Los magistrados de la Sala Constitucional acogieron para estudio un recurso de amparo interpuesto por el abogado ambientalista, Wálter Brenes, mediante el cual solicitó detener, de forma inmediata, el regreso de la pesca de arrastre a los mares costarricenses.
Al acoger el recurso, el Tribunal ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) referirse a los alegatos del recurrente, quien advierte del daño ambiental que podría provocar esta actividad económica en los ecosistemas marinos.
Asimismo, deberán referirse a la decisión los ministerios de la Presidencia, Ambiente y Energía (Minae), y Agricultura y Ganadería (MAG). La Sala les dio un plazo de tres días a partir de que cada entidad sea notificada.
La Sala recordó que los recurridos deben emitir el informe bajo juramento “de manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o de falso testimonio”.
Mediante Incopesca, el Gobierno entregó ocho licencias de explotación comercial de camarón con técnica de arrastre en el fondo marino, amparándose en un estudio cuestionado por académicos, científicos y ambientalistas.
En el recurso, el abogado pide a los magistrados anular el acuerdo de la Junta Directiva de Incopesca, del 23 de marzo anterior, de emisión de las licencias de explotación comercial.
Las licencias permiten a ocho embarcaciones extraer camarón durante dos años y venderlo en el mercado como parte de un estudio sobre el uso de la red AA Costa Rica, a fin de determinar si esta reduce el porcentaje de captura de otras especies.
Brenes sostiene que se deben suspender las licencias debido a que, en su criterio, van en contra del derecho de los costarricenses a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además, afirma que el estudio anunciado por el Gobierno viola el artículo 7 de la Constitución Política, por cuanto se han firmado tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Esta determina que los países deberán establecer límites de captura permitida sobre la base de información científica, confiable y disponible.
También, argumenta que Costa Rica acogió el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), así como la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, ambos acuerdos suscritos en 1999.
“Estos tratados marcan una clara tendencia mundial hacia la protección de los recursos naturales, entre ellos, los hidrobiológicos, que garantizan la sostenibilidad de los recursos a través de una explotación racional, lo cual excluye por completo arrasar con el fondo marino del océano, como propone la llamada pesca de arrastre”, argumentó el abogado.
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También, adujo que la decisión del Gobierno de reanudar la pesca de arrastre, mientras estudia su viabilidad ambiental, viola el derecho 21 de la Constitución porque “no es concebible la vida humana sin seguridad alimentaria y, dados los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de la nación”.
Brenes agregó que la reanudación de este tipo de pesca es contraria al artículo 50 de la Constitución Política, el cual establece el deber del Estado de garantizar el bienestar, el adecuado reparto de la riqueza y el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Estudios cuestionados
La pesca de arrastre fue prohibida por la Sala IV en el 2013 por el severo daño ambiental que produce en otras especies. El tribunal dijo que solo podría reactivarse si se demuestra que se puede hacer de forma sostenible.
El Gobierno no invitó ni a la academia, ni a científicos, ni a pescadores, ni a ambientalistas, a participar en la creación de la metodología de los estudios de pesca de camarón. Estos sectores además señalaron que sus observaciones tampoco fueron escuchadas.
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Diversos profesionales plantearon dudas sobre la base científica de los estudios.
En enero pasado, antes de que dieran inicio los análisis, la Fundación MarViva denunció un “intento solapado” por revivir la pesca de arrastre en los mares costarricenses.
El director general de MarViva, Jorge Arturo Jiménez, afirmó que la metodología implementada por Incopesca está dirigida a concluir, falsamente, que la actividad es sostenible.