El sector arrocero le declaró la guerra a la intención del Gobierno de liberalizar el precio de ese alimento y solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) evaluar y dar continuidad a la fijación del valor, ante las anunciadas intenciones de desregular ese mercado.

Al anunciar su oposición, este jueves 13 de agosto, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) aseguró que productores de todas las zonas arroceras están organizándose para solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado, que desista de liberalizar el precio del grano.

Dicho lineamiento, continuó la organización, además de vulnerar a los agricultores, causaría que el país caiga en una situación de dependencia de excedentes y precios internacionales.

Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), adelantó que para defender al sector se preparan con un equipo técnico integrado por el especialista en comercio exterior Renzo Céspedes, el economista Leiner Vargas y un abogado por contratar

Conarroz dio a conocer también que la liberalización del precio de ese cereal, único producto con valor controlado, pasa por una negociación con productores e industriales del grano.

Las deliberaciones se realizan en una “mesa técnica” instalada desde finales de mayo, dijo Conarroz en su informe.

Esto sucede pese a que el Gobierno tiene la postedad para eliminar, por su cuenta, el decreto de fijación de las cotizaciones al consumidor.

Aunque la ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán) y coordinadora del Consejo Económico, Pilar Garrido, anunció la eventual liberalización de este producto, la semana pasada, indicó que la decisión no se tomará sin “discutirla” con el sector.

Empero, en esa “mesa de diálogo” solo están representados los productores y los industriales del arroz y el Gobierno.

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, aseveró que esa organización no conocía de la existencia de esa mesa de negociaciones y que se dieron cuenta del tema por medio del comunicado de Conarroz.

Lamentó que en las discusiones no estén representados otros sectores interesados en este tema, particularmente los consumidores, y que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) no haya informado de la iniciativa.

Según Ulate, ante el desconocimiento del asunto y frente a las declaraciones dadas por Garrido en un foro de la Universidad LEAD, consultaron a la ministra del MEIC, Victoria Hernández, cuál es el avance en las deliberaciones y decisiones del Gobierno.

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En una nota con fecha del 7 de agosto pasado, Hernández responde a Consumidores de Costa Rica.

“Le informo que las propuestas a las que hace referencia se discuten a nivel del Consejo Económico, el cual es liderado por la ministra Garrido Gonzalo, pero aún no se tiene una propuesta final, ni existe aún un cronograma para la liberalización del precio del arroz”.

“De esta manera, cuando se disponga de una propuesta final sobre las políticas públicas aplicables a los sectores en mención, se comunicarán de manera oportuna para conocimiento de su representada y del público en general”, agregó la ministra del MEIC.

Este último ministerio es el encargado de los temas de precios y de control de mercados en el país. La Nación ha tratado de obtener declaraciones de Hernández sin ningún resultado.

Por su parte, el exviceministro de Comercio Exterior (Comex) y decano de la universidad LEAD, Fernando Ocampo, consideró que la liberalización del precio del arroz es un tema que parece ineludible. “El Gobierno solo tendría que derogar el decreto”, señaló.

“Ante esto, el asunto es conocer qué se está negociando entonces con los arroceros. Si se trata de asistencia y asesoramiento para los pequeños productores, puede ser algo positivo”, declaró Ocampo.

Abrir competencia

El tema del precio del arroz volvió a tomar fuerza luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo aludiera de nuevo en su último Estudio Económico sobre Costa Rica, publicado el 15 de julio pasado.

Ese análisis concluyó que Costa Rica es un país con precios de bienes relativamente altos para los consumidores, así como de los insumos para las empresas, por la baja competencia en el mercado. En ese sentido aludió a productos como el arroz, el café, la leche y el azúcar y a tarifas como las de servicios marítimos.

También se refirió a monopolios del Estado, como los combustibles y la electricidad.

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Frente a este panorama, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) salió en defensa, este 13 de agosto, de lo que denomina el “modelo organizativo” del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, acuícola y pesquero.

La alianza hizo alusión a entidades como El Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), la Conarroz, la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Coporación Ganadera (Corfoga) y las cooperativas agroindustriales).

Ese grupo está, integrado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav).

Mientras tanto, el presidente Aninsa, Eduardo Rojas, aseguró que se preparan debidamente para enfrentar la lucha por el gremio.

Rojas, quien está en la mesa de diálogo con el Gobierno, dijo que presentarán argumentos técnicos basados en los análisis del grupo de asesores que contrataron.

Conarroz, por su parte, enfatizó en su comunicado que la desaparición del sector productivo, permitirá que la demanda del grano en el país quede en manos de los importadores (intermediarios), lo que obviamente es el interés de grupos económicos que, en los últimos años, han participado en la compra de producto internacional para colocarlo en el país.