Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien falleció como prisionero político del régimen Ortega-Murillo, señaló que el gobierno nicaragüense le impidió ingresar al país para despedir a su padre y participar en las honras fúnebres.
“El gobierno prácticamente secuestró el cuerpo de mi padre aún después de muerto. Lo secuestraron tres años antes y lo desaparecieron. Él era desaparecido forzado, así lo calificó las Naciones Unidas: era preso de conciencia por Amnistía Internacional”, aseveró a La Nación.
Tininiska, quien permanece en el exilio, relató que el régimen organizó una misa a la que asistieron funcionarios del gobierno y que, de manera “expresa”, lo enterraron esa misma tarde en un cementerio de Managua, en contra de la voluntad de su familia.
“Yo entiendo que el cuerpo después de muerto habla (...). Cuando uno hace una autopsia se da cuenta del sufrimiento o las condiciones en que estuvo viviendo mi padre. Entonces, el gobierno no nos quiso entregar el cuerpo pensando que íbamos a hacer una autopsia para saber qué había pasado”, añadió.
Además, expuso que cuatro de sus familiares y dos personas cercanas fueron arrestadas el día del funeral, el 31 de mayo, ya que habían exigido que se les entregara el cuerpo para sepultarlo en Lidrauka, Sandy Bay, la comunidad natal del activista.
A ninguno de ellos se le permitió ingresar a la misa ni asistir al entierro.
“Yo tenía un compromiso, porque ante la tumba de mi abuela mi padre me hizo jurar que yo lo enterraría al lado de de su madre. Él quería descansar a la par de su madre. Ahorita, nosotros como familia no cumplimos la última voluntad de mi padre”, lamentó.
Casi tres años incomunicados
Brooklyn Rivera, conocido como el Ta Upla Tara (el gran líder), dedicó su vida a la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
El también exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente de dicho partido falleció el 30 de mayo, luego de permanecer casi tres años encarcelado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, completamente incomunicado de su familia.
La primera noticia que sus familiares recibieron sobre su paradero ocurrió el 27 de mayo, tres días antes de su muerte, cuando el gobierno nicaragüense difundió una fotografía en la que aparecía hospitalizado y conectado a un respirador.
“Para mí es muy cruel que ellos hayan mostrado a mi padre en una cama del hospital y no cuando él estaba bien. No solamente lo torturaron a él, nos torturaron a nosotros como familia y torturaron a un pueblo entero
“He tratado de no volverla a ver (la fotografía) porque esa no es la persona que yo conozco, conocí y conoceré toda mi vida, que es mi padre”, acotó.
Además, Tininiska señaló que el gobierno mostró la imagen “como un trofeo, para que la gente vea que si alza su voz en contra el gobierno, así van a terminar sus últimos días”.
‘A mi papá ellos lo dejaron morir’
Brooklyn fue encarcelado el 29 setiembre de 2023, cuando tenía 70 años, luego de que policías “irrumpieran de forma violenta” en su casa en la localidad caribeña de Bilwi, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante ese periodo, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron reiteradamente la falta de información sobre su situación y su condición de desaparición forzada.
Según recuerda Tininiska, su padre gozaba de buena salud al momento de la captura. Aunque padecía algunas afecciones propias de la edad, llevaba una vida activa. “Estaba siempre en constante ejercicio y le daba seguimiento a su salud. Él no iba a caer en cama como pasó. A mi papá ellos lo dejaron morir”, mencionó.
“Seguramente estando en la prisión nunca le dieron tratamiento. No sabemos si comía tres veces al día, si no comía o qué tipo de comida le daban (...). No sabemos en qué condiciones de tortura y de tratos inhumanos estaba. Que iba tener este final, nadie lo esperaba.
“Nunca confirmamos, tampoco, en dónde lo tenían. Si desde un comienzo lo habían tenido en la misma prisión, si lo habían cambiado, no sabemos cuántas veces lo habían llevado al hospital porque eso nunca se nos comunicó”, añadió.
Ante la falta de información, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió una prueba de vida del líder el 1.° de mayo de este 2026. El gobierno de Estados Unidos también se pronunció, expresando preocupación por la salud de Rivera y exigiendo su liberación.
Tres semanas después, el 27 de mayo, se difundió la fotografía de Brooklyn en el hospital.
Posteriormente, en el comunicado que anunció su fallecimiento, las autoridades nicaragüenses atribuyeron su deterioro físico y neurológico a complicaciones asociadas a una bacteria generada por la Covid-19.
“El gobierno de Nicaragua siempre negó que en Nicaragua existiera el Covid. Da la casualidad que ahora sí y que los padecimientos de mi padre se deben al Covid”, agregó Tininiska
‘Pediré justicia hasta lograrlo’
Brooklyn era un padre sumamente presente, según recordó su hija. “Siempre estaba pendiente en los momentos más importantes de mi vida, como son las graduaciones de primaria, de secundaria, de la universidad. Mis cumpleaños fueron celebrados desde que yo tengo uso de razón hasta los 21 años”.
“Era una persona que visitaba los enfermos en un hospital, trataba de hacerlo los fines de cada año en diciembre. Él visitaba a las personas en las cárceles, apoyaba mucho a las personas cuando pasaba algún huracán, alguna tragedia en la región. Trataba de gestionar apoyos y aportar desde lo que podía”, rememoró.
Por su trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, asegura que su padre alcanzó reconocimiento tanto dentro como fuera de Nicaragua: “La comunidad internacional ha respaldado a nuestra familia de saber qué es lo que ha pasado con mi padre y de que debe haber una investigación independiente sobre su muerte, porque las cosas no están claras”.
“Ahora en adelante, en lo que me concentraré y en lo que pediré hasta lograrlo es justicia por mi padre, porque las cosas no pueden quedar así”, concluyó.
Con el fallecimiento de Brooklyn Rivera, ya son siete las personas que han muerto bajo custodia del régimen o mientras permanecían encarceladas por motivos políticos desde 2019, según datos de organizaciones de derechos humanos.