Óscar René Vargas tiene 80 años y se encuentra exiliado en algún lugar de Costa Rica luego de que fue expulsado por el gobierno de Nicaragua. Hoy, tras la muerte del líder indígena y exdiputado Brooklyn Rivera, recuerda cómo fueron sus meses en prisión y las dificultades que enfrentó para sobrevivir, pues tiene un marca pasos en su corazón.
Vargas, quien tuvo que erradicarse lejos de su familia, asegura que durante su detención no recibió la atención médica y el seguimiento adecuado pese a su condición de salud.
“Yo estuve preso y nunca me dieron tratamiento ni me permitieron que un cardiólogo me revisara. La lógica del régimen es darte el mínimo tratamiento para que te vayas descomponiendo poco a poco hasta fallecer”, afirmó a La Nación.
El expreso político sostiene que lo ocurrido con Brooklyn Rivera responde al mismo patrón.
La muerte del líder indígena miskito y exdiputado de 73 años fue confirmada este domingo por el gobierno de Nicaragua, días después de que las autoridades difundieran por primera vez imágenes suyas en una cama hospitalaria, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa.
Según los reportes médicos oficiales, Rivera presentaba falla en múltiples órganos, cirrosis hepática e infección pulmonar activa causada por bacterias. Además, permanecía con ventilación mecánica y alimentación intravenosa.
Posteriormente, en el comunicado que anunció su fallecimiento, las autoridades atribuyeron su deterioro físico y neurológico a complicaciones asociadas a una bacteria generada por la covid-19.
A juicio de Vargas, las enfermedades que pudo sufrir el dirigente indígena habrían avanzado sin atención médica suficiente dentro del sistema penitenciario nicaragüense.
“Dejaron que sus enfermedades se desarrollaran sin darle el tratamiento adecuado y lo digo como con la experiencia personal que viví en la cárcel. En ese sentido, es una especie de asesinato político que se cometió con el señor Brooklyn Rivera”, agregó.
‘El Estado convirtió la prisión política en una sentencia de muerte’
Vargas calificó de cínicas las declaraciones del Gobierno de Nicaragua sobre el deceso de Rivera, quien representa el séptimo prisionero político que falleció bajo la custodia del sistema penitenciario de esa nación.
“El gobierno (de Nicaragua) es cínico al decir de que lamenta la muerte del señor Brooklyn sobre todo porque ellos lo estuvieron lo detuvieron en el 2023 sin acusación, sin juicio y sin tener acceso a nada, ni siquiera visitas familiares. Es decir, lo tenían totalmente desaparecido”.
“Y ahora parece como que el gobierno dice que siente mucho la muerte el fallecimiento de Brooklyn, pero ellos son los responsables de esa muerte”, amplió.
El refugiado político en Costa Rica manifestó que el régimen de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo ilegalmente a Rivera y luego negó su captura.
“Su muerte fue el resultado previsible de un Estado que convirtió la prisión política en una sentencia de muerte”, agregó.
Al estar bajo control absolito del Estado, afirma que ellos eran los responsables de su vida, su salud y su enfermedad.
“Por eso su muerte es un asesinato político a cámara lenta administrada por el régimen”, mencionó.
Cinco años en clandestinidad
Vargas, sociólogo y economista de profesión, permaneció cinco años en la clandestinidad en Managua antes de ser capturado por parte de las autoridades nicaragüenses.
Posteriormente, cumplió tres meses y medio de prisión hasta que formó parte del grupo de 222 desterrados que viajaron en un vuelo hacia los Estados Unidos, en febrero de 2023.
En aquel momento, tras esa expulsión, el régimen de su país le retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes.
“Cuando llegamos a Washington en el avión y aterrizamos, sentía (al caminar) como si iba en un barco moviéndose de un lugar a otro. Es decir, no lograba tener el equilibrio”, contó.
“Después tuve que buscar el control de mis enfermedades”, añadió.
Actualmente, Vargas reside en el territorio costarricense lejos de sus parientes, y mantiene el control de sus padecimientos mediante la cobertura médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), financiada por medio de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).