La Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BN), instalada el 28 de mayo por el gobierno de Rodrigo Chaves y separada de sus funciones el 10 de octubre tras un fallo de la Sala IV, ordenó una investigación sobre el proceso de designación de la gerenta general, Rosaysella Ulloa, cuyo costo se estima en ¢10 millones (unos $20.000).
De acuerdo con el informe preliminar al que tuvo acceso La Nación, el documento fue presentado el 14 de octubre y señala que la investigación fue ordenada el 29 de agosto. El análisis estuvo a cargo del bufete BDS Asesores Jurídicos, firma que brinda servicios legales al banco.
El informe, firmado por Ronald Gutiérrez Abarca, fue encargado por la anterior Directiva para determinar si existían vicios o nulidades en el nombramiento de Ulloa el 3 de setiembre de 2024.
La investigación preliminar concluyó que no se pueden evidenciar “elementos o indicios de una nulidad, relativa, absoluta y tampoco una nulidad absoluta, evidente y manifiesta” en el nombramiento de Ulloa.
Además, recomendó al Banco que si lleva a cabo un proceso, se debe tener presente el principio de conservación de los actos administrativos y la protección reforzada de los derechos adquiridos, ya que el nombramiento es un acto firme y declarativo de derechos.
La petición de contratar al bufete externo se aprobó en la sesión extraordinaria 12.768, del 29 de agosto del 2025, y fue declarada confidencial.
“Por votación nominal y unánime se acordó en firme designar a la firma BDS Asesores Jurídicos S.A. en la persona del máster Ronald Gutiérrez Abarca, contratista en la Licitación 2021-LN-00002-000010001 para que lleve a cargo una investigación preliminar sobre el procedimiento seguido para el nombramiento en el puesto de gerente general que recayó en la señora Rosaysella Ulloa Villalobos, con el fin de determinar si existen eventuales nulidades en dicho acto administrativo”, indica el informe.
El 3 de setiembre, cinco días después de ordenarse la pesquisa, el entonces presidente de la Junta, Maximiliano Alvarado, dijo a La Nación que la discusión sobre la permanencia en el cargo de Ulloa no era un tema en agenda.
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El nombramiento del gerente general es por seis años, con posibilidad de reelección, según el artículo 39 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
El 12 de junio, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), mediante el oficio confidencial SGF-1342-2025, indicó que no encontró infracciones en el proceso de nombramiento realizado por los directivos del Banco Nacional, pero estos ya habían sido destituidos tras un procedimiento liderado por el entonces vicepresidente de la República, Stephan Brunner.
Consultado sobre las razones de la investigación pese al criterio de la Sugef, Alvarado confirmó que solicitaron hacer el análisis del proceso de elección de Ulloa, para lo cual usaron los servicios de la firma jurídica externa.
“A esa fecha no conocíamos sobre el informe de la Sugef. Y como lo manifesté en su oportunidad, no teníamos pensado destituir a ningún miembro del cuerpo gerencial. Estábamos, eso sí, en el proceso de evaluación del desempeño integral de su trabajo”, manifestó el exdirectivo a La Nación.
Decisión de investigación no consta en actas
El actual presidente de la Junta Directiva, Marvin Arias, restituido por el fallo de la Sala IV, indicó a este diario que el informe preliminar emitido por BDS Asesores Jurídicos fue revisado en la sesión del martes 28 de octubre.
Arias aseguró que la orden de investigación se realizó en una sesión que no consta en actas, fue privada y declarada confidencial. Además, señaló que el costo ronda los ¢10 millones (alrededor de $20.000) y que la Dirección Jurídica de la entidad evaluará si corresponde que la anterior Directiva pague la factura.
El jerarca agregó que la Junta actual interpeló al bufete sobre el motivo de aceptar el encargo.
“En este caso se reunieron los directores de la anterior Junta Directiva con el bufete y le giraron instrucciones. El bufete nos reconoció que la instrucción inicial era si se podían constituir en órgano director del procedimiento para la destitución de la gerenta, pero ellos indicaron que no se podía porque no se reunían las condiciones para eso”, explicó Arias.
Consultado BDS Asesores Jurídicos sobre si el informe confirmaba la validez del nombramiento y si hubo presiones del Banco, el bufete respondió que no comenta casos particulares por políticas de confidencialidad.
Este jueves 30 de octubre*, la firma indicó que desde el año 2021, la firma fue adjudicada, vía Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), para brindar servicios legales al Banco Nacional; tanto a la administración como a la Junta Directiva.
“Como parte de los servicios requeridos, la Junta Directiva solicitó efectuar una investigación preliminar sobre el nombramiento de la gerenta general de la entidad. Debido al secreto profesional de nuestra labor, no podemos brindar información al respecto”, se informó por escrito.
Arias confirmó que la investigación concluyó que el nombramiento se hizo conforme a la ley. “Todo estaba bien y conforme a lo que establece la ley”, puntualizó.
Las dos Juntas Directivas
La Junta Directiva que ordenó la investigación fue nombrada por el Consejo de Gobierno el 28 de mayo, luego de que este destituyera al anterior directorio en un proceso administrativo encabezado por el vicepresidente Brunner, en medio de la disputa entre Zapote y la cúpula del BN por el nombramiento de Ulloa.
Brunner sustentó la decisión en una supuesta violación al deber de probidad, contemplado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito(N.º 8422), a la Ley Marco de Empleo Público, una presunta violación al reglamento sobre gobierno corporativo y supuestas transgresiones éticas a normas internas del banco.
Acto seguido, el gobierno nombró a una nueva Junta conformada por Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
Sin embargo, el pasado 10 de octubre, la Sala Constitucional restituyó al grupo que había sido cesado por el Poder Ejecutivo, conformado por Marvin Arias Aguilar (presidente), Maricela Alpízar Chacón (vicepresidenta), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza y Rodolfo González Cuadra.
El Banco Nacional es la entidad financiera más grande de Costa Rica. Al mes de setiembre pasado, la institución registró activos por ¢8,66 billones, de los cuales ¢5,3 billones corresponden a préstamos, según la Sugef.
*Nota del editor: Este artículo se actualizó, este jueves 30 de octubre, para incluir una ampliación de la declaración de BDS Asesores Jurídicos.