El fiscal general de la República, Carlo Díaz, afirmó esta noche que las manifestaciones del mandatario Rodrigo Chaves son una manera de desviar la atención en torno a los allanamientos por el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones en la contratación de Ebáis por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Advirtió de que la Fiscalía no claudicará en perseguir el delito, independientemente de la persona que se investigue, ni tampoco cederá ante ninguna presión indebida que pretenda debilitar al órgano acusador del Estado.
La afectación a la Hacienda Pública está consumada
Según Carlo Díaz, la Fiscalía actuó apegada a la ley y tiene la obligación legal de impedir que los hechos investigados tengan consecuencias perjudiciales para la Hacienda Pública. En ese sentido, rechazó el argumento de Chaves de que la adjudicación de los contratos a las cooperativas no están en firme.
“Es falso indicar que la licitación que sustenta la apertura de la causa penal está en revisión por parte de la Contraloría General de la República, puesto que, como se puede verificar en el Sicop (Sistema Integrado de Compra Públicas), dicha contratación está en firme. Tal como lo aclaró el ente contralor, solamente una de las 10 líneas adjudicadas está sujeta al resultado de una apelación. Los adjudicados rindieron la garantía de cumplimiento, lo cual genera obligaciones para las partes que pueden ser tutelables en vía administrativa o judicial.
“Por lo tanto, la afectación a la Hacienda Pública, tanto material como jurídica, desde la óptica de la fiscalía y la Ley de Contratación Administrativa, se encuentra consumada”, continuó.
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La Contraloría confirmó el miércoles que, de las 10 áreas de salud licitadas, solo una no está en firme.
La reacción del fiscal se debe a las manifestaciones hechas este martes por el presidente, quien calificó de arbitraria la acción judicial y cuestionó los allanamientos por el caso de los Ebáis y las cooperativas.
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El lunes pasado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ordenó la detención temporal de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, y ahora pide su suspensión por seis meses. Además, detuvo a la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, así como a cuatro directivos y dos exdirectivos.
El fiscal sostuvo que, ante las erradas manifestaciones del presidente, es necesario aclarar que el Ministerio Público es absolutamente independiente en un sistema democrático y no puede ser coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia.
Carlo Díaz: ‘Totalmente irrespetuoso’
“Nos parece completamente irrespetuoso que nuestras acciones sean catalogadas como un show, máxime cuando se investiga un asunto tan serio y que le podría traer graves consecuencias al erario público. Nuestros requerimientos fueron debidamente fundamentados y avalados por un juez, todo dentro del marco de legalidad.
“Calificar de esa forma nuestras actuaciones no es más que una manera de desviar la atención del fondo y la relevancia de lo que se investiga, sobre todo tomando en cuenta que se trata de la seguridad social costarricense, una de las mayores conquistas históricas de nuestro país. Afirmaciones como esas socavan la democracia y atentan contra la institucionalidad, la división de poderes y el cumplimiento de la ley”, dijo el fiscal.
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Díaz también defendió las detenciones hechas el lunes, al señalar que había indicios de peligros procesales de fuga y obstaculización. “Rechazamos categóricamente las manifestaciones temerarias que afirman que detuvimos para investigar”, aseveró.
Asimismo, sostuvo que la logística del traslado de los imputados es un procedimiento policial: “La Fiscalía no determina cómo se traslada a una persona que es requerida, lo cual se hace en cumplimiento de protocolos previamente establecidos. No cabe establecer un trato diferenciado según la persona de quien se trate, puesto que en Costa Rica todos somos iguales ante la ley”.
El fiscal general también cuestionó que Chaves mencionara la identidad del juez penal de garantías que analiza la solicitud de medidas cautelares. Señaló que lo hecho por el mandatario “pretende generar una presión indebida”.
“Finalmente, quiero garantizar a la ciudadanía que defenderé la independencia del Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarnos y que las personas que integran esta institución actuarán con decisión, valentía y fortaleza, apegadas a la legalidad, con absoluto respeto de las decisiones de los jueces y en defensa de los derechos de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y sin dejarnos amedrentar por nadie”, sostuvo el fiscal.
Chaves cuestionó al fiscal por moverse ‘tan rápido’
Chaves cuestionó a Díaz por moverse “tan rápido” ante estas presuntas anomalías, alegando que los allanamientos fueron un atropello “inmoral e ilegal”.
“El fiscal le está pidiendo a un juez que descabece a la Junta Directiva y a la CCSS, ¿será que lo que quieren es un caos?
“No voy a felicitar a Carlo Díaz ni al director del OIJ (Randall Zúñiga) por esas detenciones, porque tengo una duda enorme, que no es sospecha, pero que la evidencia pega gritos de que aquí hay algo que huele muy mal”, alegó Chaves.
¿Qué se investiga en el caso?
En el expediente, se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública. La Auditoría Interna denunció que la Junta Directiva adjudicó los contratos por ¢471.000 millones para un plazo de diez años, a pesar de que criterios internos de la CCSS advirtieron de que el pago era excesivo porque, en los últimos cuatro años, la Caja pagó las cooperativas un promedio de ¢29.000 millones anuales.
Los directivos tomaron la decisión con base en un informe que firmó, en solitario, la ahora gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes.