La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) cuestionó el proyecto de ley que facultaría al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para supervisar y regular la conducta comercial de los proveedores financieros frente a los consumidores.
Esta iniciativa de ley, presentada en octubre por el Poder Ejecutivo, se tramita bajo el expediente 24.616 y se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
El Ministerio argumentó que el proyecto de ley responde a un modelo de regulación conocido como twin peaks, que separa la supervisión prudencial, actualmente a cargo de las superintendencias, de la supervisión de conducta, que estaría asignada al MEIC.
Danilo Montero, director de la OCF, criticó el enfoque de la propuesta de ley durante una intervención en la Comisión de Asuntos Económicos, la tarde de este miércoles 4 de diciembre.
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“Nos parece que (la iniciativa) no está alineada con el objetivo de proteger al consumidor. Desde nuestra perspectiva el MEIC es una institución política. Para ser consecuentes con el objetivo de defender efectivamente al consumidor deberíamos pensar en que más bien sean organismos técnicos, no políticos, que se encarguen de atender las situaciones. En ese sentido, las superintendencias ya existen“, manifestó Montero.
El funcionario añadió que, si la supervisión de conducta y la protección de los derechos económicos de los consumidores quedaran a cargo del MEIC, la independencia podría verse comprometida debido a la naturaleza política de la institución.
“El problema de diseño del proyecto no protege realmente al consumidor. Precisamente, se requieren criterios técnicos, no políticos, para realizar supervisión, particularmente si estamos hablando de comportamiento y conducta de participantes en el mercado”, afirmó.
En respuesta al diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), Montero señaló que el proyecto de ley agrupa entidades con funciones especializadas junto a otras con actividades menos complejas.
Agregó que, si se busca proteger los derechos del consumidor, este aspecto podría integrarse a la supervisión de las superintendencias. Sin embargo, sugirió que el MEIC supervise a proveedores no regulados, como tiendas comerciales o empresas de cobranza.
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Montero destacó que el MEIC carece de experiencia en resolver reclamos relacionados con seguros, pensiones o valores, temas propios del ámbito financiero. En cambio, su conocimiento se limita a consumidores mercantiles, como casos de incumplimiento de garantías o ventas a plazo.
El director de la OCF manifestó que con la iniciativa legal podrían darse traslapes de funciones entre las superintendencias y el MEIC, ya que la supervisión de conducta de mercado quedaría en manos del Ministerio.
La propuesta también establece sanciones para quienes incumplan las disposiciones de supervisión. Al respecto, Montero afirmó que estas funciones corresponden a las superintendencias.
“Ahí tenemos un riesgo de competencias. Hay un problema de que puedan contraponerse las disposiciones del MEIC con lo que tengan previsto las superintendencias, que son órganos técnicos”, comentó del director de la OFC.
La iniciativa otorga al MEIC facultades sancionatorias, la posibilidad de acceder a oficinas de los proveedores y establece la inscripción obligatoria en un registro único, así como el pago de un canon anual para que las entidades puedan operar.
Cargo a consumidores
La OCF advirtió que el proyecto establece un canon que deben pagar los proveedores de los servicios financieros. Aunque la metodología de cálculo se definiría vía reglamento, el monto no podrá exceder el 1% de los ingresos brutos anuales de los sujetos regulados.
Montero señaló que las entidades que estarían fiscalizadas por el MEIC podrían trasladar esos costos a los consumidores mediante tasas de interés menos favorables en certificados a plazo o créditos más caros.
Solo el sistema bancario nacional generó ingresos brutos por ¢14 billones en 2023, por lo que el 1% del canon ascendería a unos ¢148.000 millones, dijo Montero en la comisión frente a los diputados.
“La pretendida protección del proyecto de ley podría resultar muy costosa al consumidor. Apelamos a la calidad de esta comisión y desde luego del congreso, para que se tomen en cuenta los intereses del consumidor, que es a quien queremos proteger”, afirmó.
El director de la OCF también cuestionó que el proyecto da potestades al MEIC para que no se aprueben o renueven autorizaciones para operar de los proveedores, lo que genera un riesgo y un ambiente poco favorable para los consumidores.
