Tres de las principales obras viales ejecutadas en los últimos años en Costa Rica sumaron sobrecostos por $305 millones, un monto equivalente al presupuesto anual del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), debido a atrasos de meses y hasta años en su ejecución.
Se trata de los intercambios de Taras-La Lima en Cartago, la ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y Limón, y la construcción del tramo norte de la Circunvalación, en San José, según el más reciente informe del Estado de la Nación.
Los números podrían aumentar porque dos de los proyectos aún se encuentran en desarrollo.
De acuerdo con ese análisis, los plazos de ejecución en los citados proyectos han sufrido aumentos que van desde los 30 meses, en el caso de Taras-La Lima (que podría subir aún más), hasta los 66 meses en la Circunvalación norte y la ruta 32.
Al estimar el impacto que estas demoras tienen en los costos, se determinó que en las rutas a Cartago y Limón, los montos invertidos hasta ahora superan en un 23% y 43%, respectivamente, los presupuestos iniciales. Mientras, en Circunvalación la obra terminó costando un 65% más.
“Este rezago repercute de forma negativa en la eficiencia de la movilidad y tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, así como en la competitividad y la sostenibilidad urbana”, señala el documento.
El informe atribuye a la “deficiente gestión” de proyectos clave la principal causa de los extensos plazos de ejecución y sobreprecios. Además, señala que pese a las demoras, los proyectos presentan deficiencias estructurales significativas.
Al analizar el estado de los tres proyectos, se determinó que en el caso de la ruta 32 ya se identificaron “deficiencias graves”, mientras que en Circunvalación y Taras-La Lima, se advierte de “deficiencias importantes”.
El pecado de la preingeniería
Los tres proyectos han sido catalogados en los informes anuales de la Cámara Costarricense de la Construcción como obras cuyo pecado original surgió de la falta de preingeniería. En esa etapa es donde se deben completar tareas como las expropiaciones, diseños, permisos y reubicación de servicios.
Ese análisis mencionó el caso de la ruta 32, que el año pasado, cuando se divulgó el informe, acumulaba 1.726 días adicionales en la fase constructiva, convirtiéndose en el proyecto en ejecución con mayor atraso.
Su principal problema radicó en que se dio la orden de inicio sin contar con los predios requeridos (estimados en más de. 1.600 al inicio y reducidos hasta poco más de 500 a la fecha), además de otras falencias asociadas al diseño y traslado de servicios.
Esa obra recibió orden de inicio en noviembre del 2017 y debía estar lista en octubre del 2020. A la fecha, el proyecto se encuentra en etapas finales y la promesa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es que el tronco principal será entregado a finales de este año, quedando pendientes obras complementarias.
El presupuesto inicial para esta obra era de $465 millones y se proyecta que se requerirán unos $200 millones adicionales para terminarla.
En el caso de Taras-La Lima, los problemas radicaron en errores en diseño que mantuvieron la obra detenida casi un año.
De ahí que, el proyecto que recibió orden de inicio en diciembre del 2020 y debía estar listo en un plazo de 28 meses, se entregará con más de dos años y medio de atraso.
La situación generó un sobrecosto de $13 millones, de acuerdo con cálculos del Estado de la Nación, pero podría ser todavía mayor, según el MOPT. El aumento de precio obligó a realizar ajustes en el alcance de la obra, como la eliminación del cuarto nivel que estaba contemplado en la intersección de la Lima.
La Circunvalación norte, entregada en octubre del año pasado tras siete años en ejecución, también fue considerado el proyecto que arrastró durante años los mayores atrasos. Las expropiaciones en terrenos clave fueron la mayor causa del rezago.
Las obras originalmente habían sido presupuestadas en $141 millones y terminaron costando $333,5 millones, luego de que el plazo de ejecución se incrementara en 66 meses.
Para el ingeniero Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, la falta de planificación sigue viéndose reflejada en la ejecución de obras viales.
“Ha sido típico lo de las expropiaciones, que por temas políticos se inicia la obra sin tenerlas. La realidad es que el trámite tiene una serie de complicaciones y los proyectos se quedan pegados.
“A veces, también se sacan sin tener los recursos porque existen compromisos de Hacienda de desembolsar los fondos, pero en determinado momento los fondos no están.
“Y otras veces se sacan sin tener planos finales, como ocurrió en la carretera a San Carlos”, explicó.
Vargas señaló que licitar y hasta dar orden de inicio sin completar esas condiciones ha sido una “pésima costumbre” en nuestro país.
A criterio del ingeniero, el aumento de los costos obedece no solo a los reajustes de precios asociados al encarecimiento de materiales y mano de obra, sino también a cambios en los diseños originales al tener que incluir trabajos no contemplados o modificaciones en trazados, además de indemnizaciones o reclamos de los contratistas.
A modo de ejemplo, citó el caso de la recién adjudicada obra para terminar la ampliación del tramo de la Interamericana Norte entre Barranca y Limonal, cuyo proyecto original había sido establecido en $182 millones.
En el 2022, tras la disputa con el anterior contratista y la paralización de las obras, debido a que la empresa alegaba que no contaba con los terrenos necesarios para trabajar, el proyecto quedó detenido y fue necesario lanzar una nueva licitación.
El nuevo contrato, adjudicado tres años después, fue encargado en dos tramos, que en total tienen un costo de $260 millones, a los que se deben sumar cerca de $42 millones consumidos en el contrato anterior y en obras complementarias.
Lo anterior significa que el proyecto finalmente costará más de $300 millones, lo que significa un sobrecosto de alrededor de $120 millones, sin que aún se haya reiniciado.
“La decisión errónea de sacar los proyectos, por generar algo que da la imagen de que se está avanzando, en realidad lo que se está haciendo es atrasando el proyecto, generando sobrecostos y todo por no hacer las cosas como se tienen que hacer”, puntualizó.
Según datos de la Cámara de la Construcción, los proyectos de infraestructura que completaron todas las etapas de preingeniería antes de su orden de inicio enfrentaron retrasos promedio del 14,8%; mientras que los que no cumplieron con esas fases previas presentaron demoras de hasta un 177,6%.
La Nación dirigió consultas a las unidades ejecutoras de los proyectos citados en el informe del Estado de la Nación para conocer las razones de atrasos y sobrecostos, así como las medidas que tomadas en las nuevas licitaciones para prevenir tales falencias. No obstante, al cierre de esta publicación no se tuvo respuesta.