La Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aprobó una nueva adenda al contrato con el que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) construye la ampliación de la ruta 32.
Con esa decisión del Conavi se fija como fecha límite para terminar las obras el próximo 28 de diciembre.
Sin embargo, el aval en la modificación del contrato, estuvo lleno de cuestionamientos por parte de dos de los miembros de ese consejo de administración, principalmente por el riesgo de posibles consecuencias legales.
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Según consta en el acta de la sesión realizada el pasado 9 de junio CACONAVI-30-2025, el director ejecutivo del Conavi, Mauricio Sojo, presentó la adenda 8 del proyecto en compañía del gerente de la unidad ejecutora, Ronald Alfaro y el director de carreteras, Ronny Sánchez.
En la presentación, Sojo detalló además el estado de la adenda 7, en la que se incluyeron la mayoría de cambios de pasos elevados a rotondas que se ejecutan en el proyecto. Según dijo, todas esas obras ya dieron inicio y algunas están “prácticamente finalizadas” y agregó que únicamente el acceso a Moín sería modificado, pues ya no será ni paso elevado ni rotonda, sino un giro a la izquierda.
Sojo agregó que todas las demás obras que se pactaron en esa adenda terminarían en tiempo y que hasta ahora los principales atrasos se han presentado por condiciones climáticas.
De seguido, el director del Conavi, procedió a explicar que la adenda 8 (que aprobarían en esa sesión) contempla 6 pasos de fauna y 7 obras de reingeniería. Entre esas obras se incluirían dos rotondas más y carriles de giro en intersecciones donde no se cuenta con todas las expropiaciones.
La sustitución de pasos a desnivel por rotondas, ha sido cuestionada por expertos y los mismos usuarios de la vía, quienes señalan que estas obras no solo reducen el nivel de servicio de la ruta, porque aumenta los tiempos de viaje, sino que además representan riesgos viales, debido a problemas en los diseños
Por su parte, la representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Silvia Díaz Solano, cuestionó que se estuviera pretendiendo aprobar una nueva adenda sin haber terminado las obras contempladas en la anterior. Esa misma inquietud fue planteada por el otro representante de UCCAEP, Roberto Arguedas Pérez.
El encargado de la unidad ejecutora, argumentó que por tratarse de diferentes obras no habría problema.
“La idea de las dos adendas es que se trabajan complementariamente para poder finiquitar el proyecto el 28 de diciembre”, agregó el ingeniero.
No obstante, la directiva pidió que se dejara por escrito dichas afirmaciones, y que en ese mismo detalle se indicara con respaldo técnico que aprobar dicha adenda no representaría implicaciones legales para los miembros del consejo.
Por su parte, Arguedas también preguntó directamente al director del Conavi, si esto representaría alguna consecuencia legal.
“Más bien el riesgo sería si no se agrega esta adenda porque no veríamos la luz al final del túnel, específicamente, en cuanto que no tenemos los tiempos de en cuánto se van a acabar las expropiaciones, ampliaríamos la fecha de la ruta crítica. La idea más bien es definir ya con estas obras de la adenda N°8, ya una línea funcional del proyecto desde inicio a fin, con los cuatro carriles funcionales directamente. Entonces, más bien lo que usted me menciona es un riesgo, más bien, no aprobar la adenda 8”, aseguró el gerente de la unidad ejecutora.
Los funcionarios del Conavi, insistieron de que los riesgos de no aprobar la adenda podrían ir desde incrementos en los plazos, hasta reclamos del contratista y posibles indemnizaciones o que queden obras inconclusas con riesgos para la seguridad vial.
“Y claramente nos daría un impacto en la planificación ya que tendríamos que iniciar de cero con procesos de contratación y no podríamos concluir por lo menos el tronco principal. Estas son algunas cosas de las que queremos evitar que son obras que son necesarias concluir actualmente con la adenda 8”, insistió el director del Conavi.
El gerente de la unidad ejecutora aseguró que la intención es que estás obras se “ajusten dentro del plazo contractual” para garantizar “por lo menos” un proyecto funcional tangible dentro del derecho de vía.
¿Ocultaron advertencias?
El representante de UCCAEP, Roberto Arguedas, también hizo referencia a un oficio enviado por la unidad ejecutora del Conavi, en el cual se hacían una serie de advertencias respecto al contrato, así como la protesta de parte del contratista, el cual no les había sido compartido y los riesgos que esto podía representar.
“El riesgo sería, pues a nosotros porque no le estamos dando la carretera al 100% a CHEC para que pueda ejecutar las obras, entonces el riesgo claramente es de nosotros directamente porque no tenemos la obra como lo dice el contrato, libre para poder ejecutarla. Entonces hay riesgos legales donde CHEC perfectamente podría frenar el proyecto directamente y decir, no puedo seguir ya no veo la luz al final del túnel, como lo vuelvo a reiterar porque pues hay expropiaciones que no me las ha resuelto la administración”, respondió el encargado de la unidad ejecutora.
No obstante, Arguedas además cuestionó la existencia de una nota enviada por el departamento legal del Conavi, en el cual se hacía referencia a una serie de aspectos señalados por el contratista y recomendaba que previo a presentar las modificaciones al Consejo debían referirse a las protestas de la empresa .
Tras varios intercambios, el ministro de Obras Públicas y presidente del Consejo, Efraím Zeledón, sometió a votación la adenda, la cual fue aprobada por cuatro de los seis miembros del consejo. Los dos representantes de UCCAEP votaron en contra.
Arguedas aseguró que las razones de su voto se sustentaron en que pese a las explicaciones no encuentro una “justificación adecuada” y una parte de la unidad ejecutora frente a los documentos presentados por el departamento legal.
“Existe la evidencia de que CHEC no está de acuerdo con las condiciones que se están generando en este contrato y existe una protesta evidente y absoluta y que la unidad ejecutora ocultó a este Consejo de Administración (...) la obligación era, que previo a poner en conocimiento de este Consejo de Administración él debía de referirse a las condiciones de la protesta por parte del CHEC, para este director el informe me queda claro y la unidad ejecutora no está cumpliendo sus funciones adecuadamente”, aseveró.
Por su parte, Díaz detalló que su voto quedaría supeditado hasta que se le brindara respuesta a la nota enviada por el departamento legal, en la cual se señalaban las dudas sobre la ejecutividad de la adenda.
Según el último informe de avance presentado por la unidad ejecutora, a finales de marzo el proyecto tenía aún pendientes 107 expropiaciones que representan un 21% del total de los expedientes que se requerían para la ampliación.
La no disponibilidad de los terrenos ha sido una de las principales razones de atrasos y modificaciones en el alcance de las obras que ha enfrentado el proyecto.
La ampliación de la ruta 32, recibió la orden de inicio a finales del 2017, sin tener la totalidad de los diseños ni permisos y para ese momento se dio a conocer que el proyecto requeriría de alrededor de 1.200 expropiaciones, no obstante ese número se debió ir ajustando mediante optimizaciones en el diseño hasta alcanzar entre 500 y 600 terrenos.
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El proyecto cuyo costo inicial era de $534 millones, debía haberse entregado en octubre del 2020. Actualmente, la obra ya enfrenta un sobrecosto que no ha sido precisado por las autoridades del MOPT; pero que obedece principalmente a los reclamos presentados por el contratista debido a reajustes de precios a causa de los mismos atrasos. Ese monto superaba, según confirmó el MOPT los $200 millones. Mientras que la Administración alistaba un contrareclamo por $177 millones, debido a las demoras que considera son atribuibles a incumplimientos del contratista.