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La Superintendencia de Pensiones (Supén) enumeró a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la existencia de decenas de debilidades financieras y estructurales en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), una situación que, según el ente supervisor, pone en riesgo la sostenibilidad del principal sistema de jubilaciones del país.
Mediante el oficio SP-502-2025, del 4 de julio de 2025, la Supén remitió Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, un informe sobre la situación financiera y actuarial del IVM, para que la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia lo utilizaran para eventuales decisiones.
El estudio, con corte al 31 de diciembre de 2024, se compiló en el informe ICV-2024. La Nación tiene copia de ambos documentos.
En total, el documento de supervisión se indican cerca de 73 oportunidades de mejora detectadas en distintas visitas de fiscalización, así como en protocolos e informes —algunos elaborados desde el 2018— que permanecen pendientes o en proceso de atención por parte de la CCSS.
Entre los hallazgos, se advierte sobre la urgencia de reformas estructurales, debilidades en la gestión de inversiones, la ausencia de un modelo de negocio, una alta concentración del portafolio en deuda pública y la acumulación de cuentas por cobrar al Estado.
También alerta sobre un elevado déficit actuarial que compromete la sostenibilidad de largo plazo.
Según la Supén, ninguno de estos riesgos ha sido mitigado, pese a que fueron comunicados “desde hace varios años”. Por ello, pide a la Junta Directiva intervenir para reducir, en el corto plazo, la exposición del régimen.
La Nación consultó a la CCSS desde el 12 de marzo sobre las gestiones para atender estas advertencias. Al cierre de edición, la respuesta seguía en trámite.
Inversiones concentradas y préstamos poco rentables
Entre los riesgos identificados, la Supén advirtió sobre una alta concentración del portafolio de inversiones del IVM en emisiones del sector público. Según el informe, a diciembre del 2024 el 89,44% de los recursos estaba colocado en ese ámbito y el 78,11% correspondía a bonos del Ministerio de Hacienda.
Al 31 de mayo del 2025 —último dato disponible ante la ausencia de estados financieros por la implementación del sistema contable ERP-SAP— la CCSS reportaba inversiones por ¢2,5 billones en este régimen. De ese total, cerca del 85% (¢2 billones) se concentraba en títulos de deuda del Gobierno Central y otras entidades públicas.
El mayor peso correspondía a valores emitidos por Hacienda, con alrededor de ¢2 billones (76%), seguido de ¢275.577 millones en otras instituciones del sector público y ¢107.094 millones en el Banco Central de Costa Rica.
Según la Supén, esta composición expone al fondo a un riesgo crediticio por su alta concentración en el sector público y lo hace dependiente de la situación fiscal del Gobierno Central, lo que compromete su sostenibilidad a largo plazo.
Ante consultas de La Nación a finales de febrero, la Gerencia de Pensiones de la Caja indicó que la diversificación responde a un “proceso técnico continuo” y que se avanza de forma gradual hacia una mayor diversidad en las inversiones.
La Superintendencia también advirtió debilidades en la cartera de créditos hipotecarios, cuyos costos de administración superan los del resto del portafolio, pese a un rendimiento a la baja.
En ese sentido, el informe detalla que la cartera registraba una morosidad del 3,56% al cierre del 2024, por encima del 2,08% del sistema financiero, sin que existiera aún un plan estratégico para su gestión.
Deuda estatal creciente
En otro apartado, el informe advierte que el IVM aún acumula montos significativos en cuentas por cobrar, principalmente por cuotas pendientes de patronos, trabajadores independientes, asegurados voluntarios y, especialmente, del Estado.
La deuda estatal alcanzó ¢743.566 millones en 2024, tras crecer un 60,9% entre 2020 y ese año, lo que evidencia que las gestiones de cobro no han sido efectivas para mitigar este riesgo.
La Supén subrayó que, desde el 2016, este pasivo mantiene una tendencia sostenida al alza y advirtió que la posición de Hacienda —de no cancelar sin una conciliación exacta entre el fisco y la CCSS— ha retrasado su reconocimiento y eventual solución, con posibles efectos negativos en la sostenibilidad del régimen.
Esta advertencia se emitió meses antes de que la CCSS utilizara la totalidad de los intereses de la reserva del IVM y tomara ¢50.000 millones del capital para cubrir el pago de pensiones, ante los impagos del Estado que llevaron al régimen al límite, una situación sin precedentes.
“El Ministerio de Hacienda argumenta no se puede realizar ningún pago sin una consolidación precisa de la deuda, lo cual ha retrasado el reconocimiento de la deuda de aporte estatal y por ende los esfuerzos para abordar el problema, siendo que, de no hacerlo podría tener consecuencias negativas para la sostenibilidad del régimen”.
— Superintendencia de Pensiones, Informe ICV-2024
Gestión de riesgos sin rumbo
La Supén describió en su informe una gestión de riesgos sin rumbo claro en el IVM y un déficit actuarial de gran magnitud que compromete la sostenibilidad futura del régimen.
Señaló fallas en el control interno, como deficiencias en el manejo de perfiles de usuario y en las bitácoras de solicitudes, lo que dificulta rastrear responsabilidades y detectar errores o eventuales manipulaciones.
Además, los informes técnicos no se utilizan para gestionar riesgos ni generar alertas preventivas, y persiste la falta de atención a recomendaciones de Auditoría Interna. Como ejemplo, en diciembre del 2023 se pagaron ¢25,1 millones en horas extra sin autorización de la Gerencia de Pensiones.
El reporte también identifica debilidades en la evaluación de riesgos operativos, sin mecanismos de reporte, parámetros claros ni seguimiento efectivo. A esto se suma que no se aplican medidas correctivas cuando los indicadores superan los límites establecidos.
En cuanto a la sostenibilidad, la Supén estimó un déficit actuarial de ¢74,6 billones, con una razón de solvencia de 0,5614, lo que implica que cerca del 44% de los beneficios no cuentan con financiamiento para el pago de su pensión futura.
Aunado a ello, advirtió que, pese a las reformas aplicadas, el régimen enfrenta escenarios críticos en el futuro, como el agotamiento de los intereses para pagar pensiones y la necesidad de recurrir a la reserva.
Estados financieros bajo duda
El informe de la Supén también advierte que los estados financieros del IVM están bajo seria duda, ya que, según la auditoría externa de 2022 y los análisis de la Superintendencia, existe una “exposición a potenciales situaciones fraudulentas” y una contabilidad que no refleja fielmente la situación del fondo.
“Con base en el análisis de los resultados de los Estados Financieros Auditados del 2022, se remitió a la Junta Directiva de la CCSS, el oficio SP-725-2024 de julio 2024, solicitando informar las acciones que se implementarán para atender los diferentes hallazgos”, indica el informe.
“O bien, indicar si la Junta Directiva está de acuerdo en asumir la exposición a los riesgos, debido a la exposición a potenciales situaciones fraudulentas y la presentación de información contable que no refleja fielmente la situación financiera del fondo que se menciona en la información financiera auditada”, agrega.
Pese a la gravedad del señalamiento, la entidad sostiene que la Junta Directiva no ha atendido este requerimiento: primero alegó falta de quórum y, posteriormente, el tema no ha figurado entre sus prioridades, aun cuando ya se entregaron los estados financieros auditados de 2023, actualmente en revisión por la Supén.
Recomendaciones de la Supén
Ante estos hallazgos, la Supén recomendó a la Junta Directiva dar seguimiento continuo a la situación financiera y actuarial, aprobar con oportunidad reformas para reducir el gasto e incrementar los ingresos, y fortalecer el gobierno de las inversiones.
También instó a corregir debilidades en la base de datos de créditos, la gestión de cuentas por cobrar y la atención de riesgos en activos y el área actuarial.
Asimismo, pidió ampliar el mapeo de riesgos a todos los procesos, establecer un plan para recuperar cuotas atrasadas y garantizar el pago oportuno del Estado, en coordinación con Auditoría Interna y las áreas operativas para atender los hallazgos de las auditorías externas 2022-2023.
En paralelo, planteó medidas de gobierno corporativo, como evaluar el desempeño e integridad de los miembros directivos, gestionar conflictos de interés y asegurar la idoneidad técnica de la Junta para administrar el régimen.
