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Moody’s Ratings externó, este viernes 6 de febrero, una primera lectura del triunfo de Laura Fernández y de las reformas que prevé la calificadora de riesgo para Costa Rica.
La agencia estadounidense considera probable que la nueva administración impulse reformas con impacto crediticio positivo en las áreas de gestión fiscal y financiamiento externo, según el reporte El gobierno de partido único pondrá fin al prolongado estancamiento legislativo, lo que probablemente permitirá avanzar en reformas clave de financiamiento.
De acuerdo con el documento, una propuesta de enmienda constitucional, que otorgaría de forma permanente mayor flexibilidad al Gobierno en materia de financiamiento externo, contribuiría a aliviar los riesgos de liquidez y a respaldar una mayor fortaleza fiscal.
“Las leyes que requieren la aprobación legislativa de los planes de financiamiento externo han limitado la capacidad del Gobierno para administrar su liquidez. Desde 2010, la fragmentación política ha paralizado la formulación de políticas, lo que llevó a un fuerte aumento de la deuda gubernamental hasta 56,4% del PIB en 2019 desde 28,4% en 2010. La reforma fiscal de diciembre de 2018 ayudó a estabilizar la deuda gubernamental por debajo de 59% del PIB en 2025”, agregó Moody’s Ratings.
En la Asamblea Legislativa 2026-2030, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contará con 31 diputados, la bancada legislativa más grande desde 1982.
En setiembre del 2025, la agencia elevó la calificación de riesgo soberano de Costa Rica, pasando de Ba3 a Ba2, con perspectiva estable.
Un país con calificación Ba2 tiene la capacidad para cumplir sus obligaciones financieras, pero mantiene elementos especulativos, por lo que están sujetos a un riesgo de crédito mayor frente al grado de inversión.
Otra reforma que se impulsaría
Según Moody’s, otra reforma que podría tomar impulso con la mayoría en la Asamblea es la propuesta de venta del Banco de Costa Rica (BCR) y su filial panameña, el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), para contribuir a la reducción del déficit fiscal.
Precisamente, la presidenta electa ya externó que intentará vender el BCR, “antes de que quiebre”, para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Tras estas declaraciones, el banco aseveró que es estable, y que cuenta con una de las suficiencias patrimoniales más robustas y una solvencia financiera sólida en el mercado financiero nacional.
La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica (Unebanco), por su parte, afirmó que la venta del BCR “no resolverá ningún problema estructural del Estado ni mucho menos el problema de las pensiones”. Además, consideró que la propuesta de Fernández “es un ataque directo al Estado Social Costarricense”.
