La confirmación llegó mediante una nota oficial en la que las autoridades señalaron que Rivera falleció pese a los esfuerzos médicos realizados para recuperar su salud.
“Lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida”, aseguraron autoridades sanitarias nicaragüenses en un comunicado publicado en medios oficialistas como El 19 Digital.
Rivera, de 73 años, fue arrestado por las autoridades nicaragüenses en setiembre de 2023 en su vivienda de Bilwi, en la Costa Caribe Norte. Desde entonces, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron que permanecía en condición de desaparición forzada.
Su caso volvió a captar atención internacional esta semana, cuando el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo divulgó, por primera vez, fotografías de Rivera en una cama hospitalaria, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa.
Según los reportes médicos oficiales, Rivera presentaba falla en múltiples órganos, cirrosis hepática e infección pulmonar activa causada por bacterias. Además, permanecía con “ventilación mecánica” y “alimentación intravenosa”.
El Ministerio de Salud había informado el sábado que estaba en “condición crítica”, con afectación de varios órganos y bajo estrecha vigilancia médica.
En el comunicado que anunció su fallecimiento, las autoridades atribuyeron su deterioro físico y neurológico a complicaciones asociadas a una bacteria generada por el Covid-19.
Estados Unidos exigió excarcelación
La muerte de Rivera ocurre apenas días después de que Estados Unidos exigiera su excarcelación.
“Reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos AHORA”, señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.
La familia del dirigente indígena cuestionó la atención brindada por las autoridades nicaragüenses. En una carta pública, su hija Tininiska responsabilizó directamente al gobierno por el deterioro de la salud de su padre.
“Si algo le ocurre a mi padre, el mundo debe saber que no fue un accidente, ni un destino natural. Fue el resultado de un sistema de represión ejercido de manera prolongada y cotidiana", ha señalado Tininiska Rivera, hija del líder, en una carta pública, quien acusa directamente a los presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de “perseguir a un líder indígena hasta arrebatarle la vida”, afirmó.
Organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) o Freedom House hicieron un llamado a la comunidad internacional para que tomen partido y denuncien el trato de Managua hacia sus presos políticos, para los que piden su inmediata liberación ante un “trato cruel, inhumano y (con) posibles torturas”.
“La comunidad internacional debe actuar con rapidez para ayudar a prevenir un mayor deterioro de la salud del señor Rivera y para garantizar su liberación segura”, se lee en el comunicado enviado por la organización antes de su deceso.
Amnistía Internacional, por su parte, también había pedido una evaluación médica independiente.
Presos políticos
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen en Nicaragua un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno calificó dichas manifestaciones como un intento de golpe de Estado, patrocinado por Washington.
Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud, por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
