El abogado ambientalista Wálter Brenes presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, solicitando detener, de forma inmediata, el regreso de la pesca de arrastre en los mares costarricenses, con el fin de garantizar el derecho a tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
A través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Gobierno entregó ocho licencias de explotación comercial de camarón, mediante la técnica de arrastre, amparándose en un estudio fuertemente cuestionado por académicos, científicos y ambientalistas.
En su recurso, el abogado pide a los magistrados anular el acuerdo de la Junta Directiva de Incopesca, del 23 de marzo anterior, mediante el cual se emitieron las licencias de explotación comercial.
De mantenerse sin variación, las ocho embarcaciones podrán seguir extrayendo camarón mediante la técnica de arrastre del lecho marino en aguas del Pacífico durante los próximos dos años.
A criterio de Brenes, el estudio anunciado por el Gobierno viola el artículo 7 de la Constitución Política, por cuanto se han firmado tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Esta determina que los países deberán establecer límites de captura permitida sobre la base de información científica, confiable y disponible.
También argumenta que Costa Rica acogió el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), así como la Convención Interamericana para la Protección de las Tortugas Marinas, ambos acuerdos suscritos en 1999.
“Estos tratados marcan una clara tendencia mundial hacia la protección de los recursos naturales, entre ellos, los hidrobiológicos, que garantizan la sostenibilidad de los recursos a través de una explotación racional y, consecuencia de ello, la seguridad alimentaria de la población, lo cual excluye por completo arrasar con el fondo marino del océano, como propone la llamada pesca de arrastre”, argumentó el abogado.
El activista ambiental también adujo que la decisión del Gobierno de reanudar la pesca de arrastre, mientras estudia su viabilidad ambiental, viola el derecho 21 de la Constitución, debido a que “no es concebible la vida humana sin seguridad alimentaria, y dados los elevados porcentajes de captura incidental, la pesca de arrastre atenta contra la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos de la nación”.
De hecho, el jueves anterior, un grupo de nueve asociaciones de pescadores artesanales de Puntarenas y Guanacaste emplazó a los diputados a crear una comisión legislativa para investigar el otorgamiento de las licencias de explotación comercial a embarcaciones camaroneras.
Los pescadores artesanales reclaman que el Gobierno ignoró los señalamientos en contra de la metodología desarrollada para el estudio. Aducen, además, que es tan grave el daño ocasionado a los ecosistemas marinos, mediante el arrastre de redes que pesan toneladas, que sus actividades económicas de supervivencia podrían verse afectadas en un futuro cercano.
El abogado por su parte, argumentó, en su recurso de amparo, que la decisión del Gobierno también es contraria al artículo 50 de la Constitución Política, debido a que “la pesca de arrastre no es compatible con el deber del Estado de garantizar el bienestar, el adecuado reparto de la riqueza y el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Brenes alegó que esta actividad económica “usa sectores vulnerabilizados de la población como mano de obra barata para enriquecer a una minoría de la cadena de producción”.
Estudios criticados
La pesca de arrastre fue prohibida por la Sala IV en el 2013 por el severo daño ambiental que produce en otras especies. El tribunal dijo que solo podría reactivarse si se demuestra que se puede hacer de forma sostenible.
El Gobierno no invitó ni a la academia, ni a científicos, ni a pescadores, ni a ambientalistas, a participar en la creación de la metodología de los estudios de pesca de camarón. Estos sectores además señalaron que sus observaciones tampoco fueron escuchadas.
Diversos profesionales plantearon dudas sobre la base científica de los estudios.
En enero pasado, antes de que dieran inicio los análisis, la Fundación MarViva denunció un “intento solapado” por revivir la pesca de arrastre en los mares costarricenses.
El director general de MarViva, Jorge Arturo Jiménez, afirmó que la metodología implementada por Incopesca está dirigida a concluir, falsamente, que la actividad es sostenible.
