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La muerte del líder indígena miskito y exdiputado Brooklyn Rivera, confirmada este domingo por el gobierno de Nicaragua, volvió a poner bajo la lupa la situación de los presos políticos en ese país.
Con su fallecimiento, ya son siete las personas que han muerto bajo custodia o mientras permanecían encarceladas por motivos políticos desde 2019, según datos de organizaciones de derechos humanos.
Rivera, de 73 años, estaba detenido desde setiembre de 2023 cuando varios policías “irrumpieron de forma violenta” en su casa en la localidad caribeña de Bilwi, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el momento de su captura y durante casi tres años, familiares y organismos internacionales denunciaron que se encontraba en condición de desaparición forzada, debido a la falta de información sobre su paradero y su estado de salud.
El dirigente indígena falleció días después de que las autoridades difundieran por primera vez imágenes suyas en una cama hospitalaria, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte del exdiputado y advirtió que el caso aumenta la preocupación por otros opositores cuyo estado sigue siendo desconocido.
“A pesar de que el régimen intente presentar información alrededor de las condiciones médicas y de las atenciones recibidas, es importante destacar que estos padecimientos están asociados a su régimen carcelario; es decir, a su condición de preso político, como lo que ya ha sucedido con otras personas presas políticas que han fallecido en manos del régimen de Ortega-Murillo”, comentó a La Nación.
“Esta es una responsabilidad clara y exclusiva del régimen de Ortega-Murillo por las condiciones carcelarias en que mantiene a los presos políticos. Hay una preocupación latente porque todavía existen personas presas políticas a las que ni siquiera sus familiares han visto”, amplió Ruiz.
Siete fallecidos bajo custodia
De acuerdo con datos recopilados por la Fundación del Río, Rivera es la sétima persona considerada presa política que fallece mientras permanecía privada de libertad.
La lista incluye al abogado Eddy Montes, fallecido en la cárcel La Modelo en mayo de 2019; al abogado y notario Santos Sebastián Flores Castillo, muerto en noviembre de 2021 en el mismo centro penitenciario; al político y exguerrillero Hugo Torres Jiménez, quien falleció en febrero de 2022 en la cárcel El Chipote; y al general retirado Humberto Ortega Saavedra, fallecido en septiembre de 2024 mientras permanecía bajo vigilancia estatal en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Ávila Bolaños.
También figuran el jurista Carlos Cárdenas Zepeda y el activista político Mauricio Alonso Petri, ambos fallecidos en agosto de 2025 y cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares por parte del Instituto de Medicina Legal.
Seis opositores siguen desaparecidos
Actualmente, hay al menos seis opositores que continúan en condición de desaparición forzada.
Entre ellos se encuentran Stedman Fagoth, Carlos Brenes, Salvadora Martínez, Víctor Boitano, Eddy González y Douglas Álvarez.
Según Ruiz, sus familiares no han podido verificar directamente sus condiciones de salud ni su situación actual, lo que mantiene la incertidumbre sobre su estado.
“Están en condición de desaparición forzada y se teme por sus condiciones de vida”, afirmó.
Aumenta vigilancia en la Costa Caribe
El presidente de la fundación también denunció un incremento de la vigilancia policial y de la presencia de cuerpos de inteligencia en el Caribe Norte y Caribe Sur tras conocerse la muerte del histórico y reconocido dirigente indígena.
Según la organización, se reportó un aumento de efectivos de las fuerzas especiales de la Policía nicaragüense, conocidas como Tropas TAPIR (Tácticas y Armas Policiales de Intervención y Rescate), en zonas donde Rivera mantenía una fuerte influencia política a través del partido indígena Yatama.
La agrupación considera que las autoridades buscan evitar posibles manifestaciones de rechazo tras el fallecimiento del líder miskito.
Un referente indígena
Rivera fue uno de los dirigentes más influyentes de la Costa Caribe de Nicaragua y una de las principales figuras de Yatama. Durante décadas impulsó la defensa de los derechos políticos y territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Ruiz lo describió como un líder histórico de la Mosquitia, territorio compartido entre Nicaragua y Honduras, y recordó que fue una figura clave en las luchas por la representación política de las comunidades indígenas.
“Es un líder autóctono, una de sus acciones más importantes fue que siempre optó por la vía del diálogo y por la vía de la negociación frente a los diversos momentos históricos tensos de la Costa Caribe norte de Nicaragua, incluyendo las arbitrariedades que cometía el gobierno central contra el partido Yatama”, precisó.
Ruiz explicó que Yatama empezó como un movimiento de pueblos indígenas que buscaba defender sus derechos. Después se convirtió en partido político porque en Nicaragua no se les estaba respetando el derecho a participar en elecciones y a tener representación.
Como ese derecho fue violado, el caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí se reconoció que el Estado de Nicaragua había afectado los derechos políticos de Yatama.
Finalmente, Yatama ganó el caso y se estableció que los pueblos indígenas deben poder participar en la política y tener representación de forma justa, tanto a nivel regional como nacional.
Duelo en departamento de Honduras
Tras conocerse su muerte, la municipalidad de Brus Laguna, en el departamento hondureño de Gracias a Dios, decretó duelo en homenaje al dirigente.
Mientras tanto, su hija, Tininiska Rivera expresó su “profundo dolor y preocupación por las circunstancias en las que se produjo su muerte” y aseguró que durante meses la familia vivió “en la incertidumbre,sin acceso a información directa, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo”.
Ella reclama el derecho de poder despedir a su padre y pidió acompañamiento de organismos internacionales, defensores de derechos humanos, iglesias y representantes diplomáticos para garantizar su ingreso seguro a Nicaragua y su participación en las decisiones relacionadas con los actos funerarios.
“Nadie puede sustituir a una hija en la despedida de su padre. Ninguna decisión sobre sus restos debe tomarse sin consultarme y sin mi participación”, señaló.
