La Fundación MarViva, una organización de protección de recursos marinos y costeros, denunció que el Gobierno pretende reactivar la pesca de arrastre en el lecho marino “de forma solapada”, usando como base estudios que fueron anunciados en setiembre por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante una gira a Puntarenas.
Ese grupo internacional, que defiende la vida marina y promueve la pesca sostenible, aseguró que la metodología científica que se usará para estudiar la viabilidad de la pesca de camarón se desconoce y calificó la situación como “oscurantismo”.
Así lo afirmó el director general de MarViva, Jorge Arturo Jiménez Ramón. Según dijo, las instituciones han negado acceso a información pública sobre el estudio. Además, han excluido del proceso a organizaciones no gubernamentales y científicos de la academia costarricense.
Jiménez dijo que plantearon una última solicitud al Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para que den respuestas. De lo contrario, acudirán a la Sala IV a exigir ese derecho.
La pesca de camarón por técnica de arrastre en el suelo marino está prohibida por el grave daño que provoca a otras especies, según un fallo de la Sala Constitucional.
El Tribunal suspendió las licencias a los camaroneros en 2013, pero dejó la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demuestra una salida sostenible.
En el 2020, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó un proyecto de ley aprobado en el Congreso para la reactivación de esa actividad con el uso de la red denominada “AA Costa Rica”.
El 30 de setiembre pasado, en Puntarenas, el mandatario Rodrigo Chaves dijo en un acto público luego de reuniones con sectores pesqueros: “Anuncio con gran satisfacción que hay un acuerdo entre quienes no se hablaban antes y pasaban peleando, es decir, Incopesca y Minae, para que en el primer trimestre de 2023, exploremos y lancemos un proyecto de nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón en el Pacífico”.
Agregó: “Los estudios y el proyecto que están detrás de esto fueron aprobados por la Junta Directiva de Incopesca. No es que se los vamos a presentar, ya están aprobados, tienen la plata, el presupuesto, las naves y los biólogos para ir a estudiar esto bien”.
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El líder de MarViva, entidad sin fines de lucro, relató que en un inicio, ante la presión de esa fundación y otras organizaciones no gubernamentales, las autoridades convocaron a una mesa informativa. En esta, presentaron datos generales y “escuetos” sobre los estudios. A partir de ahí, sostuvo, se cortó toda comunicación con las autoridades.
“No es mucha la información que tenemos, porque no es mucha la información que nos quiere dar”, sostuvo el ecologista.
La Nación solicitó a Incopesca y Minae detalles sobre el estudio. Sin embargo, no se recibió respuesta antes de esta publicación. También se enviaron consultas al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, y al ministro de Pesca, Heiner Méndez.
“Falta de rigurosidad científica en nuevos estudios”
El director de MarViva, quien es biólogo y posee un PhD en Ecología Marina, sostiene que los estudios carecen de total rigurosidad científica y que están encaminados a justificar el reinicio de la pesca de arrastre. Lo afirmó a la luz de los elementos que hasta ahora conoce sobre la metodología de la investigación.
Jiménez advirtió que esta práctica daña el lecho marino y atenta contra el sustento de los pescadores artesanales.
Uno de los factores que cuestiona es la zona en donde se realizarán los lances de las redes. Se les informó que se realizarán “en aquellos sitios donde tradicionalmente se ha pescado”. No obstante, en su criterio, lo que procede es hacerlo en lugares aleatorios, no seleccionados por las autoridades, como se pretende.
“Científicamente, hablar así es totalmente irresponsable, es decir, la selección del sitio tiene que ser aleatoria; el número de muestras no pueden ser prefijadas en 33, dependen de la variabilidad de la muestra.
“Todo parece indicar que vamos a repetir un estudio mediocre sobre esto, que va a representar millones de colones. Cuando usted analiza el proceso se da cuenta cómo ha habido una estrategia alrededor de esto”, agregó el director de MarViva.
Otro de los elementos que conocen, según declaraciones públicas de las autoridades involucradas, es que se van a habilitar ocho embarcaciones en las investigaciones: una por cada familia puntarenense con embarcaciones de arrastre.
Además, señaló que, con una reforma a la Ley de Pesca, aprobada en marzo de 2022, se habilitó a las embarcaciones que participan en estudios como estos a comercializar el producto capturado.
“Lo que va a pasar ahora es que tenemos ocho embarcaciones –una por cada familia que tiene embarcaciones de arrastre– trabajando en los lugares donde ellos decidan y comercializando el producto, o sea, van a vender camarón por dos años.
“Si esto no es una forma solapada de reactivar la pesca de arrastre en el país, yo no sé qué es”, argumentó Jiménez.
MarViva señaló que lo usual es que el producto de captura científica, como es este el caso, tiene que ser vendido con el propósito de obtener recursos para fortalecer al Incopesca, o bien, como se hacía antes de la reforma, distribuirlo a escuelas públicas para los comedores escolares.
“Contra viento y marea, el Gobierno va a iniciar un estudio que está predefinido para demostrar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Después de gastar varios millones de los contribuyentes, llegaremos en dos años a decir que este estudio demostró que es muy sostenible, sustentable toda la metodología, y que tiene que haber un proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre.
“Mientras tanto, durante estos dos años, se estará vendiendo camarón de arrastre con el beneplácito del Gobierno”, argumentó el científico.
Análisis científico
El director de MarViva insistió en que “metodológicamente el estudio no soporta un análisis científico”. Agregó que los resultados “no podrán ser utilizados para generalizar sobre la población de camarones en el Pacífico de Costa Rica ni para cumplir con lo que la Sala Constitucional pidió”.
En el 2020, cuando los diputados aprobaron revivir la pesca de arrastre, lo cual vetó Alvarado, Incopesca también lideró los estudios técnicos que, supuestamente, señalaban una disminución en la captura de otras especies, como peces y tortugas durante el arrastre del lecho marino, conocida como pesca incidental.
La supuesta conclusión de los cuestionados estudios es que, por cada tonelada arrastrada del fondo del mar, se capturaba un 75% de camarón y un 25% de otras especies, lo que se conoce como pesca incidental.
No obstante, múltiples científicos cuestionaron la metodología y la forma en que se hizo el estudio porque fue corto en tiempo, además de que no consideró diferentes sectores del mar ni épocas del año.
Jorge Arturo Jiménez comentó que en este caso se están cometiendo los mismos errores.
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Se usará la misma red
MarViva también denunció que el Gobierno dice públicamente que para el nuevo estudio se utilizará una red distinta a la AA, usada en la cuestionada investigación de 2018. No obstante, la organización sostiene que se trata de la misma técnica.
De acuerdo con Jiménez, las autoridades les informaron que usarán una red que supuestamente flota. Pero, dijo que para la pesca de camarón eso no es posible debido a su gran peso.
“Oír a un ministro decir que ahora la nueva red no será la AA sino una nueva; no, es la AA, simple y llanamente. Decir que es una red que flota es totalmente falso, se arrastra sobre el fondo marino, levanta sedimento, libera toneladas de gases de efecto invernadero.
“Ellos ven como un gran logro que se reduzca la pesca incidental a un 70%, es decir, que en lugar de ser el 90% o 99%, sea un 70%.
“Esto quiere decir que por cada tonelada, 700 kilogramos no van a ser camarón, van a ser otras especies que van a botar. ¿Es eso sostenible?, ¿cómo eso puede llamarse sostenible? Aún aceptando que son muy exitosos y que logren reducir del 90% al 70%, para mí eso no es ningún logro, para mí eso sigue siendo la destrucción descarada de los ecosistemas marinos”, dijo Jiménez.
Por último, MarViva señaló que “los políticos” pretenden reactivar la pesca de camarón, causando un daño ambiental, alegando una mala situación socioeconómica en Puntarenas. No obstante, alegó que estudios socioeconómicos realizados por esa organización han demostrado que, desde 2001, en la provincia de Puntarenas se han perdido más empleos por la caída en el comercio, transporte y turismo, que por la misma pesca.
En esa misma línea, el director general alentó al Gobierno a invertir en eliminar las trabas burocráticas para desarrollar negocios relacionados con el cultivo de camarón, alternativa sostenible a la pesca de arrastre.
