Representantes de nueve asociaciones de pescadores artesanales de Puntarenas y Guanacaste solicitaron a los diputados, este jueves, investigar el regreso de la pesca de arrastre a los mares costarricenses.
Los pescadores reclaman que el Gobierno entregó licencias de explotación comercial de camarón mediante la técnica de arrastre a ocho embarcaciones, amparándose en un estudio fuertemente cuestionado por académicos, científicos y ambientalistas.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) ordenó el inicio de las actividades extractivas de camarón el pasado 24 de marzo, por un periodo que se extenderá durante dos años.
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Los pescadores artesanales reclaman que el Gobierno ignoró los señalamientos en contra de la metodología desarrollada. Aducen, además, que es tan grave el daño ocasionado a los ecosistemas marinos, mediante el arrastre de redes que pesan toneladas, que sus actividades económicas de supervivencia podrían verse afectadas en un futuro cercano.
“La pesca de arrastre genera consecuencias negativas en el ámbito económico, social y ambiental. Deteriora los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías, principalmente las artesanales, de las que dependen nuestras comunidades costeras para la subsistencia”, señala el manifiesto público de las organizaciones.
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La solicitud emplaza a los diputados de Puntarenas y Guanacaste a abrir una comisión investigadora sobre el procedimiento implementado por el Gobierno.
Piden también llamar a comparecer al presidente ejecutivo de Incopesca y ministro de Pesca, Heiner Méndez Barrantes.
En tanto, al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le piden “ser coherente con su compromiso de campaña del uso eficiente de los recursos públicos”.
Los grupos señalan que los estudios de pesca de arrastre cuestan ¢126 millones, los cuales serán consumidos en un análisis que, en su criterio, no tienen sustento técnico ni científico para validar los resultados.
La pesca de arrastre fue prohibida por la Sala IV en el 2013 por el severo daño ambiental que produce en otras especies. El tribunal dijo que solo podría reactivarse si se demuestra que se puede hacer de forma sostenible.
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De acuerdo con las nueve asociaciones de pescadores artesanales, el Gobierno no invitó ni a la academia, ni a científicos, ni a pescadores, ni a ambientalistas, a participar en la creación de la metodología de los estudios de pesca de camarón. Señalaron que sus observaciones tampoco fueron escuchadas.
“A los sectores comerciales costeros, turísticos, gobiernos locales de la zona, universidades y a las organizaciones sociales, les instamos a solidarizarse con esta petición y manifestarse en contra de la manera en la que se está ejecutando esta investigación”, señalaron las organizaciones.
El documento es firmaron por José Aguirre, Auxiliadora Díaz, María Elena Ávila, Edgar Fernández, Wilson Pérez, William Quirós, Emilio Peralta, Gloriana Díaz y Melvin Díaz. Ellos son los presidentes de asociaciones y comités de pescadores artesanales de comunidades en Puntarenas y Guanacaste.
En enero pasado, antes de que dieran inicio los análisis, la Fundación MarViva denunció un “intento solapado” por revivir la pesca de arrastre en los mares costarricenses.
El director general de MarViva, Jorge Arturo Jiménez, afirmó que la metodología implementada por Incopesca estaba dirigida a concluir, falsamente, que la actividad es sostenible.
“Si debía hacer el estudio, Incopesca pudo actuar de manera transparente y colaborativa, y haber propuesto una investigación aceptable”, reclaman los pescadores artesanales en su manifiesto.
