La Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede), la cual afronta una difícil situación financiera, acordó ceder a un fideicomiso poco más de la mitad de su cartera de créditos para pagar una deuda por ¢12.900 millones con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Caprede tomó esta decisión, en abril del 2019, al constituir dicho fideicomiso de garantía al cual dirige parte de sus ingresos por la recuperación de préstamos otorgados a empleados judiciales.

Al formalizar el acuerdo, su cartera de préstamos era de ¢23.000 millones, según sus estados financieros, de los cuales cedió los ¢12.900 millones (56%).

El traslado de recursos, a este vehículo financiero, se realizará hasta el 2031, año en que se prevé que se liquide la deuda con la entidad bancaria, se detalla en el contrato del Fideicomiso Caprede BNCR Vectrust 2019, del cual tiene copia La Nación.

Alexánder Arguedas, gerente general de Caprede, descartó que la medida adoptada en el pasado implique un riesgo para los 3.000 afiliados.

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Sin embargo, la cartera de créditos total representaba el 70% del activo de la Caja, el cual reportó un saldo de ¢32.287 millones a julio del 2020, según los estados financieros en poder de este diario.

“Cualquier fideicomiso de garantía en nuestro país hace cesión de cartera, es común que empresas como Caprede ofrezcan esta como garantía de transacciones de banca de segundo piso para obtener liquidez”, aseguró Arguedas.

El vocero rechazó referirse a si el arreglo de pago acordado con el Nacional es una de las razones por las cuales no ha podido devolver inversiones a plazo realizadas por los clientes de Caprede.

Marco Mora, abogado de empleados judiciales afectados por los problemas de Caprede, dijo que desconocían la cesión de parte de los activos de la entidad para pagar al BNCR.

“Ni a nosotros, ni a nuestros representados se les ha informado nada. La intención, con las denuncias presentadas, es darnos cuenta de la realidad financiera porque si fueran solventes le estarían pagando a los acreedores, y no lo hacen”, criticó el abogado.

Mora afirmó que los afiliados a la Caja de Préstamos son los perjudicados finales y desconocen realmente lo que pasa en la entidad.

“La cantidad de dinero (adeuda al Banco Nacional) es exorbitante y no sé si alcanzaría el resto del activo para pagar a los deudores”, afirmó el representante de los afectados.

Caprede recibió, previo al 2019, un total de 40 desembolsos de recursos por parte del BNCR que fueron destinados a un fallido negocio de factoreo y para colocar préstamos entre sus asociados, según se detalla en el contrato de fideicomiso.

Caprede ingresó, en el 2010, al negocio de compra y descuento de facturas.

Para dedicarse a aquella actividad, creó la subsidiaria Caprede Factoreo y le trasladó, primero, ¢4.500 millones de sus recursos propios, provenientes de ahorros y pagos de créditos de trabajadores y pensionados del Poder Judicial.

También le inyectó más de ¢3.500 millones de créditos, principalmente del Banco Nacional.

Una auditoría forense hecha a la subsidiaria de la Caja de Préstamos, en 2017, reveló que la entidad recibió cientos de facturas alteradas por miles de millones, lo cual desembocó en carteras de crédito incobrables.

Según los estados financieros, a julio de 2020, Caprede aún tiene ¢8.844 millones invertidos en la compra y descuento de facturas, los cuales están registrados como cuentas por cobrar.

El BNCR informó, por escrito, que cuando otorga un préstamo, destinado a financiar a descuento de facturas, siempre realizan una revisión de dicha actividad.

“Si como parte de las actividades económicas que realiza alguna empresa se encuentra el factoreo como una de sus líneas de negocio, se realiza un análisis integral del cliente donde se valoran los riesgos asociados a cada una de sus líneas de negocio”, destacó la entidad pública que declinó referirse a la operación dada a Caprede.

En marzo anterior, Arguedas aceptó que una parte relevante del negocio de descuento de facturas se hizo con recursos dados por la entidad financiera estatal.

“La deuda con el Banco Nacional asciende a la suma de ¢12.000 millones y ¢3.500 millones son deuda del factoreo (...) El banco que más le prestó a factoreo fue el Banco Nacional”, manifestó el Gerente.

Cambio de deudor

La particularidad del acuerdo, entre Caprede y el BNCR, es que la entidad pública formalizó dos préstamos al fideicomiso para sustituir a la Caja de Préstamos y Descuentos como deudora.

Una de las operaciones fue por ¢7.900 millones la cual tiene como garantía la cartera hipotecaria de Caprede.

El otro préstamo fue por ¢5.000 millones y lo respalda la cesión de pagarés de los créditos otorgados a empleados del Poder Judicial, se detalla en el contrato del fideicomiso.

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El Gerente de Caprede dijo que el pago del crédito está al día. A julio del año pasado, el saldo pendiente era de ¢10.452 millones.

La operación efectuada por el Banco Nacional con Caprede se conoce como novación del deudor y está permitida por el Reglamento para la Calificación de Deudores.

La figura consiste en la sustitución del deudor original por otro, con el fin de disminuir la exposición crediticia, o liquidar créditos malos.

Sin embargo, implica efectuar una provisión cuando se hace por una operación deteriorada, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

“Ante una novación de deudor, las entidades financieras siempre tendrán que registrar las estimaciones requeridas por la normativa conforme la evaluación de riesgo de crédito del deudor vigente”, dijo la funcionaria.

El Banco Nacional no quiso referirse a la sustitución de deudor realizada con Caprede, o si realizó la provisión.

“El Banco no puede referirse a las mismas por estar toda la información relacionada con los clientes protegida por el secreto bancario”, informó, por escrito, el Banco.

En los últimos cinco años, el BNCR ha enfrentado un alto costo a raíz de préstamos empresariales que entraron en problemas de pago.

El caso más relevante fue el crédito por $103,5 millones dado a la compañía Hidrotárcoles, para la construcción del proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo.

Por esa operación, la entidad tuvo que efectuar una provisión, el 2018, de $43 millones.

Un año antes, la entidad vendió a la asociación solidarista de sus empleados el préstamo por $4 millones, dado a Casa Blanca, dos semanas después de conocerse que la compañía acudió al Juzgado Concursal para evitar la quiebra.

Asimismo, estuvo entre los bancos afectados por el cierre de la empresa Yanber, a la cual otorgó financiamientos por ¢5.233 millones, por los cuales hizo una provisión por ¢3.818 millones, en el 2016.

Colaboró el periodista Diego Bosque.