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La Haya. La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dará a conocer el lunes su fallo sobre la demanda de Bolivia para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar, un reclamo que ha marcado las relaciones entre los dos países en los últimos años.
Los 15 jueces de la CIJ deben pronunciarse sobre la demanda presentada por La Paz el 24 de abril del 2013 en la que solicita al tribunal que declare que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para alcanzar un acuerdo que le garantice un acceso plenamente soberano al océano Pacífico”.
El equipo de juristas contratado por el Gobierno boliviano ha basado sus argumentos en que Chile se ha comprometido a lo largo del último siglo a negociar un acceso marítimo soberano, como muestran diversos intentos frustrados.
Para Chile, debe imperar el derecho internacional que regula los tratados como el que en 1904 firmaron ambos países y que selló la pérdida de 120.000 km² de territorio, entre ellos 400 km de costa, por Bolivia en la Guerra del Pacífico (1879-1883) que libró contra Chile, con el apoyo de Perú.
Tras un proceso de más de cinco años en el que se han avivado las tensiones entre ambos países que solo mantienen relaciones a nivel consular desde 1978, el fallo que anuncie el presidente del tribunal, el magistrado somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, a partir de las 15 horas (7 a. m. en Costa Rica) el lunes en La Haya, tendrá sobre todo una lectura política en ambas capitales.
El fallo va a ser “leído políticamente en los dos lados. Lo que está en juego no es tanto la soberanía ni la salida al mar, sino la estrategia política de Evo Morales (presidente de Bolivia) con Chile”, dijo la analista peruana afincada en Santiago, Lucía Dammert, quien asegura que “pase lo que pase” este verá en ello una victoria.
Morales, como ya lo hizo en la última fase del juicio, estará el lunes en La Haya para escuchar el veredicto que puede influir en sus aspiraciones a postularse por cuarta vez a la Presidencia en los comicios del próximo año pese a la prohibición de la Constitución.
¿'Solución intermedia'?
El presidente chileno, Sebastián Piñera, no descarta una "solución intermedia" en la que el tribunal "invite a las partes a negociar de buena fe, y eso puede ser sin un resultado predeterminado o con un resultado predeterminado".
Aunque el debate ha quedado pospuesto para después del fallo, en Chile han surgido voces a favor de abandonar el Pacto de Bogotá –que le da jurisdicción a la Corte– como hizo Colombia en el 2012, tras el fallo negativo para sus intereses en el diferendo marítimo que mantuvo con Nicaragua.
Bolivia obtuvo una primera victoria en la CIJ en setiembre del 2015, cuando la Corte se declaró competente para dirimir la demanda, pese a la objeción preliminar de Chile.
Aunque se trató de un trámite, La Paz lo consideró un éxito pues el fallo del tribunal fue de 14 votos contra 2.
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La Paz recurrió al CIJ en el 2013 después de varios intentos frustrados de resolver su demanda por la vía bilateral.
Durante la primera presidencia de la socialista Michele Bachelet (2006-2010) se estableció un diálogo con una agenda de 13 puntos, incluido el reclamo marítimo, pero con el primer gobierno del conservador Sebastián Piñera, la negociación se frustró.
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Sin salida soberana
El tratado de 1904 reconoce a Bolivia el libre uso de puertos chilenos, aunque no tiene soberanía sobre ellos.
Según las autoridades locales, el 80% de las mercancías que pasan por el puerto de Arica, fronterizo con los dos países, procede de Bolivia .
Y aunque no hay cifras, buena parte de las mercancías, y del contrabando, que llega a Bolivia proceden del norte de Chile, país que sigue siendo un destino atractivo para los bolivianos. Más de 400.000 ingresaron a Chile en los primeros seis meses del año, solo por detrás de argentinos y peruanos, según datos oficiales.
El fallo de la CIJ no pone fin a los contenciosos entre los dos vecinos. En el 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia ante este tribunal por las aguas del Silala, que Santiago considera un río internacional mientras que La Paz alega que es un manantial cuyo curso fue alterado por los chilenos.
El 31 de agosto, el presidente boliviano anunció una contrademanda por estas aguas vitales para la minería chilena del norte del país.
