Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR), solicitó al Gobierno someter los resultados del nuevo estudio de pesca de arrastre a una revisión de pares externa.
La revisión por pares es un método que se usa para validar la calidad de investigaciones científicas. Consiste en un proceso mediante el cual un grupo de especialistas, externo a esa investigación, evalúa los procesos, las técnicas y los resultados obtenidos, con el propósito de medir la credibilidad y la calidad de los análisis.
De acuerdo con el doctor en Biología, esa es la única manera de evitar “suspicacias” en el estudio que impulsan el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con miras a la reactivación de la pesca de arrastre en los mares costarricenses.
“Los informes técnicos de Incopesca tienen que pasar por pares externos, tienen que demostrar los datos con que fueron evaluados, las técnicas de muestreo y cómo eventualmente la metodología (AA Costa Rica) puede bajar la incidencia de pesca de fauna de acompañamiento.
“Es un principio básico. Realmente la objetividad científica es uno de los elementos básicos para que podamos aceptar la realidad de los datos, la realidad de esa información”, señaló el investigador y catedrático.
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar de la UCR, la Escuela de Biología de la Universidad Nacional (UNA) y la Fundación MarViva han denunciado opacidad por parte del Gobierno en el proceso de confección de la metodología científica que se usará para el nuevo estudio.
Contrario a lo que informó el Gobierno mediante un comunicado de prensa y declaraciones en video, las organizaciones académicas, científicas y no gubernamentales sostienen que el proceso no ha sido transparente ni participativo.
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Señalaron que hubo una única reunión en la que informaron “someramente” sobre aspectos “muy básicos” del estudio, pero que nunca hubo espacios participativos, donde pudieran expresar sus criterios o plantear ajustes a la metodología.
Incluso, el doctor Jorge Arturo Jiménez Ramón, director general de Fundación MarViva, denunció que el Poder Ejecutivo pretende revivir solapadamente la pesca de arrastre.
Ante esta situación, el director de Cimar, Álvaro Morales, sostuvo que es fundamental que el estudio se someta a la revisión de pares. “Así se puede evitar suspicacia en la información porque, es muy cierto, a veces uno se pone a pensar si hay algún manejo de datos que no sea adecuado”.
Afirmó que, si el estudio de pesca de arrastre pasa este filtro, “veremos sencillamente que efectivamente las nuevas tecnologías están funcionando”.
“El día que estos informes vayan a pares externos y ellos nos indiquen que todo está en orden, probablemente todo esté en orden; pero hay que hacerlo, y eso es algo que preocupa a Cimar, a los colegas de la UNA, a MarViva. Entonces es básico, que tratemos de estar de acuerdo en algo tan elemental como eso”, afirmó Morales.
La academia y las organizaciones no gubernamentales han planteado fuertes críticas sobre las variables seleccionadas por el Gobierno para hacer el estudio de pesca de arrastre, que iniciará en el primer trimestre de este año y se extenderá por dos años.
Múltiples cuestionamientos
La academia y las organizaciones no gubernamentales han planteado fuertes críticas sobre las variables seleccionadas por el Gobierno para hacer el estudio de pesca de arrastre, que iniciará en el primer trimestre del 2023 y se extenderá por dos años.
El director de la Escuela de Biología de la UNA, el doctor Ángel Francisco Herrera Ulloa, incluso remitió un oficio con copia a los ministros de Ambiente y Pesca, Franz Tattenbach y Heiner Méndez, demandando responder cuáles son las investigaciones en el mundo que sustenten la metodología que el Gobierno pretende implementar.
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Herrera también cuestionó al Gobierno sobre la justificación científica de seleccionar a ocho embarcaciones para hacer los estudios, así como la posibilidad de que cada una realice 33 lances “efectivos” de la red. En esa misma línea, señaló que los observadores contratados para el proceso ni siquiera son profesionales en el área.
La pesca de arrastre es un método que consiste en jalar o tirar una enorme y pesada red con una embarcación, a través del lecho marino, con el objetivo de capturar especies en particular, como el camarón.
El problema es que también arrastra otro tipo de especies, como peces y tortugas. Además destruye corales, ecosistemas marinos y también emite gases de efecto invernadero, según ha demostrado la ciencia.
Este tipo de pesca está prohibida en Costa Rica debido al grave daño que provoca en la biodiversidad marina, según un fallo de la Sala Constitucional. El Tribunal suspendió las licencias a los camaroneros en 2013, pero dejó la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demuestra una alternativa sostenible.
En el 2020, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó un proyecto de ley aprobado en el Congreso para la reactivación de esa actividad con el uso de la red denominada “AA Costa Rica”.
Incopesca también lideró esos estudios técnicos que, supuestamente, señalaban una disminución en la captura de otras especies, como peces y tortugas durante el arrastre del lecho marino, conocida como pesca incidental.
La conclusión de esos estudios fue que, por cada tonelada arrastrada del fondo del mar, se capturaba un 75% de camarón y un 25% de otras especies, lo que se conoce como pesca incidental.
Sin embargo, Alvarado vetó la ley aprobada en el Congreso debido a los múltiples cuestionamientos técnicos y científicos sobre la investigación de Incopesca que sustentó los supuestos resultados.
La red “AA Costa Rica” es exactamente la que el Gobierno de Rodrigo Chaves pretende usar en el nuevo estudio.
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