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A lo lejos, a través de las mallas, se distingue a una mujer. Intenta hablar con un oficial de Migración utilizando el traductor de su celular. Cierra los ojos y deja caer la cabeza hacia atrás, como si se resignara. Refleja frustración. No es posible saber qué intenta comunicar. No se puede conversar con ella.
A su lado, tres personas también hacen esfuerzos por darse a entender. Muestran la pantalla de sus teléfonos a dos trabajadores humanitarios. Sus rostros reflejan consternación. Tres niños pequeños, con sus caras pintadas, se asoman en la conversación. Tampoco es posible conocer sus inquietudes ni hablar con ellos.
Apenas son las 10 de la mañana, y una sensación térmica de 30 grados envuelve el albergue. La humedad, asfixiante, supera el 60% y apenas sopla la brisa; es casi imperceptible.
Sus muñecas los distinguen del resto de los migrantes que están en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), ubicado a 11 kilómetros de la frontera con Panamá. A diferencia del resto, 135 personas llevan en su mano derecha una pulsera de color púrpura. Su ingreso al país ha sido peculiar, un procedimiento nunca antes registrado en Costa Rica.
Sus nacionalidades son diversas, pero sus historias convergen en un mismo propósito: emprendieron un largo viaje hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Algunos provienen de países donde los opositores son ejecutados; otros, de territorios marcados por la tortura, los arrestos arbitrarios y condiciones opresivas para las mujeres, quienes no pueden acudir a las aulas o tan siquiera hablar en espacios públicos. Algunos, de lugares donde la situación económica es insostenible.
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca truncó sus sueños. Son trabajadores acompañados de sus hijos, algunos apenas dan sus primeros pasos o aún permanecen en brazos. Ninguno de ellos tiene antecedentes criminales, afirman las autoridades estadounidenses.
Como parte de la estrategia de deportaciones orquestadas por el mandatario norteamericano, ahora están en Costa Rica, aunque ni siquiera saben dónde se encuentra el país. Apenas manejan algunas palabras básicas en inglés y no comprenden el español. Omer Badilla, director de Migración y Extranjería, señala que las autoridades, a través de traductores, intentan explicarles lo esencial: Costa Rica está en Centroamérica y, en un plazo de 30 días, serán retornados a los países de los que salieron por voluntad propia.
La estancia del grupo en el país es aún incierta.
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Su libertad de tránsito está restringida, no pueden salir del centro, pero las autoridades de Migración retuvieron sus documentos de identidad e insisten en que no es una prisión y no están detenidos. Abogados y expertos en derechos humanos cuestionan la legalidad de su llegada y permanencia en el territorio nacional.
La Revista Dominical acudió el 21 de febrero al Centro de Atención Temporal a Migrantes donde se albergan en la zona sur, la mañana después de su llegada al país. El martes 25 de febrero arribaron 65 migrantes más.
Incertidumbre en el Catem
Tras 5 horas y 17 minutos de vuelo, descendieron por la escalera del avión, vestidos con sudadera gris y buzo. Son 135 de los 200 migrantes deportados desde Estados Unidos que el gobierno de Costa Rica accedió a recibir.
Eran las 4:44 p. m. del 20 de febrero. Provenían de San Diego, California, pero sus países de origen son: Ghana, Kazajistán, Jordania, Irán, Azerbaiyán, Vietnam, Georgia, Rusia, Afganistán, Turquía, Armenia, China y Uzbekistán.
Las autoridades migratorias en Costa Rica insisten en que todos quieren regresar a sus respectivos países, pero la prensa no tiene forma de corroborarlo.
Esta misma semana, en medio de tensiones con Estados Unidos, Panamá también accedió a servir de “puente” para repatriar 299 deportados. 103 han manifestado que no quieren regresar a sus países. Desde las ventanas del hotel Decápolis en la capital, muestran carteles: “Por favor, ayúdennos”, “No estamos a salvo en nuestro país”.
Algunos levantan sus brazos y cruzan las muñecas en signo de protesta. Entre ellos, también hay afganos, vietnamitas, iraníes, uzbekos, turcos y chinos.
Tras el aterrizaje del vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, los migrantes fueron distribuidos en tres buses que partieron hacia el Centro de Atención para Migrantes (Catem), situado entre Ciudad Neily y Paso Canoas, en el cantón de Corredores.
Son 65 niños y 70 adultos, entre ellos una persona adulta mayor y una mujer con siete meses de embarazo. Vestidos con ropa fresca y casual, sandalias o tenis, caminan por el albergue, rodeados de ropa que cuelga de los barandales de la terraza frontal.
La Defensoría de los Habitantes señaló fallas en el abordaje de estas personas: dice que carecían de información, estaban angustiados y solicitaban hablar con sus familiares. No sabían cuánto tiempo permanecerían en el país y manifestaron haber sido despojados de sus documentos de identidad. Algunos hombres tenían marcas de esposas en sus muñecas.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, alegó que la Defensoría basó su informe en las dos horas que estuvo en el aeropuerto. Más tarde, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, lo desmintió y precisó que la Defensoría se desplazó hasta el Catem.
El viaje hacia el sur del país puede ser extenuante, sobre todo para alguien que no sabe hacia dónde va. Largas carreteras entre interminables plantaciones de palma, bosques y playas acompañan el trayecto, que, con suerte, tardará cinco horas y media; solo si el tráfico lo permite.
Esa misma noche arribaron al Catem, un centro de flujo migratorio permanente que cada día recibe a decenas de personas en tránsito. El lugar, un conjunto de estructuras metálicas rodeadas de zacate y unos cuantos árboles, fue construido para atender las constantes oleadas migratorias que llegan a Paso Canoas en busca de refugio temporal.
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Esa semana, el centro ya había albergado a 500 migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos que intentaban regresar a sus países. El arribo del vuelo de deportados desde Estados Unidos coincidió con esta afluencia, según confirmó Seguridad.
Entre el bochorno y el silencio que predominan en el lugar, de vez en cuando resuena el sonido de los furgones que se dirigen a la frontera. El albergue se encuentra a pocos metros de la carretera Interamericana.
Módulos con camas, baños y espacios recreativos para niños, dan refugio a los migrantes mientras el gobierno de Costa Rica coordina su regreso a casa. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fiscaliza el proceso y el gobierno estadounidense lo financia. Hasta el momento, se desconocen los detalles del acuerdo entre ambos gobiernos.
En el lugar, afirma el ministro de Seguridad, Mario Zamora, reciben desayuno, almuerzo y cena y duermen en núcleos familiares. Esa mañana, el jerarca ingresó al recinto, donde sostuvo reuniones y caminó por el albergue.
Sentada en una silla de plástico se vislumbra una mujer. El brazalete púrpura destaca en su muñeca y revela que forma parte del grupo que llegó esa noche. Su mano izquierda sostiene su celular, su mano derecha sostiene su rostro. Mira al piso. No es posible hablar con ella.
Los adultos intentan resolver; los niños, algunos solo en pañales, corren por el albergue y juegan con globos. Adentro conviven con oficiales de la Fuerza Pública, Migración y otros desplazados en espera de su destino.
Una malla con alambre de púas rodea el perímetro del albergue. La entrada y salida del sitio dependen de los oficiales de seguridad que custodian el portón. No se permite el ingreso a la prensa y las autoridades migratorias tampoco avalan mediar conversación con quienes se albergan adentro.
“Si el migrante quiere dar la vuelta, indica en caseta y se le da el visto bueno para que lo haga o no lo haga”, indicó a la prensa un oficial de Migración que llegó al percatarse de que algunos latinoamericanos ofrecían declaraciones. Tampoco se permite hacer gestos para llamar a los migrantes a la malla con el objetivo de conversar.
Pese a que las autoridades insisten en que no están detenidos, no pueden salir de ahí. “Por un tema de seguridad y, segundo, por la condición migratoria en la que se encuentran”, argumenta Omer Badilla, director general de Migración.
Abogados migratorios confirman que, en Costa Rica, no es posible retener a una persona más de 48 horas; Migración y Seguridad argumentan que sí es viable. Al 26 de febrero, las 135 personas llevaban una semana retenidas.
“No podrían tenerlos más de 48 horas retenidos, porque ya inclusive podrían plantear un habeas corpus para defender su derecho de libertad a la movilidad”, afirma Alfonso Chacón, abogado especialista en derechos humanos.
“En la ley Migratoria Costarricense, las personas se pueden mantener en condición de retención”, refuta Mario Zamora, jerarca de Seguridad.
No obstante, a los migrantes venezolanos y colombianos, que llevan en su mano derecha un brazalete verde, sí se les permite salir del albergue.
Algunos, pese a las restricciones impuestas para conversar con la prensa, se acercan a la malla. Tienen inquietudes y quieren externarlas. Otros gritan desde lejos. “Están esperando que se vaya el ministro (Mario Zamora) para sacarnos como perros”, denuncia un adulto mayor desde la distancia.
Con algunos de ellos sí fue posible conversar.
Jesús Miguel Escalona salía del Catem tras cuatro días de estar ahí. Él es venezolano, lo deportaron el 6 de enero de Estados Unidos e intenta regresar a su país. Esa mañana cargaba sus pertenencias, preparado para caminar hacia la frontera.
“Desde que llegaron [los migrantes desde Estados Unidos] esta madrugada, todo cambió. Ahora están sacando a los latinos, a los que quedamos ahí. Hay preferencia, entre comida y todo. Nosotros, pura sardina, y a ellos les dan carne”, afirma molesto.
Lo acompaña Rafael Valerio, un oriundo de Colombia que viaja con su madre. Llegó a Costa Rica hace 20 días; a ellos los detuvieron en Nicaragua. También salía del albergue.
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“Que nos fuéramos, que no nos iban a dar ni almuerzo”, dice que le manifestaron los policías dentro del Catem, a quienes grabó con su celular.
Carlos Torres también es venezolano y ante la llegada de los migrantes desde Estados Unidos, afirma que los movieron de lugar.
“Nos encerraron en un cuarto, todo era calor, nos pusieron una línea. No teníamos baño adentro tampoco. El desayuno nos lo dieron y ya de ahí nos dijeron que teníamos que salir, que no nos iban a dar más nada ya”, afirmó Torres, quien fue deportado de Estados Unidos el pasado 15 de enero y llevado a Villahermosa, la capital de Tabasco, en México.
Desde entonces, emprende el camino de regreso a casa.
Ante consultas de la Revista Dominical, Migración refuta que a estas personas se les esté retirando del lugar.
“Eso no es cierto. Jamás se echan, eso no es así. Eso es inviable, nosotros no echamos a las personas”, afirma Omer Badilla, jerarca de la entidad.
Entre el portón del Catem y el aeropuerto Juan Santamaría hay 334 kilómetros de distancia. Desde el Juan Santamaría hasta Kabúl o Astaná, no hay un vuelo directo, pero si más de 12.000 kilómetros. ¿Cómo llegarán a sus países? No lo sabemos. Los migrantes tampoco.
