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Panamá. En un pueblito del Caribe panameño, el venezolano Luis Montilla aguarda para pagar una lancha en su camino de regreso tras no lograr entrar a Estados Unidos. Prefiere dormir en la playa a estar encerrado en albergues de migrantes: “No somos animales”, dice a la AFP.
Montilla, de 28 años, y otro medio centenar de venezolanos están varados en la localidad costera de Miramar, en la provincia de Colón, mientras familiares les envían los $260 que cobra a cada uno el lanchero por llevarlos a la frontera con Colombia para luego seguir rumbo a su país u otro destino.
Han cruzado México y Centroamérica a pie y en autobús, pues el presidente Donald Trump endureció la política migratoria y eliminó la aplicación CBP One con la que pedían cita para solicitar asilo.
“La migración inversa no es un retorno voluntario, sino el reflejo de una crisis mayor que ha dejado a miles en el limbo. Es un flujo de retorno forzado”, afirmó Diego Chaves, analista del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington.
Ni Montilla ni los otros quisieron acogerse al plan anunciado esta semana por Costa Rica y Panamá, que envían a los migrantes, en buses que ellos deben pagar, a refugios en remotas zonas fronterizas.
“Te tienen ahí como si fueras un delincuente, estás preso. La gente prefiere caminar”, afirma Víctor Díaz, de 19 años. Como cientos en el último mes, Díaz prefiere el peligro del mar a volver a cruzar la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia.
La mayoría de venezolanos se devolvió de México. En el camino, Montilla ha dormido en la calle sobre cartones y comido de la caridad.
‘Centros de detención’
Jinnelis Navas, de 50 años, llegó a Miramar con 10 parientes. Son muchos y están consiguiendo dinero para la lancha. Estuvieron, dice, en un albergue en México donde los trataron “como perros”. “Por eso no nos entregamos” a las autoridades de Costa Rica y Panamá, explicó.
Los migrantes que llegan a Costa Rica desde Nicaragua, tras pasar los países del norte centroamericano, son enviados en bus al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), 360 kilómetros al sur de San José, en la frontera con Panamá.
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De ahí abordan otro bus que cruza Panamá hasta dos centros para migrantes, Lajas Blancas y San Vicente, en el Darién, a 260 kilómetros de la capital panameña. Desde esa zona viajarían en vuelos humanitarios, pero hasta ahora no ha habido ninguno.
Bajo presión de Trump, Costa Rica y Panamá son “puentes” de deportación. En el Catem y San Vicente ahora también hay más de 200 asiáticos deportados por Estados Unidos que rechazan ser repatriados, como los afganos e iraníes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) debe buscarles otro destino.
“Los migrantes son criminalizados” y los albergues en Costa Rica y Panamá “son centros de detención”, aseguró a la AFP la abogada Gabriela Oviedo, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Custodiados por policías, en esos centros los migrantes duermen en barracones, tienen comida y servicios básicos. También son sometidos a controles biométricos para descartar antecedentes penales.
Oviedo, coordinadora de Movilidad Humana de la oficina de Centroamérica y México de CEJIL, sostiene que “los migrantes no tienen acceso a defensa ni asesoría legal” y que no debería haber niños encerrados.
La AFP ha solicitado infructuosamente acceso a los refugios en Costa Rica y Panamá.
‘Nuevo ciclo de precariedad’
Más de 2.200 migrantes llegaron a Panamá en febrero en flujo inverso, según el conteo de hace una semana del gobierno.
Muchos regresan endeudados y en el viaje se endeudan más. Deben pagar los buses -unos $120 desde la frontera con Nicaragua a Lajas Blancas- y las lanchas. Y eso es solo una parte del trayecto.
“La migración inversa no será el final del camino para muchos, sino un nuevo ciclo de precariedad y movilidad forzada”, opinó Chaves, quien advirtió que urge una “estrategia regional” para atender “a quienes hoy están atrapados en este proceso”.
La Defensoría de los Habitantes, de Costa Rica, aseguró que muchos migrantes en el Catem desean salir a trabajar informalmente y reunir el dinero para seguir su viaje.
“Tienen derecho a que su libertad de circulación no sea restringida arbitrariamente”, indicó a la AFP Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Pero un funcionario costarricense señaló que prefieren tenerlos “controlados”.
Frustrada su aventura hacia el norte, Montilla dice, mientras espera el día para zarpar, que solo quieren “ayuda para avanzar”, esta vez rumbo al sur.
