La Cámara Costarricense de la Construcción y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) advirtieron de la necesidad de garantizar seguridad jurídica y certidumbre para evitar que las empresas constructoras pierdan interés en participar en licitaciones de obras públicas, como ocurrió con la empresa adjudicada para construir el nuevo hospital de Cartago.
La firma mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. señaló que entre las razones para retirarse del proyecto, se encuentran las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar en los últimos tres años y las diferencias de criterios entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud sobre la conveniencia de construir el hospital en el terreno elegido, lo cual pone en “entredicho” la obra.
Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara, aseguró que el nivel actual del tipo de cambio es un desincentivo importante para las contrataciones pactadas en dólares, pero además las desavenencias entre instituciones públicas en torno a la realización de proyectos clave, generan inseguridad jurídica para las empresas.
“En este momento el país atraviesa una coyuntura crítica en materia de obra pública; tenemos grandes necesidades de infraestructura de todo tipo, pero el aparato estatal tiene serios problemas de gestión que afectan la ejecución de presupuestos y la eficiencia en los procesos licitatorios. Adicionalmente, la Administración no está permitiendo los procesos de reajustes de precios en los contratos de suma alzada para obra pública”, afirmó Murillo.
Según el representante, esta situación, sumada a los extensos plazos en que se desarrollan los concursos, adjudicaciones y ejecuciones, aumenta los riesgos para cualquier empresa que participe en proyectos de construcción de obra pública. Esto, dijo, crea un ambiente “menos propicio” y poco atractivo para las empresas, lo cual es “sumamente nocivo” para el país debido a la urgencia de atender las necesidades de infraestructura.
Por su parte, Olman Vargas, presidente del CFIA, destacó que en el campo de la construcción, como en cualquier otra área de negocios, el clima debe ser positivo, y para ello debe existir claridad sobre la legalidad en todos los procesos licitatorios para que las empresas participen en igualdad de condiciones.
“Cuando hay cambios muy bruscos, como ha ocurrido en algunos proyectos de infraestructura detenidos abruptamente, y no se ofrecen soluciones claras sino que aún se buscan alternativas, no se favorece ese clima positivo que debe existir entre la administración licitante y las empresas del mercado”, explicó.
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Vargas añadió que es necesario que el Poder Ejecutivo establezca una “política clara” y evite generar situaciones que afecten la confianza de las empresas en los procesos licitatorios.
‘Llama la atención’ abandono de proyecto de hospital de Cartago
No obstante, indicó que en el caso de la empresa que había sido seleccionada para construir el hospital de Cartago, “llama la atención” que desistiera del proyecto en esta fase, ya que la compañía había participado en un momento en el que se conocían los cambios económicos que había experimentado el país.
“La decisión no parece ser consistente con una razón en particular que pudiese estar afectando al sector”, señaló Vargas.
Diputados de oposición manifestaron sospechas de que hubo presiones de la Administración, que se oponía a edificar el nuevo Max Peralta en el terreno adquirido desde 2011 por la Caja en el cantón de El Guarco.
En una nota firmada por el representante de la empresa, Francisco Obando León, se indica que “hay claras desavenencias entre instituciones del Estado costarricense” en relación con los criterios opuestos sobre la viabilidad del terreno adquirido para la obra.
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“La incertidumbre derivada del clima político en torno al proyecto y la falta de certidumbre respecto a la posibilidad de ejecutar el mismo conforme a lo originalmente previsto constituye un verdadero caso fortuito (acto del príncipe), lo que justifica dejar sin efecto nuestra propuesta y exime de responsabilidad a Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S. A. de C. V.”, añade el documento.
En el proceso de licitación de este proyecto participaron cuatro empresas. La oferta de Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V. obtuvo una calificación del 98,22% en los análisis técnicos y fue por $314,1 millones. La Caja aún no ha determinado si será necesario comenzar de cero con un nuevo concurso para desarrollar la obra que es urgente para la región.
