La Superintendencia de Pensiones (Supén) pidió a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) “aprobar a tiempo” una serie de reformas estructurales profundas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para garantizar su sostenibilidad financiera en el futuro.
La formalización de estas advertencias llegó a manos de la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, mediante el oficio SP-502-2025 del 4 de julio de 2025. En este documento, la Supén remitió un informe sobre la situación financiera y actuarial del IVM para que el órgano directivo lo analizara y lo tomara como base para eventuales decisiones.
El estudio, con corte al 31 de diciembre de 2024, se compiló en el informe ICV-2024. La Nación cuenta con copia de ambos documentos.
El informe enviado a Taylor aborda temas de “especial preocupación” relacionados con el funcionamiento del régimen y la gestión de su fondo. Además, advierte que estas situaciones “se han mantenido sin atender en los últimos años”, pese a haber sido señaladas previamente por la Superintendencia.
Entre estas observaciones desatendidas, destacan la necesidad de aprobar a tiempo cambios en la estructura y operación del IVM para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, recomienda que la Junta Directiva adopte las medidas necesaria para atender esta advertencia, como órgano de máxima instancia.
“Debido a las situaciones expuestas en este informe, cuyos riesgos no han sido mitigados, a pesar de haber sido comunicados desde hace varios años, se requiere la intervención de la Junta Directiva como máximo jerarca del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte, para que tome las decisiones que considere más convenientes para mitigar en el corto plazo los riesgos a los que se encuentra expuesto este régimen”, advierte el informe ICV-2024.
De seguido, la primera recomendación plantea “mantener el constante monitoreo de la situación financiera y actuarial del IVM con el objetivo de que se puedan aprobar a tiempo las reformas paramétricas que permitan dar sostenibilidad en el largo plazo al régimen”.
Este aspecto es importante, ya que el IVM es el principal régimen de pensiones del país. Actualmente debe cubrir los pagos mensuales de alrededor de 393.000 jubilados.
La Nación solicitó a la Supén la lista de reformas que recomendó aprobar. Sin embargo, mediante su oficina de prensa, la entidad indicó que los documentos referidos están amparados por el artículo 166 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, por lo que no se referirán al respecto.
¿Qué reformas ha propuesto Supén?
En noviembre del 2023, la Supén informó que propondría ajustes significativos al IVM en la mesa de diálogo que se conformaría junto con la CCSS para reformar el fondo de jubilaciones. El objetivo era impulsar cambios integrales y “no parches” para enfrentar los problemas de sostenibilidad del régimen.
La Supén planteó tres fuentes de sostenibilidad para frenar y revertir los números rojos del IVM: una pensión básica universal, un plan para aumentar los ingresos del sistema y medidas orientadas a reducir los beneficios.
⇒ Pensión Básica Universal
Crear una pensión básica para todo adulto mayor, haya cotizado o no, financiada mediante un aumento del impuesto al valor agregado (IVA), en lugar de elevar las cargas sobre los salarios. En ese sentido, el tributo pasaría de un 13% al 15%.
Esa recaudación adicional serviría para cubrir ese “piso” universal y, al mismo tiempo, fusionar el Régimen No Contributivo (RNC) y la pensión mínima del IVM dentro de esa base. Sobre ese monto, cada persona sumaría lo correspondiente a las pensiones contributivas que haya acumulado.
⇒ Fortalecimiento de los ingresos
La Supén planteó elevar el número de cuotas requeridas para jubilarse a 360, en lugar de las 300 actuales, así como aumentar la tasa de contribución al 15%, frente al 11,16% vigente.
Según la entidad, estos ajustes permitirían incrementar los recursos del IVM en alrededor de un 40%.
⇒ Medidas orientadas a reducir beneficios
La entidad pidió valorar disminuir la pensión mínima al 45% de la base mínima contributiva (¢324.590) —actualmente equivalente al 50%—, lo que implicaría pasar de aproximadamente ¢162.295 a ¢146.065 mensuales.
Además, propone que los pensionados aporten un 5% al Seguro de Salud, cargo que hoy asume el propio régimen.
La propuesta también contempla limitar la revalorización de las pensiones cuando el indicador de solvencia sea inferior al 70%. En ese escenario, los ajustes se aplicarían por debajo de la inflación, mediante un mecanismo de autobalance.
Este principio es similar al que se utiliza en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional y busca preservar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los docentes. No obstante, en el pasado ha recibido críticas, pues podría reducir el poder adquisitivo de los jubilados al no ajustar las pensiones al costo de vida en el largo plazo.
Además de la necesidad de implementar reformas paramétricas, el informe identifica varios riesgos que, según la entidad, permanecían sin mitigar a julio del 2025.
Entre ellos, menciona deficiencias en la gestión de las inversiones del fondo, falta de un modelo de negocio, alta concentración del portafolio en deuda pública, escasa diversificación de activos, acumulación de cuentas por cobrar asociadas a la deuda estatal, así como riesgos contables y de información financiera.
IVM enfrenta entorno complejo
El régimen del IVM enfrenta un escenario complejo, luego de que la CCSS debiera utilizar ¢50.000 millones de la reserva del fondo para pagar las pensiones al cierre de 2025, una situación prevista originalmente para el 2041.
Las proyecciones institucionales también indicaban que este uso de la reserva llevaría al agotamiento del fondo en el 2047; no obstante, ese plazo podría adelantarse.
Así lo advirtió el Comité de Vigilancia durante la sesión ordinaria N.° 9574 de la Junta Directiva, realizada el 20 de enero.
En la sesión, el presidente del Comité, Rafael Venegas, señaló que el IVM enfrenta un desequilibrio estructural entre la tasa de cotización, los beneficios otorgados a los pensionados y las obligaciones futuras.
Según explicó, el deterioro de la sostenibilidad del IVM responde, principalmente, a la insuficiencia de aportes, el uso recurrente de los intereses de la reserva para financiar pensiones, la deuda acumulada del Estado y la falta de decisiones oportunas sobre las finanzas del régimen.
Por ello, el Comité planteó seis medidas urgentes para reformar el IVM, entre las cuales coinciden con los cambios en aportes por cargas sociales, ajustes a la pensión mínima, contribuciones al seguro de salud y la definición de un monto de jubilación acorde con la prima de cotización.
Tanto estas propuestas como las planteadas por la Supén serán consideradas en la hoja de ruta que la Gerencia de Pensiones de la CCSS presentará ante la Junta Directiva al cierre de abril, con el objetivo de reformar el IVM.
Documentos Supén.pdf