones de la administración de justicia.
A las 2:15 p. m. la misma dependencia confirmó que, luego de una revisión del inmueble, se descartó cualquier artefacto sospechoso.
El caso en breve
La Fiscalía hace referencia a los allanamientos desplegados este lunes en medio de una investigación penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la contratación millonaria de cuatro cooperativas y una asociación médica para administrar 10 áreas de salud que incluyen 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana.
Dicho contrato, aprobado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tendría un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales.
Por este caso permanecen detenidos: Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de CCSS; María de los Ángeles Gutiérrez, gerenta general interina de Caja, los directivos, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, María Isabel Camareno Camareno, y los exdirectivos Roberto Quirós Coronado, Jorge Porras López y Jorge Luis Araya Chaves.
Este lunes por la tarde, luego de que la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, dijo que los allanamientos sobre la CCSS fueron una “clara amenaza” de la Fiscalía para el gobierno y un “abuso de poder”, el fiscal general, Carlo Díaz, respondió que el Ministerio Público “seguirá atacando la criminalidad y la corrupción sin distinción de la persona que aparentemente cometió el delito”.
Agregó: “No se puede hablar de un abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías”.
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