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Un afiliado de la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede) mantiene bajo su poder siete de las once propiedades de esa institución.
Los inmuebles, valorados en ¢274 millones, son parte del patrimonio de los 3.000 afiliados de Caprede, pero terminaron en manos de Norman Moya Arrieta como garantía de pago por incumplimientos en el reintegro de ahorros, inversiones e intereses.
El origen del problema se produjo en 2010, cuando Caprede decidió entrar en el negocio de compra y descuento de facturas para aumentar sus utilidades, actividad denominada factoreo, pero las cosas salieron mal.
Once años después, aquella decisión los tiene al borde de la quiebra, sin poder devolverle ahorros e inversiones millonarias a sus socios y con varias denuncias judiciales a cuestas.
Según el Registro Nacional, el 4 de setiembre de 2020, Caprede entregó a Moya las siete propiedades como respaldo por una deuda millonaria. Para liberarlas, deberá cancelarle al afiliado 18 cuotas mensuales por ¢16,2 millones.
El plazo para cumplir con esa obligación vence en 2022, según las certificaciones registrales en poder de este diario.
Mientras eso sucede, cientos de trabajadores y jubilados del Poder Judicial viven con la angustia de perder sus ahorros e inversiones.
Ese es el caso de Sonia Navarro Castillo, jueza de 52 años, quien reclama desde el año pasado, el reembolso de ¢250 millones ahorrados por ella y su familia a lo largo de muchos años.
“Me ha afectado muchísimo, estoy en tratamiento con psicóloga, estoy hasta medicada porque es una situación preocupante, mi esfuerzo de tanto tiempo está en riesgo (...) Ese dinero es producto de mi fatiga diaria, me siento impotente”, dijo Navarro en una entrevista con este diario.
La Nación consultó a Moya sobre este asunto, pero no quiso responder para la publicación.
También se solicitó una entrevista con Alexander Arguedas, gerente general de Caprede, pero indicaron que solo responderían preguntas por escrito.
La situación de Caprede es tan delicada que Arguedas fue denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de intermediación financiera, caso que se tramita bajo el número de expediente 20-000069-621-PE.
Además, Adrián Arroyo Acosta, expresidente de la Junta Directiva de Caprede, enfrenta pesquisas por aparente apropiación y retención indebida en la causa 21-000007-619-PE.
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Ambos casos, según el Ministerio Público, fueron denunciados entre mayo y noviembre de 2020 y están en fase de indagación, que es privada.
Oscar Vargas, abogado de varios afiliados que no han recuperado sus dineros, afirmó: “Respecto a lo acontecido con don Norman, fue algo oculto por mucho tiempo en las diversas reuniones sostenidas con Caprede con el fin de realizar el pago a los afectados; una vez revisadas las propiedades inscritas a su nombre, nos percatamos sobre la existencia de las hipotecas a favor del señor Moya Arrieta”.
El jurista manifestó su molestia por la poca transparencia de Caprede.
“Al consultar con la Gerencia de Caprede y sus asesores legales sobre esa atención preferente, no obtuvimos respuestas, situación que por razones obvias afectan no solo a los acreedores de Caprede, sino a los asociados, pues con este tipo de acciones comprometen el patrimonio de la Caja de Préstamos”.
Las fincas
De acuerdo con el Registro Nacional, las fincas ofrecidas a Moya como garantía de pago están ubicadas en los cantones de Cartago, Pococí, Limón, San Pablo, San Mateo, Puntarenas y Alvarado.
El valor fiscal declarado de los siete inmuebles suma ¢274 millones y el área en conjunto asciende a 8.766 metros cuadrados.
De los siete bienes en poder de Moya, el más valioso es un lote de 322 metros cuadrados ubicado en Puntarenas con un valor fiscal de ¢80 millones.
También está bajo su control una propiedad de 5.300 metros cuadrados en Alvarado, Cartago, con una estimación fiscal de ¢11 millones.
Las cuatro propiedades que conserva Caprede sin gravámenes están ubicadas en Tilarán, Guanacaste y Atenas, Alajuela.
En Atenas, posee una finca de 12.261 metros cuadrados con un valor fiscal de ¢333 millones, mientras que en Tilarán tienen tres terrenos con una extensión total superior a los 55.000 metros cuadrados valorados en ¢96 millones.
Mala decisión
Para dedicarse al factoreo, Caprede creó la subsidiaria Caprede Factoreo y le trasladó ¢4.500 millones de los ahorros y utilidades de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.
También, le inyectó más de ¢4.300 millones de créditos solicitados al Banco Nacional y otras entidades financieras, los cuales están pendientes de cancelar y son responsabilidad de los asociados.
Una auditoría forense, realizada en 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.
“La cartera de crédito, al 28 de febrero del 2017, muestra un nivel de concentración y un deterioro importante, al punto de que las pérdidas estimadas en cartera incobrable llevarían a la empresa a una quiebra técnica”, se detalla en el informe elaborado por la firma auditora ARF Consultores y de la cual tiene copia La Nación.
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La reconstrucción financiera encontró que la cartera de factoreo ascendía en el 2017 a ¢9.365 millones, de los cuales el 65%, es decir ¢6.050 millones, fue catalogada de muy difícil recuperación.
La mayoría de esos recursos terminaron, según el reporte forense, en manos de una sociedad llamada Alfredo Rojas y Asociados, la cual presuntamente cedió facturas alteradas a Caprede Factoreo.
Por ejemplo, los auditores detectaron que Alfredo Rojas y Asociados les vendió 484 facturas de Walmart que resultaron falsas; esa condición fue confirmada por representantes de esa corporación y subrayada por ARF Consultores en 2017.
Con el paso del tiempo, el déficit de ¢6.050 millones creció hasta llegar a los ¢8.844 millones actuales.
A pesar de la crisis financiera, la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial no interrumpió el pago de dietas a los miembros de su Junta Directiva.
De acuerdo con sus estados financieros, Caprede transfirió en los últimos tres años ¢160 millones a sus ocho directivos por concepto de dietas, es decir, ¢20 millones, en promedio, para cada uno.
