Sala IV anula cinco cláusulas de convención colectiva del Banco Popular por considerarlas abusivas
Cláusulas incluían pago de servicios de salud privados, creación de fideicomiso para Centro de Recreación y exoneración de gastos legales en préstamos a empleados
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar los recursos de inconstitucionalidad planteados por la Procuraduría General de la República en contra de la convención colectiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. De esta forma, el órgano anuló cinco cláusulas consideradas abusivas.
Este recurso fue impulsado por la Procuraduría por orden del presidente Carlos Alvarado, el 3 de octubre de 2018. Las cláusulas impugnadas están relacionadas con beneficios en aumentos de cesantías, salario completo en incapacidades, pago de viáticos y transportes a los sindicalistas, entre otros.
Las cinco cláusulas consideradas abusivas fueron:
1. La obligación al Banco Popular de cubrir el total de lo servicios de salud que el trabajador recibiera en un hospital o clínica privada si era incapacitado.
2. La obligación de la entidad de aportar un 0,08% del presupuesto anual de gastos para destinarlo a actividades deportivas, sociales y culturales.
3. La creación del fideicomiso para el Centro de Recreación del personal del Banco Popular.
4. La obligación de la entidad bancaria de otorgar ¢250.000 por gastos fúnebres de cónyuge, hijos e hijas dependientes directos.
5. El beneficio de que los préstamos de los trabajadores con el banco no devengasen comisiones y estuviesen exonerados de los gastos legales y de avalúos, así como cualquier otro gasto similar para la tramitación de créditos con la entidad.
Todas estas cláusulas fueron impulsadas mediante la convención colectiva entre el Banco Popular y su sindicato, el Sindicato del Banco Popular (Sibanpo), la cual fue homologada el 26 de octubre del 2017. La resolución de la Sala Constitucional se puede encontrar bajo el código 2021-24176.
Este nuevo pronunciamiento de la Sala IV fue precedido por la decisión tomada en 2020, cuando se anuló el pago de cesantía de 20 años, al considerarlo inconstitucional.
Periodista den la sección de Política de La Nación desde 2022. Graduado de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica en 2021. Trabajó en verificación de noticias falsas, coberturas de última hora, sucesos e internacionales. Estudiante de Relaciones Públicas. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.
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