La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recomendó a la Junta Directiva de la entidad abrir una investigación en contra de la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., por abandonar la construcción del nuevo hospital Max Peralta, en Cartago, en setiembre del 2024.
Ahora, el máximo órgano de la CCSS, presidido por Mónica Taylor Hernández, deberá analizar y votar si acoge esa recomendación o deja pasar el asunto sin consecuencias para los mexicanos.
Según Gilbert Alfaro Morales, director Jurídico de la Caja, lo que procede es que los directivos ordenen a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS una pesquisa administrativa “por su negativa (de la compañía) de formalizar el contrato de la licitación”.
En un pronunciamiento, fechado el 9 de octubre del 2024, también aconsejó abrir una investigación preliminar para “determinar la existencia o no de alguna responsabilidad patrimonial atribuible a la empresa”.
Si, eventualmente, se comprueba que la firma cometió una falta, se expone a un apercibimiento, inhabilitación para otras contrataciones con el Estado, o bien, cobros por daños y perjuicios.
La Nación intentó conocer la posición de Mónica Taylor sobre este tema, pero evitó referirse al respecto durante una llamada telefónica realizada el lunes pasado. “Vieras qué pena, pero sobre eso no voy a opinar, porque es un tema que aún no está resuelto y vamos a ver en Junta Directiva; por eso, no puedo darle declaraciones”, dijo la jerarca.
De igual forma, se intentó conversar con Francisco Obando, representante legal de la Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., pero no contestó los mensajes enviados a su teléfono celular.
Esa firma mexicana dejó el proyecto en setiembre del 2024, pese a haber ganado un largo de proceso de contratación por $314 millones. En esa ocasión, argumentaron que las diferencias entre la CCSS y el Poder Ejecutivo sobre la idoneidad del terreno seleccionado, en El Guarco, Cartago, para construir la obra, comprometían su viabilidad. Adujeron, además, problemas con las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en el país.
¿Qué dice la ley?
Por tratarse de una contratación antigua, que data del 2022, la eventual investigación interna se debe tramitar bajo los parámetros de la ley vigente en ese entonces, es decir, la Ley de Contratación Administrativa, que en sus artículos 99 y 100 establece las posibles sanciones.
Por ejemplo, el primero de esos dos apartados establece una sanción de apercibimiento al proveedor que “deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa, en los casos en que se haya requerido garantía de participación”.
Mientras, el artículo 100 detalla una serie causales para inhabilitar, hasta por diez años, a una empresa para participar en procedimientos de contratación administrativa. Entre ellas está el inciso h, el cual señala que será inhabilitado quien “deje sin efecto su propuesta sin mediar una causa justa, en los casos en que no se haya requerido garantía de participación”.
La Contraloría General de la República explicó, en setiembre del 2024, ante consulta de La Nación, que en este caso aplicaría el marco sancionatorio de la Ley de Contratación Administrativa y no el de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde diciembre del 2022, pues la construcción del nuevo centro médico en Cartago se licitó bajo la legislación anterior.
“Con respecto a las eventuales sanciones aplicables al contratista, no es posible indicar en este momento la causal que podría motivar su responsabilidad, ni su sanción, toda vez que para ello se debe hacer una investigación que determine si existen razones para iniciar un procedimiento sancionatorio”, declaró el ente contralor en esa ocasión.
CFIA dice que se debe avanzar
El pasado miércoles, un reportaje de La Nación dio a conocer que la Gerencia Financiera y la Dirección Jurídica de la CCSS recomendaron readjudicar la construcción del nuevo hospital de Cartago entre las ofertas que cumplieron con los requisitos técnicos, legales y financieros.
Guillermo Carazo, director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), declaró que es “válido” que la CCSS analice esa opción. “Una empresa puede retirarse porque se equivocó en el cartel y resulta que los números no le dan y prefiere retirarse; eso es algo que ha sucedido”, justificó.
La segunda opción en este proceso de licitación es la del consorcio Van der Laat y Jiménez, que cobró $398 millones, precio que fue declarado como razonable por la CCSS a la hora de evaluar las ofertas.
Carazo agregó que si la CCSS no readjudica, lanzar y completar una nueva licitación podría tomar tres años, aproximadamente.
Las instalaciones actuales del Hospital Max Peralta tienen más de 130 años de haberse construido y sufren un serio deterioro.
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El nuevo Hospital de Cartago se levantará en un terreno con un área superior a los 118.000 metros cuadrados, contará con seis edificios para salones de pacientes, quirófanos, laboratorios, farmacia, lavandería, oficinas administrativas y otros. En total, tendrá hasta 457 camas para pacientes y diez salas de cirugía y una torre de estacionamiento.