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Más de 30 organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos denunciaron la colocación de una valla en la entrada de Puntarenas, en la cual se declara “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Wálter Brenes, ambos reconocidos por su defensa de la vida marina y la legalidad ambiental.
La valla, colocada en La Angostura, muestra las fotografías de ambos con los rostros tachados, lo que las organizaciones califican como un acto de estigmatización y violencia simbólica promovido por sectores que se autodenominan “pesqueros”.
Ante este hecho, los grupos emitieron un pronunciamiento conjunto en el que expresan su “rotundo rechazo a los actos de odio, amenazas y hostigamiento” contra las personas defensoras del ambiente.
El documento fue suscrito por organizaciones como Costa Rica por los Océanos, Bloque Verde, Red de Mujeres Costeras y Rurales, Aprefloflas, Fundación Promar, Universidad Bíblica Latinoamericana, Covirenas Caribe Sur, entre otras.
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Los firmantes contextualizan este incidente dentro de una creciente ola de violencia e intolerancia hacia quienes defienden los ecosistemas del país.
Recordaron que la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 21 de junio de 2023, ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) cumplir con la Ley de Conservación de Vida Silvestre y detener la captura y comercialización del tiburón martillo, incluso de forma incidental.
Molestia por resoluciones judiciales
Según las organizaciones, el origen de estos ataques está ligado al desacuerdo de algunos sectores pesqueros con las resoluciones judiciales y con la aplicación de la ley ambiental, así como a un clima político que ha debilitado la protección de los defensores ambientales.
“El uso de mantas anónimas y amenazas públicas buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana”, advirtieron, al recordar que la Sala Constitucional ya había declarado inconstitucional una práctica similar ocurrida en Talamanca, cuando se declaró non gratos a ambientalistas en ese cantón.
Las organizaciones pidieron la intervención de la Defensoría de los Habitantes, el Sistema de Naciones Unidas y otros entes nacionales e internacionales de derechos humanos, para proteger la integridad de quienes defienden los ecosistemas marinos y prevenir nuevos hechos de violencia.
El pronunciamiento subraya que “en Costa Rica, lo único non grato debe ser la intolerancia y la violencia hacia quienes protegen la naturaleza”, e insta al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección de defensores ambientales, en coherencia con el Acuerdo de Escazú y la jurisprudencia nacional.
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“Rechazamos estos actos de violencia, agresión y amenaza a la integridad física. ¡Basta ya de atacar a los defensores ambientales de Costa Rica!”, expresó Covirenas Caribe Sur, una de las organizaciones firmantes.
Por su parte, Fundación Promar calificó la valla como “una barbaridad que refleja una total falta de tolerancia y respeto hacia quienes buscan evitar la desaparición de especies marinas vitales para los ecosistemas y la seguridad alimentaria”.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la opinión pública, a las instituciones del Estado y a los sectores pesqueros responsables a repudiar abiertamente los discursos de odio y la estigmatización de las personas que dedican su vida a proteger el ambiente.
