Las cuatro superintendencias adscritas al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) temen la posible injerencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en la supervisión financiera, derivada del proyecto de ley que facultaría a dicha cartera para vigilar y regular las conductas comerciales de entidades como bancos, aseguradoras y operadoras de pensiones.
Uno de los argumentos contra el proyecto es que este comprometería la independencia que deben mantener los entes reguladores y los supervisores financieros respecto a las autoridades políticas y las entidades supervisadas. El MEIC es un órgano político y su jerarca es nombrado por el Presidente de la República.
Las entidades consideran que la independencia del supervisor es uno de los principios fundamentales para garantizar una protección efectiva de los consumidores financieros y, en general, para garantizar una adecuada supervisión en la materia.
A raíz de este análisis, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia de Pensiones (Supén), la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) emitieron un criterio negativo conjunto a la iniciativa y pidieron que esta se archive.
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Estas cuatro instituciones también consideran que el proyecto de ley otorga al MEIC “facultad de regulación desmedida", pues sería supervisor y regulador a la vez, lo que podría desencadenar conflictos y ausencia de controles.
El oficio fue firmado por Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef y la Supén, y por Tomás Soley, superintendente de Sugeval y Sugese. El documento fue enviado el 28 de noviembre a Nancy Vílchez, jefa del área de Comisiones Legislativas de la Asamblea.
El oficio menciona que el proyecto otorga a un ministerio de gobierno competencias en protección al consumidor financiero, que actualmente ejercen la Supén, Sugese y la Sugeval.
“Estas últimas, a diferencia del MEIC, forman parte de una arquitectura de supervisión financiera que garantiza independencia y especialidad técnica”, indican en el documento. No obstante, señalan que, en el caso de Sugef, no se cuenta con competencias legales en esta materia.
Además, consideran que la iniciativa crea una nueva dependencia dentro del MEIC para ejercer funciones que, por su naturaleza, capacidades y experiencia, corresponden a las superintendencias, lo que podría generar duplicidad en las tareas y confusión de competencias.
En esa misma línea, indicaron que el proyecto pretende la creación de un nuevo registro de datos crediticios a cargo del MEIC, lo que supone “una duplicidad de funciones” e implicaría el traslado de costos operativos a los consumidores.
El proyecto, que se tramita bajo el expediente 24.6161 y fue presentado en octubre por el Poder Ejecutivo, otorga al MEIC facultades sancionatorias, la posibilidad de acceder a oficinas de proveedores y establece la inscripción obligatoria en un registro único, así como el pago de un canon anual para que las entidades puedan operar.
La Nación tiene copia del documento que brinda un criterio negativo de los supervisores a la iniciativa. Este proyecto de ley se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
El pronunciamiento de las superintendencias se une a la crítica emitida por la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) en dicha comisión, donde se cuestionó el enfoque de este proyecto y la politización de la supervisión comercial al atribuirla al MEIC.
Danilo Montero, director de la OCF, señaló que, si la supervisión de la conducta y la protección de los derechos de los consumidores quedaran a cargo del Ministerio, la independencia podría verse comprometida debido a su naturaleza política.
El proyecto de ley abarca a las entidades que están sujetas a la regulación y supervisión financiera por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y sus superintendencias.
También incluye a las personas o empresas que desarrollen, de forma independiente o complementaria, la promoción, asesoramiento, ejecución o cobranza relacionadas con productos o servicios financieros, independientemente de si están regulados o sujetos a supervisión.
Superintendencia anticipan choques con el MEIC
Las superintendencias resaltaron que el proyecto altera el ordenamiento administrativo adoptado por Costa Rica, pues consideran que otorga al MEIC una facultad de regulación desmedida.
Destacaron que esto podría generar conflictos y ausencia de controles, ya que el MEIC sería el regulador y el supervisor a la vez. Los supervisores alertaron que esta iniciativa otorgaría al Ministerio “acceso irrestricto” a información sensible de los supervisados.
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Además, agregaron que las medidas y sanciones, que pueden incluir la exclusión del registro de una entidad financiera y, por ende, el cierre de sus operaciones, proponen que las apelaciones sean conocidas por la Comisión Nacional del Consumidor.
Sin embargo, aseguraron que esta dependencia “no cuenta con capacidades en el ámbito de la supervisión y servicios financieros”.
Materia especializada
Las superintendencias afirmaron que las labores de supervisión financiera son materia especializada, pues existe una complejidad técnica en servicios bancarios, de seguros, valores y pensiones.
En ese sentido, indicaron que la protección del consumidor financiero debe atenderse fuera del ámbito de los esquemas de protección desarrollados para el consumidor más general y endilgarse más bien a un sistema especializado de supervisión financiera.
Los supervisores alertaron que el proyecto de ley, en lugar de fortalecer el régimen de protección al consumidor financiero, desmantela la estructura actual. Esto, porque se trasladarían competencias de las superintendencias al MEIC, que, según ellos, no tiene las capacidades técnicas ni la experiencia necesarias en materia de banca, seguros, valores y pensiones para ejercerlas.
“El MEIC estaría asumiendo una competencia desde cero e iniciaría una curva de aprendizaje, adquisición de sistemas y recursos humanos que tomaría años, si no décadas, consolidar”, detalla el documento.
Apoyo a otro proyecto
Los supervisores solicitaron la aprobación de otro proyecto similar, el 24.136, que se encuentra en la corriente legislativa. Según su criterio, esta iniciativa tiene un enfoque efectivo, pues dotaría a la Sugef de las competencias de las que carece en materia de protección al consumidor financiero.
De igual forma, consideran que ese proyecto fortalecería al resto de superintendencias en esta materia y armonizaría el marco legal del país.
“No crea una nueva dependencia, no distorsiona el ordenamiento administrativo del país, no genera dependencia política del supervisor, ni riesgos de indebida concentración de poder, ni acceso y gestión indebida de información confidencial, pero, sobre todo, no desmantela el esquema existente de protección al consumidor financiero, retrocediendo años en la materia para empezar desde cero ni crea consumidores financieros de primera y segunda categoría“, detalla el oficio.
Esta iniciativa fue presentada por el exdiputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), y cuenta con el respaldo de más legisladores del PLP, Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
