El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda prohibió al Estado la exportación de cinco especies de tiburones, de acuerdo con la medida cautelar emitida el 18 de setiembre.
La prohibición además va dirigida al Instituto Costarricense de la Pesca (Incopesca), entidad que depende orgánicamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
La demanda contra el Estado y las entidades fue interpuesta a título personal por el activista ambiental y abogado, Walter Brenes Soto.
La prohibición incluye las especies tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus), tiburón zorro común o del Atlántico (Alopias vulpinus), tiburón zorro ojón (Alopias superciliosus), tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y tiburón gris de arrecife (Carcharhinus amblyrhynchos), según la resolución de la que tiene copia La Nación.
Las cuatro primeras especies están incluidas en la lista de especies marino costeras amenazadas o en peligro de extinción, publicada por el Sinac en La Gaceta N.º 93 del 17 de mayo de 2021.
Víctor Carvajal, jerarca del MAG, anunció que presentaron una oposición contra la decisión del Tribunal porque afecta 8.000 personas que viven de forma directa e indirecta de esta actividad.
‘Abogado de los tiburones’
Consultado por este medio, Brenes aseguró que la demanda la interpuso a titulo personal y no a nombre de ninguna organización. “Si formalmente se tiene que decir a quien represento, yo soy el abogado de los tiburones”, aseguró.
Este jueves el MAG e Incopesca, por medio de un comunicado de prensa, señalaron que refutan de forma técnica, científica y jurídica los argumentos del demandante y exigen la revisión urgente de la medida, por su grave impacto económico y social.
Además se señala que el Incopesca aportó pruebas verificables que confirman el cumplimiento riguroso de las regulaciones nacionales e internacionales, incluyendo la Convención Cites, que no prohíbe la exportación de estas especies, sino que establece mecanismos de control que Costa Rica ha venido aplicando de forma responsable.
El comunicado indica que la medida judicial ha generado consecuencias “alarmantes”: más de 8.000 personas afectadas directa e indirectamente, barcos paralizados en altamar, producto retenido sin posibilidad de descarga, y familias sin ingresos ni alternativas inmediatas.
Brenes dijo que la demanda tiene como antecedente que la decisión de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que, en junio de 2023, determinó que tres especies de tiburones martillo no tienen interés comercial y se encuentran en peligro de extinción.
“Se están exportando a niveles que exponen a los pocos especímenes que quedan en las aguas territoriales de Costa Rica. Han venido con una alta demanda”, apuntó.
Brenes dijo que la posición del MAG le “preocupa”. “Básicamente, están queriendo justificar un delito. En Costa Rica no se pueden exportar especies que están vedadas porque están en peligro de extinción”, dijo.
La sentencia de la medida cautelar fue emitida por el juez Alexander Castillo Aguilar y consta en el expediente 24-004125-1027-CA.