La nueva propuesta fiscal, que presentó la semana pasada el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, limita los montos que pueden deducir las empresas de intereses de su utilidad para el cálculo del impuesto sobre la renta.
Este es un tema que mueve las bases contables de muchas empresas pues actualmente no existe límite, solo se debe demostrar que los intereses corresponden a una deuda utilizada en el negocio que generó la utilidad.
La nueva iniciativa, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluye, además del plan para reformar el impuesto sobra la renta, una propuesta para transformar el tributo sobre las ventas en uno de valor agregado, un plan de empleo público que fusiona 5 proyectos que ya están en la Asamblea Legislativa y un proyecto de regla fiscal, el cual limita el crecimiento futuro del gasto.
La anterior propuesta de Ley de Impuesto sobre la Renta que propuso el Poder Ejecutivo (presentada en el 2015) establecía una limitación en este tema de los intereses, pero ligada al capital y deuda de la empresa.
En pocas palabras entre más capital tenía una empresa más podía endeudarse, explicó el abogado Rafael González.
El nuevo plan establece una deducibilidad máxima por gastos financieros netos (lo que se paga menos lo que se recibe por intereses) de un 20% de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Uaiida por sus siglas en español y Ebitda por sus siglas en inglés) por cada período impositivo.
Luis Javier Porras, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, explicó que el Ebitda es un indicador financiero muy utilizado en el mundo de los negocios y lo que pretende es mostrar el resultado “puro” de la empresa. Es muy usado como indicador de la rentabilidad del negocio.
Así por ejemplo, con la nueva propuesta si una compañía tiene gastos por intereses por ¢10 millones y una utilidad Ebitda de ¢20 millones, lo máximo que podría deducir de dicha utilidad para aplicar el impuesto sobre la renta es ¢4 millones (20% sobre la utilidad Ebitda). Por lo tanto, pagaría el tributo sobre ¢16 millones.
Actualmente puede reducir de la utilidad los ¢10 millones pagados por intereses y pagar el tributo sobre ¢10 millones.
¿Por qué el cambio? El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, explicó que esto fue una recomendación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organización a la cual Costa Rica quiere incorporarse.
Rodríguez detalló que, según la OCDE, la propuesta en el proyecto de ley anterior podría ocasionar que las empresas aumentaran su capital por diferentes vías, y por lo tanto su deuda y su cuenta de intereses para pagar menos impuesto sobre la renta.
El 20%, detalló el viceministro, surgió de un estudio que realizaron con los contribuyentes.
“Nosotros hicimos un trabajo de análisis y detectamos que un 80% de las empresas, de los contribuyentes nuestros, más o menos tenían un gasto de alrededor de 20% o menos de gastos financieros”, dijo Rodríguez.
No obstante, este 20% genera dudas entre especialistas.
“Esa es la evolución a la que está yendo la OCDE como organización, lo que uno cuestionaría es si ese 20% como regla general es correcto y razonable, porque va a depender mucho de las actividades”, consideró González.
“Habrá que revisar cuál sería el impacto en la práctica de una u otra metodología. Esta reforma tiene el problema que aplica las mismas reglas de subcapitalización para todas las empresas, y omite las diferentes necesidades de apalancamiento que tienen ciertas industrias”, opinó Porras.
El abogado Adrián Torrealba comentó que este es una de las recomendaciones de la OCDE del plan Beps a nivel mundial y la organización permite hasta un 30%.
El proyecto Beps (que viene de las siglas en inglés de Base Erosion and Profit Shifting ) son reformas al sistema tributario internacional para frenar la elusión fiscal por parte de empresas multinacionales, según des cribe la OCDE en su página web.
Esta modificación es la que generaría un mayor aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta respecto al plan presentado en el 2015.
Se espera que con dicho cambio, la recaudación esperada solo por el tributo de renta suba de un monto equivalente al 0,6% de la producción interna a 0,8% de la producción interna.
Se consultó a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado sobre esta propuesta, pero respondieron que lo estudian en una comisión fiscal.
El IVA. En el caso del impuesto al valor agregado (IVA) la propuesta es transformar el impuesto de ventas actual en un tributo de este tipo.
El IVA es un impuesto que se cobra y se paga en las etapas del proceso productivo.
La tarifa subiría del 13% actual al 15%, un punto por año y al transformarse en un IVA se ampliaría a los servicios, como funciona en los países que lo utilizan.
No obstante, se dejaría una tarifa reducida para algunos bienes y servicios.
Uno de los cambios más importantes de la nueva propuesta respecto a la que había presentado el Poder Ejecutivo en el 2015 es la reducción de 5% a 4% de la tarifa reducida de IVA para servicios utilizados en la producción agrícola, libros, comisiones pagadas a las operadoras, boletos aéreos y compras de empaques y embalajes.
Rodríguez explicó que la reducción surgió de una negociación con el sector privado, el cual pedía una tarifa menor, pero lograron un acuerdo del 4%.
Con la reducción de la tarifa y los otros ajustes que tiene el proyecto del IVA, Rodríguez consideró que el aumento en la recaudación esperada en este tributo (equivalente al 1,33% de la producción) apenas variaría unas centésimas, pero que todavía están en el cálculo.
A la nueva propuesta también se le incluyó un mecanismo de compensación de manera que si existiera un superávit presupuestario, la tarifa del IVA se reduciría en un punto porcentual.
Rodríguez explicó que esta fue una sugerencia del diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís.
El viceministro detalló además que en este tributo el nuevo plan mantiene el sistema de devoluciones a las familias de los cuatro primeros deciles (se dividen los hogares por ingreso en diez grupos y los cuatro primeros son los que tienen menos recursos). No obstante si se llegara a aprobar una tarifa menor al 15%, se tendría que pensar en tres deciles o menos o en un esquema de canasta exenta como el actual.
En el nuevo plan se incluye además un aumento de un punto porcentual en el impuesto selectivo de consumo; no obstante, Rodríguez explicó que había una propuesta anterior en este sentido y por error se incluyó en el último texto, pero posiblemente se eliminará.
El proyecto total, con medidas de ingreso y gasto, pretenden reducir la brecha fiscal, estimada para este año en un monto equivalente al 6,1% de la producción.